Es el machismo, estúpido

Varias mujeres han muerto asesinadas a manos de sus maridos en las últimas semanas. Los hechos han tenido cierto eco en los medios de comunicación, aunque el tratamiento recibido, como sucede casi de forma normativa, ha brillado por su falta de profundidad. Existen muchas maneras de evitar atajar un asunto desde la raíz, y una de ellas es no llamar a las cosas por su nombre. Más allá de lo que podría parecer un baldío debate nominal, existen razones de fondo para librar una batalla en este terreno; y es que, con mayor frecuencia de lo que pensamos, los matices en el habla trasforman radicalmente el sentido de las cosas y denotan un sesgo analítico en quien se expresa.
Así, detrás de expresiones aparentemente inocentes como “violencia de género” o la más estrambótica aún “violencia doméstica” –que viene a ser algo así como la violencia de estar por casa-, se esconde la ocultación de una realidad, de una violencia global que da origen a violencias individualizadas, pero no independientes. Esa realidad es el patriarcado, cuyas consecuencias constituyen el machismo estructural.
Dicho de otra manera: la existencia de una sociedad patriarcal con arraigadas conductas machistas que delimitan -aún en el siglo XXI y a menudo bajo la inconsciencia colectiva- los roles sociales en función del sexo y que minusvalora a las mujeres es la causa por la cual se producen agresiones físicas y psicológicas sobre ellas. Por tanto, sólo cabe un término legítimo para referirnos a esta realidad y no puede ser otro que el de violencia machista.
A lo largo de la historia han sido los hombres quienes se han erigido como la autoridad social competente, de forma que el papel de la mujer ha quedado relegado y subordinado a los intereses del varón. Eso es el patriarcado, un modelo social que constituye en sí una forma de violencia, de violencia estructural.
En nuestra era contemporánea las consecuencias de ese modelo y esa institucionalización de valores se manifiestan de diferentes maneras y con distintos niveles. Una de las más extremas es la agresión física o psicológica que ejerce de forma constante el hombre sobre la mujer, ya sea en el seno del hogar, en el trabajo o en cualquier otro ámbito; pero no es la única, hay otras, como las diferencias salariales, la feminización de la pobreza, la concepción de la mujer como un objeto sexual como respuesta a las necesidades de márquetin y consumo, el papel de sospechosa permanente en el mundo laboral por el mero hecho de poder quedarse embarazada o la atribución de actividades domésticas al sexo femenino, cosa que sucede todavía incluso entre las nuevas generaciones.
Todo ello, pero especialmente la agresión física en los hogares, forma parte de un todo, de un modelo social que, mediante un proceso de interiorización de valores, da pie a que se produzcan todas estas experiencias de violencias particulares y subjetivas. Las agresiones y asesinatos de mujeres por parte de sus parejas no pueden interpretarse, pues, como una fatalidad producida por el azar, por el desequilibrio mental de un determinado señor aislado del mundo. Son, por el contrario, fruto de años y años de asimilación de unos valores machistas que todavía no hemos logrado eliminar del todo y que, aunque con menos intensidad que en épocas pasadas, seguimos incluso reproduciendo.

El Gobierno de Madrid concede la gestión de dos escuelas infantiles de Getafe a empresas sin experiencia en educación

La reducción de costes económicos de la Administración guía la política de Aguirre en educación infantil

Reportaje de investigación realizado por Félix Povedano Mínguez y Darío Mostaza Nistal

