El derecho de rebelión respalda la sublevación del pueblo, ya sea contra un poder ilegítimo, o contra uno que, pese a tener origen democrático, esté violando los derechos ciudadanos que se comprometió a salvaguardar. Tras el derrocamiento, el pueblo debe instaurar un nuevo gobierno legítimo que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La primera pregunta que esto nos plantea es ¿quién se levanta contra ese poder despótico? La respuesta nos la dará el contexto político; en sistemas absolutistas, autoritarios o totalitarios, lo lógico es que lo hicieran los propios ciudadanos en armas por iniciativa propia.
En sistemas donde el poder se encuentra repartido entre distintos organismos políticos, jurídicos, legislativos, militares, empresariales, bancarios y eclesiásticos (situación más acorde con los tiempos que corren), el levantamiento contra el poder ejecutivo puede ser auspiciado, bien por una suerte de poderes fácticos, bien por apéndices del Estado ajenos al gobierno.
No obstante, cabe la posibilidad de que la rebelión, la desobediencia civil, venga desde abajo, del propio pueblo. Eso sí, ya sea éste el que impulse el movimiento, ya sean otros poderes organizados, es posible que ambas partes actúen bajo cierta influencia de la otra. Aunque lo cierto es que esa “influencia”, cuando viene de arriba abajo, suele ser en forma de manipulación, y cuando es al revés, los poderes fácticos ejecutores de la voluntad popular actúan por intereses distintos de los que dicen defender.
La segunda cuestión es si esas rebeliones, especialmente las que se puedan producir en la actualidad, estarían amparadas por la ley. Obviamente, en la mayoría de los casos, eso es algo muy relativo y que está expuesto a la interesada visión de las partes implicadas. El poder contra el que se atente, normalmente el ejecutivo, adoptará el papel de víctima y asegurará que se está violando la legalidad vigente, mientras que la trinchera rebelde alegará que ese gobierno se había desviado de su papel y que, precisamente para defender la legalidad, la sublevación se hace indispensable.
Y este esquema, en mi opinión, se puede extrapolar a todo tipo de situaciones; desde grandes conflictos nacionales hasta iniciativas ciudadanas que sólo pretenden rebelarse ante una norma o ley concreta, siempre con la presunta certeza de que es el poder quien verdaderamente está faltando a su cometido, bien por no aplicar la ley, bien por aplicar una que atenta contra derechos fundamentales como son la vida o la libertad, con la gran carga de subjetividad que conlleva este último término.
Habrá quien opine que las sociedades “democráticas” ofrecen instrumentos, como la libertad de prensa, de asociación y de huelga, que canalizan los descontentos ciudadanos y permiten invertir situaciones sin necesidad de entrar en conflictos legales. Sin embargo, con estas herramientas tan sólo se puede presionar, persuadir, o a lo sumo crear un clima propicio para que se atente contra el poder establecido, pero ahí ya se entra de nuevo en un cruce de acusaciones legales o morales donde no existe una verdad clara, sino el sesgo ejercido por una o ambas partes.
Por otro lado, la pertinencia del uso de la fuerza para estas empresas está sujeta también a la visión de cada implicado. Unos la verán como una elevación de la brutalidad ejercida contra el orden vigente y otros como necesidad para defender con más eficacia ciertos derechos universales e inalienables.
Por tanto, ante la pregunta de si se podría aplicar el derecho de rebelión en la actualidad, mi respuesta sería que lo pueden ejercer unos cuantos en función de sus criterios o intereses, pero nunca como un concepto puro y verdadero al estilo platónico. Por esta razón, intentar buscar ejemplos concretos en nuestra historia actual es más interesante que perderse en disquisiciones teóricas e idealistas.
Podemos empezar hablando del golpe de Estado contra el gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Unos lo vieron como una respuesta furiosa de la burguesía chilena y estadounidense ante las reformas económicas del Gobierno (nacionalizaciones, en especial la del cobre, programas sociales, control de precios…), en la que estuvieron implicadas ciertas multinacionales estadounidenses; políticos del vecino del norte; la escuela económica de Chicago, con Friedman y Harberger a la cabeza; el terrorista Pinochet y los militares, las oligarquías autóctonas y la iglesia.
Otros, por su parte, aseguraron que era una maniobra necesaria para salvar a Chile de las garras del comunismo.
Otro ejemplo es el golpe militar fallido que realizó Hugo Chávez en 1992 para, según él, acabar con la “corruptocracia”. El actual presidente alegó que el gobierno de entonces se había vuelto ilegítimo por sus actos y era necesario derrocarlo. Lo mismo debieron pensar quienes se lo dieron a él diez años después.
Para justificar o condenar tales acciones se debe hacer un análisis complejo de la situación, como debió de hacer el periódico El País, que siempre ha reprochado al líder venezolano su intentona golpista y, sin embargo, vio con ojos bien distintos el que cometieron contra él en 2002, a juzgar por el editorial que le dedicaron.
