El periodismo como catástrofe

La labor periodística adquiere especial importancia en momentos extraordinarios. El ejemplo paradigmático son las catástrofes humanas o naturales. En momentos así, los periodistas deben tomar conciencia de su profesión y actuar con diligencia, no sólo por una cuestión de ética profesional, sino también, y sobre todo, por las graves consecuencias que pueden derivarse de un ejercicio periodístico tendencioso e irresponsable. En este sentido, se debe hablar de Japón, cuyos canales públicos de televisión, sosegados y rigurosos en su cobertura del desastre nuclear, se están comparando con el histrionismo morboso y comercial de los medios occidentales.
Hay más ejemplos. Con el huracán Katrina, en Nueva Orleans, se dieron “informaciones” sobre saqueos, violencia en las calles e historias rocambolescas que criminalizaban a las víctimas y daban coartada a la gestión represora de un Gobierno poco interesado en la ayuda humanitaria.
Existe, además, una tendencia a aprovechar los desastres para reforzar los postulados ideológicos del medio, como ocurrió con el terremoto de Perú de 2007, cuando los medios acusaron a Chávez de enviar latas de alimento con propaganda política, según “revelaba” una foto sin firma de una noticia sin firma en un periódico regional. La realidad es que nadie llegó a ver aquellos envases.
Otras veces, al interés político se le añade la necesidad de construir una realidad simple que pueda venderse fácilmente. Es lo que sucede hoy en Libia, con denuncias falsas sobre fosas comunes y bombardeos del régimen a la población civil en determinadas ciudades. El periodismo debe explicar y denunciar la realidad; no deformarla para servir a intereses espurios. Félix Povedano Mínguez.

¿Nucleares? No, gracias

Las explosiones en la central nuclear de Fukushima ocasionadas por el terremoto y el tsunami acaecidos este mes en Japón han abierto de nuevo el debate sobre la energía nuclear. No es para menos: el desastre ha provocado la expulsión a la atmósfera de partículas radiactivas, por lo que las autoridades han tenido que demarcar una zona de seguridad de 30 kilómetros. Además, en las proximidades de la central se han registrado valores entre 8 y 10 veces más altos que los máximos soportados por los humanos, y en Tokio, medidas de radiación superiores a las normales. Por otro lado, en la escala que mide el grado de peligrosidad, la central se encuentra en el 6 –cuando el 7 es para accidentes muy graves, como el de Chernóbil-.
A pesar de que el Gobierno asegura que las radiaciones no presentan peligro más allá de la zona de exclusión, hay una veintena de afectados severamente, lo que, junto a las demás consecuencias citadas, es ya motivo de alarma. Por ello, más allá de acciones oportunistas de última hora –como la decisión de la canciller Merkel de suspender el plan que alargaba la vida a las centrales- el asunto de lo nuclear requiere un debate urgente. No sólo por la gran peligrosidad de ese tipo de energía, sino también por la necesidad de impulsar las renovables y establecer un modelo eficiente a la vez que respetuoso con el medio. Ese debate no puede ser ajeno a la sociedad española, máxime cuando España exporta ya electricidad nuclear a Francia. Con tal exceso de potencia instalada, hoy se podría prescindir de las nucleares en este país. Una desaparición progresiva para poder desarrollar a la vez las renovables parece una alternativa sensata. Félix Povedano Mínguez.

Defender el periodismo

Si hay algo que caracteriza al periodismo, es la ausencia de una regulación que proteja a los trabajadores de la profesión y controle las malas prácticas. En 2000, el Foro de Organizaciones de Periodistas redactó y aprobó el Estatuto del periodista profesional, documento que, una vez estuviera debatido y aprobado por la sociedad civil y la representación política, se establecería como un instrumento legal para regular el sector.
Este Estatuto, que fue impulsado por los sindicatos (periodísticos y de clase) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) –ahora contraria al borrador-, respondía a una promesa de Rodríguez Zapatero que abogaba por establecer unas leyes de juego para la profesión. Sin embargo, la cobardía política del Gobierno, los intereses de los dueños de los medios y la nueva posición de la FAPE impidieron el desarrollo del proyecto. Pese a las acusaciones que se vierten sobre la iniciativa, con advertencias sobre una supuesta tutela estatal de la información, el verdadero objetivo del Estatuto del periodista era crear un código ético, sancionar a los trabajadores y empresas que lo violaran, fomentar la participación de los redactores en la orientación editorial, crear comités de redacción que mediasen entre empresa y empleados y constituir un Consejo estatal de la información para preservar todos estos derechos, entre otras tantas medidas encaminadas a otorgar mayor independencia al trabajador y, por ende, a profesionalizarlo. Por desgracia, ello no tiene cabida en la lógica de los empresarios, anclados en una “autorregulación” que sólo sirve para que los periodistas continúen sin ser considerados como trabajadores sujetos a normas y derechos. Félix Povedano Mínguez.

No hay democracia sin información

El carácter democrático de una comunidad depende de manera fundamental del nivel de conocimiento e información que tengan sus miembros. Sin embargo, esto es algo que no entienden –o entienden pero obvian- los políticos españoles, quienes parecen poco dispuestos a acometer una ley que garantice el acceso a la información pública para los ciudadanos y, en especial, para un sector profesional concreto: el de los periodistas.
Es cierto que el PSOE planteó en 2004 promover una ley de este tipo. Cuatro años después volvió a hacerlo, pero la realidad es que aún no ha llegado esa ley que verdaderamente permita el acceso a los archivos y registros de instituciones públicas. Ni siquiera hay un debate abierto sobre el asunto.
En cualquier caso, cuando el Gobierno de turno decida cumplir con esta necesidad social, sería bastante acertado que los llamados a legislar y a asesorar se fijaran en la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que desde 1966 existe en Estados Unidos. Esta norma permite desclasificar documentos, lo cual no sólo supone una fuente de información pública, sino también un elemento de control social, al ejercer de inhibidor de malas prácticas. Un país como España, con tantos asuntos sin aclarar, agradecería sobremanera una ley parecida. Así, podría conocerse más sobre los entresijos de la Transición, el verdadero papel del monarca en el 23-F, el asesinato del cámara José Couso por el ejército estadounidense, algunos temas de Wikileaks o la actual servidumbre que rinden los Gobiernos españoles a los de EE UU, cuya sociedad, aunque más antidemocrática que la de aquí, aventaja al Estado español en esta materia. Félix Povedano Mínguez.