La Comunidad de Madrid adjudicó la gestión de dos escuelas infantiles públicas de Getafe –Arte y Casiopea- a una empresa ajena al sector de la educación –Clece-, en detrimento de las cooperativas de profesores que las habían estado gestionando hasta junio de 2010, momento en que salieron a concurso.
Desde 2005, la Comunidad de Madrid fomentaba dos tipos de gestión: la directa y la indirecta, esta última encargada a cooperativas educativas sin ánimo de lucro. Sin embargo, el 6 de marzo de 2008 se aprobó que todo tipo de empresas pudieran optar a gestionar una escuela, aunque no tuviesen experiencia alguna en educación. A partir de ese momento, la gestión directa, e indirecta mediante cooperativa, de estos centros ha ido perdiendo terreno en favor de las grandes empresas. Esto ha sido posible gracias a los nuevos criterios que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció para los concursos de adjudicación. En estos concursos se valoran tres apartados: proyecto educativo, descuento económico y aumento del personal. Hasta marzo de 2008, en los criterios del concurso primaban los valores educativos. La Administración otorgaba a la entidad gestora un dinero fijo para realizar su labor. Después, el Gobierno autonómico sacó unos nuevos pliegos en los que permitía que los concursantes pudieran hacer una rebaja sobre el dinero que se les diese; es decir, la Comunidad provee de un dinero a los aspirantes a gestores, éstos pueden proponer que les pague menos; y a mayor descuento, mayor puntuación.
Así las cosas, los concursos pasan a tener en cuenta tres factores con una puntuación distinta cada uno: el proyecto educativo, con un 45% del valor final de la nota; el descuento económico, con otro 45%; y el aumento de personal que prometiera cada empresa o cooperativa, con un 10% del valor total. A esto hay que añadirle que el ganador de la parte económica se lleva automáticamente los 45 puntos, mientras que la puntuación de los que han quedado por detrás no es proporcional (el que queda último en ese apartado sólo opta a llevarse 10 puntos).
De esta manera, pueden darse situaciones como las experimentadas por estas cooperativas de profesores, que sacaron mayor puntuación en proyecto educativo y aumento de personal que sus respectivos competidores, pero se quedaron sin la adjudicación porque las otras empresas concursantes ofrecieron un descuento económico mayor a la Administración. Concretamente, la empresa de servicios Clece, perteneciente a la constructora de Florentino Pérez, ACS, consiguió la adjudicación de la gestión de la escuela Arte con los siguientes resultados: 9,3 sobre 45 en la parte educativa; 45, la máxima calificación, en el apartado económico; y 7,5 sobre 10 en personal, lo que se traducía en la contratación de tres trabajadores más. Por su parte, la cooperativa que había gestionado el centro hasta entonces obtuvo 35 puntos en el proyecto educativo; 8,91 en el descuento económico y 10 en la sección de personal, lo que implicaba contratar a cuatro empleados adicionales, uno más que los propuestos por Clece, quien también consiguió la gestión de la escuela infantil de Getafe Casiopea.
Por su parte, la escuela Marta Mata, también del municipio madrileño, fue adjudicada a Kidsco, una empresa que sí tiene experiencia en educación -privada-. Sin embargo, no fue su proyecto educativo lo que la hizo ganar (sacó sólo 19 puntos de 45), sino “el descuento económico que ofreció a la Administración y que le valió la máxima puntuación en ese apartado”, como denuncia la educadora y cooperativista Mercedes Garzón, anterior directora de ese mismo centro y creadora de la Junta de Portavoces, una asociación de Madrid pionera en la defensa de la educación pública que funciona desde hace diez años. Y es que, el proyecto educativo que ella presentó junto con sus compañeras de cooperativa obtuvo 42,5 puntos, el mejor resultado. Aun así, se quedaron fuera.