Algo parecido está ocurriendo en Honduras. El presidente democrático, Manuel Zelaya, dejó de serlo para algunos porque quiso convocar un referendo para preguntar a los ciudadanos si quería que se colocara una urna más en las próximas elecciones para que votaran si estaban de acuerdo con que se reformara la constitución, y los presidentes (no él exclusivamente) pudieran ser reelegidos indefinidamente, tal como sucede en 17 países de la Unión Europea, entre ellos el nuestro.
El ejército, con el apoyo expreso de la iglesia (o al menos parte de ella) y por petición de otras instituciones del Estado, echó al presidente del país a punta de bayoneta. Los golpistas aseguran haber evitado que un líder como Zelaya, (burgués arrepentido y perteneciente a un partido de derechas) vendido al chavismo y al comunismo, destruya la democracia hondureña. Otros apuntan a que determinadas políticas del mandatario, como la del salario mínimo, han irritado al empresariado, posible impulsor del golpe. Ésta es también otra situación compleja de analizar, a juzgar por la ambigüedad con que la han tratado algunos medios. Otros directamente no han ocultado su simpatía por el nuevo gobierno.
Éstos son algunos ejemplos de grandes conflictos en los que se ha debatido intensamente sobre el derecho del gobernante a permanecer donde está y el de los gobernados a rebelarse. Pero en situaciones mucho más cotidianas podemos encontrarnos con problemas que tienen la misma raíz.
Un ejemplo lo encontramos en determinadas acciones realizadas en el seno de las movilizaciones estudiantiles contra los planes de Bolonia, como pueden ser los encierros, la toma de facultades, o la continuación de manifestaciones una vez terminado su itinerario. Estos actos son desacatos a la autoridad por considerarla reaccionaria y ajena a los intereses de ciertos colectivos.
Pero también ocurre esto cuando unos trabajadores defienden sus derechos con el uso de la fuerza, o cuando en Francia retienen durante horas o días a algún empresario, o cuando un grupo de personas que dice representar los intereses de un sector de la población se constituye en banda armada ¿quiénes tienen la legitimidad; los que se rebelan ante lo que consideran un atentado a sus derechos o los que gobiernan amparándose en una constitución, un plebiscito o una determinada ley?
Intentar evitar estos problemas o construir teóricamente una receta que se pueda aplicar en todos los casos es un absurdo mayúsculo. Mientras haya un sistema en el que se desarrollen tales antagonismos de clase, este tipo de conflictos deberán verse como algo natural, inherente a las propias relaciones de producción, idiosincrásico a las propias estructuras jerárquicas.
La primera pregunta que esto nos plantea es ¿quién se levanta contra ese poder despótico? La respuesta nos la dará el contexto político; en sistemas absolutistas, autoritarios o totalitarios, lo lógico es que lo hicieran los propios ciudadanos en armas por iniciativa propia.
En sistemas donde el poder se encuentra repartido entre distintos organismos políticos, jurídicos, legislativos, militares, empresariales, bancarios y eclesiásticos (situación más acorde con los tiempos que corren), el levantamiento contra el poder ejecutivo puede ser auspiciado, bien por una suerte de poderes fácticos, bien por apéndices del Estado ajenos al gobierno.
No obstante, cabe la posibilidad de que la rebelión, la desobediencia civil, venga desde abajo, del propio pueblo. Eso sí, ya sea éste el que impulse el movimiento, ya sean otros poderes organizados, es posible que ambas partes actúen bajo cierta influencia de la otra. Aunque lo cierto es que esa “influencia”, cuando viene de arriba abajo, suele ser en forma de manipulación, y cuando es al revés, los poderes fácticos ejecutores de la voluntad popular actúan por intereses distintos de los que dicen defender.
La segunda cuestión es si esas rebeliones, especialmente las que se puedan producir en la actualidad, estarían amparadas por la ley. Obviamente, en la mayoría de los casos, eso es algo muy relativo y que está expuesto a la interesada visión de las partes implicadas. El poder contra el que se atente, normalmente el ejecutivo, adoptará el papel de víctima y asegurará que se está violando la legalidad vigente, mientras que la trinchera rebelde alegará que ese gobierno se había desviado de su papel y que, precisamente para defender la legalidad, la sublevación se hace indispensable.
Y este esquema, en mi opinión, se puede extrapolar a todo tipo de situaciones; desde grandes conflictos nacionales hasta iniciativas ciudadanas que sólo pretenden rebelarse ante una norma o ley concreta, siempre con la presunta certeza de que es el poder quien verdaderamente está faltando a su cometido, bien por no aplicar la ley, bien por aplicar una que atenta contra derechos fundamentales como son la vida o la libertad, con la gran carga de subjetividad que conlleva este último término.