Sí a la democracia

La izquierda abertzale ilegalizada ha constituido un nuevo partido político, Sortu. En sus estatutos, la organización rechaza la violencia, incluida la de ETA; niega su instrumentalización por organizaciones violentas o partidos ilegales; propone la desaparición de todo tipo de violencia, especialmente la de la banda armada, y solicita la reparación para todas las víctimas del conflicto vasco. De esta manera, Sortu cumple con la antidemocrática Ley de Partidos, en virtud de la cual se ilegaliza a toda organización que no condene ni rechace explícitamente a ETA. Es decir, que la izquierda abertzale no legal acepta los requisitos por los que anteriormente se la ilegalizó. Para entender mejor lo que supone la propuesta de Sortu, resulta especialmente significativa la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó, en 2007, a la candidatura de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por no rechazar expresamente en sus estatutos la actividad de ETA. En esa ocasión se consideró a ASB continuadora de la ilegal Batasuna y, para su prohibición, se alegó que el partido no presentaba ningún indicio de ruptura. Sortu sí lo hace. Ante esta situación, el Estado no tiene más remedio que legalizar al partido.
No obstante, los nacionalistas españoles ya han comenzado a inventar nuevas condiciones para la legalización. Ahora se exige condenar también los atentados perpetrados hasta hoy, una condena retroactiva que no se pidió en la llamada Transición a los hombres de la dictadura, los cuales sí tenían las manos manchadas de sangre y su delito no se limitaba a una sucia connivencia moral con crímenes ajenos. Félix Povedano Mínguez.

Un fantasma recorre el Magreb y Oriente Medio

Los pueblos del norte de África y Oriente Medio han iniciado una serie de revueltas para derrocar a los regímenes dictatoriales que los gobiernan y reivindicar derechos sociales y políticos. La inmolación a lo bonzo de un joven tunecino que pretendía protestar así por la situación económica de Túnez supuso el inicio de las movilizaciones. El presidente del Gobierno, Ben Alí, tuvo que abandonar el país, que ahora se debate entre el continuismo o la verdadera ruptura. Mientras, el pueblo de Egipto intenta echar del poder al líder del régimen, Hosni Mubarak. De momento, el tirano ha hecho algunas concesiones, como las promesas de reformar la constitución y no volver a postularse como presidente. El Ejército tampoco le obedece. Pero no se va.
Así las cosas, resulta imprescindible reflexionar sobre por qué estos regímenes, autoritarios e indiferentes ante las malas condiciones socioeconómicas de la población, han sobrevivido con tanta placidez, sin llegar a ser objeto ni de crítica periodística ni política. Organismos supranacionales y determinados países hacen ahora vagos y genéricos llamamientos a la democracia, cuando ellos mismos han apadrinado a regímenes tiránicos para salvaguardar sus intereses económicos y geoestratégicos. Para el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, Mubarak no es un dictador. El FMI alabó la misma situación económica de Túnez que ha motivado la protesta. Las agencias de calificación de deuda bajan la nota de estos países debido a la “inestabilidad” que provoca la apertura democrática. Pueden hacerse reformas en el corto plazo, pero la verdadera democracia exige acabar también con esta “Comunidad Internacional”. Félix Povedano Mínguez.

Una sociedad morbosa y analfabeta

La asimilación del morbo y la ignorancia por parte de una sociedad trae siempre consecuencias detestables. El último caso que lo ejemplifica es el de un hombre acusado por la sociedad y los medios de comunicación, y finalmente exculpado por la Justicia, de haber violado y asesinado a la hija de su pareja. Diego Pastrana, así se llama el hombre, llevó a la niña de tres años a un centro médico, después de haber hecho lo mismo cuatro días antes a causa de una caída de un columpio. En esa ocasión, el médico de turno no dio mucha importancia al caso y les mandó para casa. En la segunda visita al centro de salud se detectaron posibles indicios de malos tratos y abusos sexuales, por lo que se detuvo al padrastro, mientras que a la niña se la trasladó al hospital, donde finalmente murió. A partir de entonces, los medios de comunicación, ávidos de desgracias humanas que puedan reportarles beneficio, emprendieron una campaña de desprestigio contra Pastrana, al que, sin pruebas ni veredicto judicial, tacharon de asesino y violador, con la colaboración de la Policía, partera de los “indicios” de abusos; y de las autoridades políticas, que no dudaron en condenar un hecho no demostrado.

Resulta alarmante esa siniestra necesidad social de establecer juicios paralelos e iniciar una competición por ver quién se siente más ofendido con las desgracias ajenas, para, en consecuencia, proponer el castigo más duro y formular la acusación más gratuita. Pero es más grave aún que el maltrato sea también policial, como ha denunciado el propio Pastrana. La Justicia existe para evitar este tipo de linchamiento; y el periodismo, para clarificar los hechos. Una sociedad democrática debe asimilar mejor ambas disciplinas. Félix Povedano Mínguez.