Evidentemente, esa rebaja monetaria que los adjudicatarios hacen a la Administración conlleva una reducción de costes. Ante esto, la nueva directora de Arte, Charo Villalón, alega que “empresas grandes como Clece, al gestionar muchas escuelas, tienen muchos niños y optan a precios más ventajosos que una pequeña cooperativa a la hora, por ejemplo, de comprar los alimentos para el comedor”. Sin embargo, una de las excooperativistas de Arte, Mayte Badía, así como Mercedes Garzón, asegura que el 75 o el 80% de los costes que se tienen están relacionados con los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que resulta mínima la incidencia de los costes del comedor en el coste total. Así, las grandes empresas consiguen reducir costes -y, por consiguiente, ofrecer mejores descuentos en el concurso- a base de contratar menos empleados y pagarles peores sueldos que los que ofrecen las cooperativas de profesores. “Propusieron quedarse a las trabajadoras, pero con un sueldo de 850 euros brutos, cuando nosotros estábamos pagando 1400. Además, la disponibilidad y movilidad de horarios y centros que imponen a los empleados es muy flexible; un día puedes estar en un centro, y al siguiente en otro distinto”, explica la exdirectora de la escuela infantil Marta Mata.
En esta misma línea se expresa también la exeducadora de Arte: “Estas empresas hacen contratos de prácticas y los alargan, hasta que la ley les permite, para no tener que hacerlas [a las trabajadoras] indefinidas. Tú puedes pagarles el sueldo base, pero siempre lo hemos mejorado porque queremos que se formen y que se impliquen en la escuela. Además, el dinero que nos proveía la Comunidad
daba para pagarles más”. Asimismo, admite que algunas empleadas aceptaron trabajar para Clece. “A veces la gente tiene que agarrarse a lo que hay para seguir trabajando”, sentencia.
Con todo, las dos educadoras reconocen que al final las cooperativas se ven obligadas a reducir costes para poder competir en los concursos. Por ejemplo, Mercedes Garzón, o Michi, como cariñosamente era conocida por los padres y madres de Marta Mata, explica que tenían pensado “contratar directamente a la gente de limpieza y reducir el apoyo de cinco a cuatro personas”. Badía, por su parte, cuenta que su cooperativa ya tuvo que reducir costes, no sólo por el concurso, sino porque el Gobierno había ajustado el presupuesto. “Suprimimos los proveedores y empezamos a ir nosotras mismas a comprar la comida al Hiper Usera con una furgoneta. Las cooperativistas nos bajamos el sueldo -el de las trabajadoras contratadas se respetó-, y los padres empezaron a llevarse las sábanas y los babis a casa para lavarlos”, relata.
Esta situación de las escuelas infantiles que se está viviendo en la localidad de Getafe es también común para el resto de poblaciones del sur de Madrid, como afirma la Coordinadora de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe, Pilar Domingo García. “Otros ayuntamientos, como los de Alcorcón o Fuenlabrada, se han negado a esa reducción de costes pero no les ha quedado otro remedio que aceptar la medida de Esperanza Aguirre. El único ayuntamiento que se ha mantenido firme es el de Leganés, que ha decido sacar una de sus escuelas fuera de la gestión de la Comunidad de Madrid porque no aceptaba que saliese a concurso con unos criterios que considera ‘economicistas’. La respuesta del Gobierno de Aguirre fue cortarles la financiación, por lo que ahora “el Ayuntamiento es el único ente que sufraga la escuela”, según confirma Michi Garzón.
Al margen de los criterios que aplica el Gobierno de Esperanza Aguirre a los concursos de adjudicaciones, las cooperativistas denuncian otras políticas que también “han degradado y degradan la calidad de la educación infantil pública”. Se refieren a la denominada Orden de Mínimos, que modificaba algunos aspectos de la legislación entonces vigente. Esa nueva norma, aprobada por decreto el 28 de agosto de 2008, estableció una subida del ratio por aula. En un aula con niños de 1 a 2 años, se subía en un niño el máximo permitido. El aulas de 2 a 3 años, el aumento era de cuatro niños. Así, en el primer caso quedaba un tope de trece alumnos, mientras que en el segundo, el nuevo límite ascendía a veinte. Las aulas de los bebés se dejaron en 8. Automáticamente, esto obligó al Gobierno a reducir los metros cuadrados correspondientes a cada niño, para así no tener que hacer ampliaciones de espacio.
Paralelamente a esta nueva normativa, el Gobierno de Aguirre subió el precio de las cuotas que pagan las familias por sus hijos. El cambio más controvertido fue la supresión de la “cuota cero”, para familias con menos recursos, que fue sustituida por un mínimo de 45 euros. “Con esta otra medida de ahorro, muchas familias se dieron de baja por no poder pagarlo”, explica Badía.