Habrá quien opine que las sociedades “democráticas” ofrecen instrumentos, como la libertad de prensa, de asociación y de huelga, que canalizan los descontentos ciudadanos y permiten invertir situaciones sin necesidad de entrar en conflictos legales. Sin embargo, con estas herramientas tan sólo se puede presionar, persuadir, o a lo sumo crear un clima propicio para que se atente contra el poder establecido, pero ahí ya se entra de nuevo en un cruce de acusaciones legales o morales donde no existe una verdad clara, sino el sesgo ejercido por una o ambas partes.
Por otro lado, la pertinencia del uso de la fuerza para estas empresas está sujeta también a la visión de cada implicado. Unos la verán como una elevación de la brutalidad ejercida contra el orden vigente y otros como necesidad para defender con más eficacia ciertos derechos universales e inalienables.
Por tanto, ante la pregunta de si se podría aplicar el derecho de rebelión en la actualidad, mi respuesta sería que lo pueden ejercer unos cuantos en función de sus criterios o intereses, pero nunca como un concepto puro y verdadero al estilo platónico. Por esta razón, intentar buscar ejemplos concretos en nuestra historia actual es más interesante que perderse en disquisiciones teóricas e idealistas.
Podemos empezar hablando del golpe de Estado contra el gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Unos lo vieron como una respuesta furiosa de la burguesía chilena y estadounidense ante las reformas económicas del Gobierno (nacionalizaciones, en especial la del cobre, programas sociales, control de precios…), en la que estuvieron implicadas ciertas multinacionales estadounidenses; políticos del vecino del norte; la escuela económica de Chicago, con Friedman y Harberger a la cabeza; el terrorista Pinochet y los militares, las oligarquías autóctonas y la iglesia.
Otros, por su parte, aseguraron que era una maniobra necesaria para salvar a Chile de las garras del comunismo.
Otro ejemplo es el golpe militar fallido que realizó Hugo Chávez en 1992 para, según él, acabar con la “corruptocracia”. El actual presidente alegó que el gobierno de entonces se había vuelto ilegítimo por sus actos y era necesario derrocarlo. Lo mismo debieron pensar quienes se lo dieron a él diez años después.
Para justificar o condenar tales acciones se debe hacer un análisis complejo de la situación, como debió de hacer el periódico El País, que siempre ha reprochado al líder venezolano su intentona golpista y, sin embargo, vio con ojos bien distintos el que cometieron contra él en 2002, a juzgar por el editorial que le dedicaron.
Algo parecido está ocurriendo en Honduras. El presidente democrático, Manuel Zelaya, dejó de serlo para algunos porque quiso convocar un referendo para preguntar a los ciudadanos si quería que se colocara una urna más en las próximas elecciones para que votaran si estaban de acuerdo con que se reformara la constitución, y los presidentes (no él exclusivamente) pudieran ser reelegidos indefinidamente, tal como sucede en 17 países de la Unión Europea, entre ellos el nuestro.
El ejército, con el apoyo expreso de la iglesia (o al menos parte de ella) y por petición de otras instituciones del Estado, echó al presidente del país a punta de bayoneta. Los golpistas aseguran haber evitado que un líder como Zelaya, (burgués arrepentido y perteneciente a un partido de derechas) vendido al chavismo y al comunismo, destruya la democracia hondureña. Otros apuntan a que determinadas políticas del mandatario, como la del salario mínimo, han irritado al empresariado, posible impulsor del golpe. Ésta es también otra situación compleja de analizar, a juzgar por la ambigüedad con que la han tratado algunos medios. Otros directamente no han ocultado su simpatía por el nuevo gobierno.
Éstos son algunos ejemplos de grandes conflictos en los que se ha debatido intensamente sobre el derecho del gobernante a permanecer donde está y el de los gobernados a rebelarse. Pero en situaciones mucho más cotidianas podemos encontrarnos con problemas que tienen la misma raíz.
Un ejemplo lo encontramos en determinadas acciones realizadas en el seno de las movilizaciones estudiantiles contra los planes de Bolonia, como pueden ser los encierros, la toma de facultades, o la continuación de manifestaciones una vez terminado su itinerario. Estos actos son desacatos a la autoridad por considerarla reaccionaria y ajena a los intereses de ciertos colectivos.
Pero también ocurre esto cuando unos trabajadores defienden sus derechos con el uso de la fuerza, o cuando en Francia retienen durante horas o días a algún empresario, o cuando un grupo de personas que dice representar los intereses de un sector de la población se constituye en banda armada ¿quiénes tienen la legitimidad; los que se rebelan ante lo que consideran un atentado a sus derechos o los que gobiernan amparándose en una constitución, un plebiscito o una determinada ley?
Intentar evitar estos problemas o construir teóricamente una receta que se pueda aplicar en todos los casos es un absurdo mayúsculo. Mientras haya un sistema en el que se desarrollen tales antagonismos de clase, este tipo de conflictos deberán verse como algo natural, inherente a las propias relaciones de producción, idiosincrásico a las propias estructuras jerárquicas.
