Como ustedes sabrán, a finales del mes de junio el ejército hondureño perpetró un golpe de Estado, al presentarse en la residencia presidencial y deportar a Costa Rica al presidente del Gobierno, Manuel Zelaya. Los militares, apoyados por la Iglesia y por las capas sociales más altas, actuaron para evitar que se realizase un referendo en el que la población decidiría si quería que en las elecciones de noviembre se añadiese una cuarta urna que permitiera determinar si se debía iniciar una reforma constitucional para que los presidentes venideros tuvieran la oportunidad de postularse como candidatos indefinidamente, tal como sucede en numerosos países, entre ellos España. Pese a las críticas recibidas, el presidente había dejado claro que él no se presentaría una vez hubiese finalizado el mandato para el que fue elegido.
El jefedel Estado Mayor, general Vásquez, que se opuso a esta consulta popular por considerarla incostitucional e ilegal (el Congreso había aprobao una medida para impedir la realización del referendo), fue destituido por el presidente Zelaya, lo que ocasionó que las fuerzas armadas tomaran las calles, con las consecuencias que ahora conocemos. Junto con el presidente, ocho ministros y varios embajadores de países cercanos al presidente (Cuba, Nicaragua y Venezuela) fueron detenidos. A diferencia de otros golpes acaecidos en Latinoamérica, éste ha sido condenado por la comunidad internacional (sí, Estados Unidos también, aunque sea una pura operación de maquillaje y no considere la restitución de Manuel Zelaya una condición fundamental para la resolución del "conflicto").
El ejército, que aseguró que contaba con la bendición del poder judicial, nombró sustituto de Zelaya al hasta entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti. Las movilizaciones populares en apoyo al presidente Zelaya no se hicieron esperar, al igual que la represión del aparato estatal, que asesinó al menos a dos manifestantes, uno de 19 años, el día del frustrado intento del presidente de regresar al país, y que ya ha iniciado las prácticas de censura propias de estos sucesos.
Las últimas noticias sobre la insurrección militar de Honduras hablan de una reunión del presidente de Costa Rica con Zelaya y el golpista de Micheletti para tratar de resolver la situación por la vía diplomática, aunque, a juzgar por las declaraciones del dictador interino, que asegura que la vuelta de Zelaya es imposible, no parece que de estas conversaciones se vaya a sacar nada en claro. En todo caso, lo que me interesa destacar de aquí es el peligroso uso del lenguaje que están haciendo algunos representantes políticos y medios de comunicación.
En este sentido, resulta preocupante el hecho de que se empiece a hablar de "diálogo entre las dos partes", y no de oficialistas y golpistas; de "conflicto", y no de golpe de Estado; de "presidente interino", y no de dictador interino o presidente golpista. Como también resulta preocupante que Hillary Clinton crea que la restitución de Zelaya sea algo que debe dejarse "a decisión de las partes". Sin embargo, no son los políticos quienes están mostrando mayor ambiguedad en este asunto, sino los medios de comunicación, que, además de haber arremetido contra el presidente hondureño los días previos al golpe, han tratado de quitar hierro al asunto y presentarnos este acto antidemocráctico como un golpe "cívico-militar", en palabras del panfleto diario El Mundo.
Por su parte, el periódico derechista El País ha aprovechado la cobertura mediática del acontecimiento para adjudicar a Hugo chávez algún tipo de responsabilidad en el mismo, y así otorgar cierta legitimidad a quienes entienden el golpe como una manera de frenar la intromisión del
chavismo y el comunismo en Honduras. Sin embargo, la condena internacional ha obligado al diario generalista de la multinacional PRISA a rechazar el golpe, no sin una larga lista de matices y soflamas antichavistas. Aunque todos sabemos que la condena de El País es un tanto forzada, no deja de sorprender, sobre todo por su pasado pro-golpista (véase el editorial que dedicaron al golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Golpe/caudillo/elpepiopi/20020413elpepiopi_2/Tes).
Pero dejemos a los PRISA, que, para lo que nos tienen acostumbrados, están manteniendo una posición bastante más moderada. Esta vez tiene mayor interés hablar del primer canal de la monárquica y manipuladora Televisión Española. Sí, de nuevo la televisión que cofinanciamos los contribuyentes ha vuelto a adquirir las prácticas de manipulación mediática de cualquier ente privado. Además de caricaturizar al presidente Zelaya los días en que se preparaba la consulta popular, pretende dar al golpe un carácter cívico mandando a su enviado especial a una manifestación a favor de los militares, mientras asegura a los millones de telespectadores que mucha gente en el país está del lado del "presidente interino".
La verdad es que todo esto resulta bastante surrealista, especialmente que ya no sea necesario que los presidentes de Gobierno representen a una izquierda consecuente para ser objeto de conspiraciones, pues Manuel Zelaya, hombre de clase alta, pertenece al Partido Liberal de Honduras, una fuerza de derechas. Parece que ahora el mero hecho de virar hacia una política socialdemócrata y mantener buenas relaciones con Hugo Chávez es suficiente para recibir los duros golpes de la reacción.
Pese a esto, pienso que los sectores de la izquierda, si bien tienen que condenar de manera clara el golpe, no deben caer en la vieja lógica de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pues ni Zelaya, ni mucho menos su partido representan a la izquierda transformadora que necesita América Latina, o al menos no lo han demostrado. Lo que sí se debe tener en cuenta de todo esto es la decreciente (y por ello preocupoante) lista de requisitos necesaria para considerar a alguien agente del comunismo.