El primer Foro de la Escuela Pública de Móstoles clama contra los recortes y el neoliberalismo

El primer Foro de la Escuela Pública de Móstoles manifestó ayer, en el centro cívico Casa de la Cultura, su oposición a los recortes en Educación y a las “políticas neoliberales”. El acto, que fue organizado por docentes del municipio y al que asistieron unas 60 personas, gozó de especial atractivo por desarrollarse en el centro cultural más importante y antiguo de Móstoles y congregar a distintas sensibilidades y movimientos sociales; como activistas por la sanidad pública, profesores de todos los sectores o miembros de la Asamblea Popular del 15-M, quienes mostraron en sus respectivas intervenciones su preocupación por el actual “desmantelamiento del Estado del bienestar”.

Durante las más de dos horas que duró el foro, representantes de todos los sectores de la educación -infantil, primaria, secundaria, formación profesional, universidad, familias y alumnado- expusieron su visión sobre la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Todas las intervenciones estuvieron marcadas por una crítica a los recortes que está acometiendo el Gobierno de Esperanza Aguirre y a “la mala situación en la que está dejando a la educación pública”.

En esta línea, el portavoz de profesores de las asambleas de Aranjuez, Rafa Paz, acusa a la consejera de Educación, Lucía Figar, de querer “convertir la escuela pública en un gueto” y aporta algunos datos para sostenerlo: “Existen en los institutos aulas con 33 alumnos, e incluso 39 en Bachillerato, cuando la capacidad es de 25. Además, se han suprimido desdobles hasta de matemáticas y Lengua y se dan 90 millones de euros a las escuelas privada y concertada, en concepto de deducciones fiscales, mientras se recorta en la pública”.

La representante en el Foro de Primaria e Infantil, Milagros Álvarez, se expresa en sentido parecido: “Antes me cogían niños de Infantil la profesora de Pedagogía Terapéutica y la de Audición y Lenguaje; ahora le piden a la tutora que se haga cargo del trabajo de estas dos especialistas, por lo que se dan situaciones como que una profesora no experta tenga que enseñarle castellano a niños chinos que sólo conocen su idioma”. Álvarez compara esto con el caso de un niño español que ahora estudia en Finlandia: “El niño estuvo con un profesor particular que le enseñaba finlandés y que le acompañaba durante las clases con el resto de sus compañeros. Eso, aparte de sus clase particulares de finlandés y de la ayuda que pudiera prestarle por su parte el tutor”. Puede parecer éste un ejemplo lejano, pero la comparación con Finlandia en materia educativa es bastante frecuente, pues es uno de los países con mejor sistema educativo (prácticamente público en su totalidad)), según los informes PISA.

Elogios a la LOGSE

No fue ésta la única comparación. Varios ponentes hicieron un reconocimiento a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Según la Directora del instituto Europa de Móstoles y miembro del Foro, Rosa Cano, esta ley, que siempre ha estado “muy denostada”, fue positiva porque “introdujo el concepto de escuela inclusiva y consagró la edad mínima de permanencia en los 16 años”. Ahora, “este modelo de escuela está en peligro en la Comunidad de Madrid”, sentencia.

De igual manera se pronuncia la creadora de la Junta de Portavoces (organización defensora de la educación pública) y trabajadora de escuelas infantiles, Michi Garzón, quien explica que “la LOGSE admitió que la primera etapa de una persona también tenía que estar dentro del sistema educativo”. No obstante, esta ley reconoció la educación privada, la concertada y la enseñanza religiosa en las escuelas, aspectos que chocan con el discurso y las reivindicaciones vertidas tanto en el Foro como en las recientes movilizaciones contra los recortes en la educación pública.

El sector de la Formación Profesional (FP) también tuvo espacio en el debate. Su representante en el acto, Eva Pérez, considera que se necesita impulsar la FP, pues “hay muy poca formación media”. Asimismo, y sin salirse de la línea de sus compañeros, denuncia “recortes en plantilla, sobrecarga de trabajo, ausencia de dotación y de facilidades para que los profesores se reciclen y, sobre todo, falta de plazas”. Pérez asegura que, “en Móstoles, pese a que hay un ciclo con 200 personas en lista de espera, no se abren ciclos nuevos; lo que sí reciben quienes están en lista de espera son llamadas de universidades privadas que ofrecen esos servicios”.

Con toda la polémica del conflicto educativo en Secundaria y, en menor medida, Primaria e Infantil, la universidad parece algo desplazada de la agenda pública. Sin embargo, ello no impidió que se abordaran sus problemas durante el acto. Es más, el representante de este sector en el foro, el estudiante Miguel Diéguez, considera que es de vital importancia contar “mercantilización” que está sufriendo la educación superior y denuncia las consecuencias que están teniendo el Plan Bolonia y la Estrategia Universitaria 2015. Según explica, “el rector será elegido a dedo por el Consejo social y su figura quedará reducida a la de un mero gestor”. Asimismo, critica el nuevo modelo de becas, según el cual, “las becas tal cual las conocemos serán sólo el 5% del total”. El otro 95% serán becas-préstamo (ahora con intereses, a diferencia de lo que se planteaba con Bolonia) o becas salario, cuya cuantía máxima será de 6500 euros al año -esta cantidad sólo disponible para familias con un mínimo de cuatro miembros y con ingresos totales de menos de 1300 euros mensuales-, motivo por el que Diéguez denomina a esta prestación “beca-limosna”.

El acto abordó mayoritariamente asuntos educativos, pero no fueron los únicos. La sanidad, las reformas laborales e incluso el papel del 15-M también gozaron de varios minutos en el debate; unas veces por la propia iniciativa del público, plagado de activistas sociales, y otras, a modo de réplica, como sucedió cuando Miguel Diéguez llamó a ir “a las barricadas” y criticó, al mismo tiempo y “a modo de autocrítica”, “el buenrollismo y pacifismo del 15-M”. Antes de que acabara ya estaban algunos miembros de la Asamblea Popular con la mano levantada para pedir la réplica “por alusiones”. Después de un par de intervenciones de autopromoción del 15-M, el estudiante contestó que había sido sólo una reflexión y que si él “no creyera en el movimiento, no participaría en él”.

También se tocaron brevemente otros asuntos, como la “calidad de la educación en la Unión Soviética” o “la falta de ideología y conciencia de clase en el sistema educativo español”, algo necesario para contrarrestar la presencia de la “ideología dominante” en las aulas.

Hacia lo alternativo

Amaral es un grupo musical que siempre ha nadado entre dos mares: el del pop-rock alternativo y el de la comercialidad de las radiofórmulas. Con este disco, Eva y Juan inclinan la balanza claramente hacia el primero. Puede decirse, incluso, que hacen una purga con su público, siempre caracterizado por la heterogeneidad. Quienes busquen en este disco grandes hits comerciales o estribillos pegadizos se llevarán probablemente una decepción.

Ya se advertía en su anterior trabajo -Gato negro, dragón rojo- mayor refinamiento y madurez en algunas de las composiciones, aunque otras tantas mantenían ese carácter que las hace parecer hechas para sonar en radio y galas televisivas. Con Hacia lo salvaje esto no sucede; prácticamente no hay ninguna canción de la que se pueda extraer un estribillo fácil. El sonido es más rockero; las guitarras eléctricas, sin salirse del género estrictamente Amaral, cobran un protagonismo hasta ahora inédito; las letras, serias, sin frivolidades; el tono del álbum, sobrio, ayudado por un compendio letras-música bastante coordinado en lo que ha transmisión de sensaciones se refiere; la voz de Eva, poderosa.

Si se repasan los temas, puede comprobarse que este nuevo sonido, más potente, quizás algo más duro, no ha llevado consigo un aumento de velocidad en los ritmos; es más, abundan los medios tiempos y las canciones lentas. Por tanto, no es a la velocidad a lo que nos referimos cuando decimos que Amaral ha presentado un disco más rockero, sino al sonido en su sentido más estricto.

Así las cosas, vale la pena hacer unos breves apuntes sobre algunas de las canciones.

Del primer corte, Hacia lo salvaje, se puede destacar el poderío de la voz de Eva y el dinamismo sonoro del estribillo. Otras remarcables son Si las calles pudieran hablar (con una letra desgarradora), Riazor, Ruleta rusa, Robin Hood y la que puede considerarse joya de la corona: Antártida, que presenta una potencia y un dinamismo tremendos durante los más de cuatro minutos que dura, lo que probablemente pueda verse con una dimensión aún mayor en el directo.

Existe una edición que acompaña el disco con otro en acústico. La verdad es que resulta siempre interesante escuchar las canciones en este formato, sobre todo porque se muestran más íntimas y se aprecia la composición con toda su crudeza, pero esta vez, el disco es tan sumamente bueno que, en la mayoría de los casos, la versión acústica pierde respecto a la eléctrica. Ocurre así con Antártida. Ya he dicho que es la joya de la corona, pero quiero decirlo otra vez. Escúchenla. Escuchen el disco entero; en una sociedad mediocre no es fácil encontrar espacios de genialidad como el que nos ofrece el dúo zaragozano.

Ajuste de cuentas

Todo está perdonado
Rafael Reig
Tusquets. Barcelona. 2011. 367 páginas. 19 euros

Rafael Reig quería ajustar cuentas con el proceso de la Transición española y decidió hacerlo a través de una novela policiaca. Por esta razón, la narrativa ágil, rigurosa en la forma, abundante en surrealismo, costumbrista e irónica de Todo está perdonado no se presenta como un fin en sí mismo, sino más bien como un vehículo que pretende elevarnos a un estadio superior: el mensaje. Es lo que ocurre con las novelas de contenido político, y ésta lo es.
Desde el inicio, el autor asturiano deslinda un relato plagado de pasajes sobre el proceso de la Transición española y la dictadura franquista, así como de referencias a aquellas élites “que ganaron la guerra y procuraron por todos los medios que sus hijos ganaran también la paz”, como se denuncia insistentemente en el libro. Sin duda, es ésta una de las más lúcidas críticas a un proceso que pudo constituirse como ruptura y se quedó en una transición manifiestamente inacabada. Contra los ganadores de entonces y, especialmente, contra la “inapelable” versión oficial que se ha mantenido de aquello en la sociedad española van dirigidos los ataques de Reig, quien, en contradicción con el título de la novela, no parece dispuesto a perdonar.
De forma paralela al mensaje de la obra, y como soporte del mismo, encontramos una historia policiaca situada en Madrid, durante la Eurocopa de fútbol de 2008, que supuso el triunfo de la Selección española. El argumento sitúa al lector en el asesinato de Laura Gamazo, hija del exitoso empresario Perico Gamazo, quien, para resolver el caso, contrata al detective Carlos Clot, personaje utilizado por Reig con anterioridad, y al agente de inteligencia retirado Antonio Menéndez Vigil, protegido suyo y narrador de la obra. Antonio Menéndez es una especie de narrador omnisciente que habla en primera y tercera persona y que forma parte de la historia, aunque desde un plano algo apartado. En la página 308, él mismo hace una breve referencia a su situación como narrador.
Los capítulos se corresponden con las fases de la competición deportiva, algo que puede entenderse como una excentricidad si se tiene en cuenta que el autor, según reconoce, jamás ha visto un partido entero. Aunque más que una extravagancia de Reig, lo que supone el trasfondo futbolístico de la obra es un refuerzo de la crítica a esa sociedad “de clases medias”, tan encantada de haberse conocido, surgida en los inicios de un sistema democrático contra el que Reig arremete por considerarlo limitado y pobre.
Sin embargo, esta utilización del fútbol como hilo conductor, pese a resultar a veces muy oportuna y original, otras se hace cansina y aparece un poco forzada, tanto por la mera introducción del tema, que a menudo se percibe como innecesaria, como por las expresiones futbolísticas de los personajes, en ocasiones artificiales y exageradas. Aunque realmente no se sabe muy bien cuándo ello es fruto del aprendizaje acelerado de la materia que ha tenido que emprender el autor, y cuándo se debe a su intención de ridiculizar el fútbol, entendido éste como un movimiento social narcótico que anula la conciencia de clase y en el que las personas vuelcan todo su fervor, frecuentemente con histrionismo nacionalista.
La obra mezcla personajes ficticios con figuras reales de nuestra historia reciente (hombres de la dictadura, como López Bravo o Muñoz Grandes). Con ello, el lector identifica partes de la trama (ficción) con personajes históricos, de forma que puede darles a estos últimos un significado, vincularlos con ciertas prácticas, cosa que quizás antes, por desconocimiento de la historia de España, no podía hacer. Para realizar esta mezcla de personajes, el libro se remonta de manera continuada hasta la Restauración, la Transición y el franquismo.
Otro elemento reseñable de la novela es el Madrid navegable en el que trascurren los hechos. Un Madrid con un Canal Castellana y un Puerto Atocha, recurso del que se vale el autor para mostrar un dibujo urbano de la capital y añadir una dosis más de surrealismo. Esta singularidad, junto con la permanente ridiculización de lo religioso, es de las cuestiones que más personalidad y originalidad confieren a la novela.
Marginalidad, costumbrismo, calle, política, alta sociedad, sexo, religión, sátira, ironía, alcoholismo y personajes que están de vuelta de todo son los ingredientes que vertebran esta obra y que, inevitablemente, recuerdan a las aventuras de Pepe Carvalho, el popular detective de Vázquez Montalbán. Merece la pena detenerse en este punto, pues las similitudes son muchas: un detective dado a la bebida, ambientes marginales, escenas de sexo sin tabúes, personajes y situaciones esperpénticas –aunque en esta novela, el humor se encuentra más en la narración que en los diálogos, algo escuetos y con menor grado de agilidad e ironía que los de la serie Carvalho-, radiografías urbanas y sociales, etcétera. La diferencia más visible radica en que Todo está perdonado otorga a la intencionalidad política una centralidad que no tiene la serie de Montalbán, más tendente a contar una historia en la que, en determinados pasajes, aparece cierta crítica política y social.
Asimismo, la novela de Reig pretende ser más reflexiva y metafórica que intrigante. La pluralidad de pequeñas historias internas diversifica la atención del lector y hace que la carga de intriga se diluya. La falta de un asunto central más monopolístico resta a la obra esa dosis extra de emoción propia de la novela policiaca, ya sea por defecto formal o por la intención del autor de centrarse más en lo reflexivo.
Todo está perdonado puede definirse, pues, como una novela con un fondo de crítica política (a la Transición y al régimen político actual) y una forma de novela policiaca, ambientada por igual en la marginalidad y en la alta sociedad, y siempre aliñada con grandes cantidades de ironía, humor y surrealismo. Más que recomendable.

Una explotación legal

Son numerosos los colectivos sociales que sufren diariamente las embestidas del neoliberalismo; pero el de la juventud es, si cabe, el más vilipendiado de todos. Paradójicamente, la generación que acaba de entrar en el mercado de trabajo -o que está a punto de hacerlo-, a pesar de ser la más preparada de las últimas décadas, vivirá en unas condiciones sociolaborales más precarias que las de sus padres.
El periodismo se ve afectado de lleno por esta realidad. Los becarios cobran (cuando lo hacen) entre ciento y pico y 400 euros por cinco horas diarias, aunque no es raro que esa remuneración la reciban por hacer las veces de un trabajador normal, con una jornada laboral más extensa. En cuanto al contrato de prácticas, una figura muy golosa para el empresario, el sueldo, legalmente, puede ser el 60%, el primer año, y el 75%, el segundo, del que recibe otro trabajador con el miso cargo.
Esta circunstancia hace de los jóvenes becarios y trabajadores en prácticas un instrumento para que los empresarios empleen mano de obra barata, y convierte el carácter formativo en un mero pretexto. Por otro lado, es una falsedad que las personas que realizan las “prácticas” tienen altas probabilidades de obtener un puesto en el medio; los datos sostienen que apenas un 9% lo consigue.
Así las cosas, la realidad dibuja un panorama en el que los empresarios no sólo explotan a los jóvenes mientras trabajan para ellos, sino que además los adoctrinan durante la carrera a través de su influencia en la elaboración de los planes de estudios, de forma que la universidad, especialmente tras aplicar Bolonia, queda relegada a una mera correa de transmisión del mercado. Revertir la situación es trabajo de todos. Félix Povedano Mínguez.

Poner puertas al campo

La pasada semana, The New York Times implantó un sistema de pago para su edición digital, por lo que el acceso deja de ser totalmente libre y gratuito. El diario se suma así al cobro por los contenidos en la Red, una práctica cada vez más extendida en el sector y en la que destacaban ya periódicos como Wall Street Journal y Financial Times. Quienes ahora deseen leer todas las publicaciones digitales del diario neoyorkino deberán pagar 25 euros al mes. Este hecho contribuye a consolidar una tendencia que limita el acceso a la información periodística, a la vez que da la razón a aquellos que advertían sobre la posibilidad de encontrar un Internet menos libre en el futuro. Quienes defienden esta privatización lo hacen con la premisa de que la prensa escrita va a desaparecer de manera inminente, lo cual es falso (es cómoda de portar y no depende de variables tecnológicas para ser leída). Por tanto, en tanto que exista el papel, carece de sentido cobrar a los lectores por ambos formatos. Pero si desapareciera y entonces se exigiera pagar por el formato digital –pese a que los medios reciben ingresos de publicidad y subvenciones-, la universalización del sistema de pago no habría consistido en una mera sustitución de formatos, sino que habría supuesto un retroceso en acceso informativo, pues la cuota mensual que se abona sólo permite visitar los medios de un mismo grupo empresarial, no el amplio abanico que puede encontrarse ahora gratis en la Red, o en un kiosko, por poco más de 1 euro cada ejemplar, y sin necesidad de contratos vitalicios que obliguen a amortizar el dinero leyendo un único periódico. El sector público deberá intervenir para garantizar la pluralidad informativa y su acceso efectivo. Félix Povedano Mínguez.