Defender el periodismo

Si hay algo que caracteriza al periodismo, es la ausencia de una regulación que proteja a los trabajadores de la profesión y controle las malas prácticas. En 2000, el Foro de Organizaciones de Periodistas redactó y aprobó el Estatuto del periodista profesional, documento que, una vez estuviera debatido y aprobado por la sociedad civil y la representación política, se establecería como un instrumento legal para regular el sector.
Este Estatuto, que fue impulsado por los sindicatos (periodísticos y de clase) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) –ahora contraria al borrador-, respondía a una promesa de Rodríguez Zapatero que abogaba por establecer unas leyes de juego para la profesión. Sin embargo, la cobardía política del Gobierno, los intereses de los dueños de los medios y la nueva posición de la FAPE impidieron el desarrollo del proyecto. Pese a las acusaciones que se vierten sobre la iniciativa, con advertencias sobre una supuesta tutela estatal de la información, el verdadero objetivo del Estatuto del periodista era crear un código ético, sancionar a los trabajadores y empresas que lo violaran, fomentar la participación de los redactores en la orientación editorial, crear comités de redacción que mediasen entre empresa y empleados y constituir un Consejo estatal de la información para preservar todos estos derechos, entre otras tantas medidas encaminadas a otorgar mayor independencia al trabajador y, por ende, a profesionalizarlo. Por desgracia, ello no tiene cabida en la lógica de los empresarios, anclados en una “autorregulación” que sólo sirve para que los periodistas continúen sin ser considerados como trabajadores sujetos a normas y derechos. Félix Povedano Mínguez.

No hay democracia sin información

El carácter democrático de una comunidad depende de manera fundamental del nivel de conocimiento e información que tengan sus miembros. Sin embargo, esto es algo que no entienden –o entienden pero obvian- los políticos españoles, quienes parecen poco dispuestos a acometer una ley que garantice el acceso a la información pública para los ciudadanos y, en especial, para un sector profesional concreto: el de los periodistas.
Es cierto que el PSOE planteó en 2004 promover una ley de este tipo. Cuatro años después volvió a hacerlo, pero la realidad es que aún no ha llegado esa ley que verdaderamente permita el acceso a los archivos y registros de instituciones públicas. Ni siquiera hay un debate abierto sobre el asunto.
En cualquier caso, cuando el Gobierno de turno decida cumplir con esta necesidad social, sería bastante acertado que los llamados a legislar y a asesorar se fijaran en la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que desde 1966 existe en Estados Unidos. Esta norma permite desclasificar documentos, lo cual no sólo supone una fuente de información pública, sino también un elemento de control social, al ejercer de inhibidor de malas prácticas. Un país como España, con tantos asuntos sin aclarar, agradecería sobremanera una ley parecida. Así, podría conocerse más sobre los entresijos de la Transición, el verdadero papel del monarca en el 23-F, el asesinato del cámara José Couso por el ejército estadounidense, algunos temas de Wikileaks o la actual servidumbre que rinden los Gobiernos españoles a los de EE UU, cuya sociedad, aunque más antidemocrática que la de aquí, aventaja al Estado español en esta materia. Félix Povedano Mínguez.

Sí a la democracia

La izquierda abertzale ilegalizada ha constituido un nuevo partido político, Sortu. En sus estatutos, la organización rechaza la violencia, incluida la de ETA; niega su instrumentalización por organizaciones violentas o partidos ilegales; propone la desaparición de todo tipo de violencia, especialmente la de la banda armada, y solicita la reparación para todas las víctimas del conflicto vasco. De esta manera, Sortu cumple con la antidemocrática Ley de Partidos, en virtud de la cual se ilegaliza a toda organización que no condene ni rechace explícitamente a ETA. Es decir, que la izquierda abertzale no legal acepta los requisitos por los que anteriormente se la ilegalizó. Para entender mejor lo que supone la propuesta de Sortu, resulta especialmente significativa la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó, en 2007, a la candidatura de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por no rechazar expresamente en sus estatutos la actividad de ETA. En esa ocasión se consideró a ASB continuadora de la ilegal Batasuna y, para su prohibición, se alegó que el partido no presentaba ningún indicio de ruptura. Sortu sí lo hace. Ante esta situación, el Estado no tiene más remedio que legalizar al partido.
No obstante, los nacionalistas españoles ya han comenzado a inventar nuevas condiciones para la legalización. Ahora se exige condenar también los atentados perpetrados hasta hoy, una condena retroactiva que no se pidió en la llamada Transición a los hombres de la dictadura, los cuales sí tenían las manos manchadas de sangre y su delito no se limitaba a una sucia connivencia moral con crímenes ajenos. Félix Povedano Mínguez.

Un fantasma recorre el Magreb y Oriente Medio

Los pueblos del norte de África y Oriente Medio han iniciado una serie de revueltas para derrocar a los regímenes dictatoriales que los gobiernan y reivindicar derechos sociales y políticos. La inmolación a lo bonzo de un joven tunecino que pretendía protestar así por la situación económica de Túnez supuso el inicio de las movilizaciones. El presidente del Gobierno, Ben Alí, tuvo que abandonar el país, que ahora se debate entre el continuismo o la verdadera ruptura. Mientras, el pueblo de Egipto intenta echar del poder al líder del régimen, Hosni Mubarak. De momento, el tirano ha hecho algunas concesiones, como las promesas de reformar la constitución y no volver a postularse como presidente. El Ejército tampoco le obedece. Pero no se va.
Así las cosas, resulta imprescindible reflexionar sobre por qué estos regímenes, autoritarios e indiferentes ante las malas condiciones socioeconómicas de la población, han sobrevivido con tanta placidez, sin llegar a ser objeto ni de crítica periodística ni política. Organismos supranacionales y determinados países hacen ahora vagos y genéricos llamamientos a la democracia, cuando ellos mismos han apadrinado a regímenes tiránicos para salvaguardar sus intereses económicos y geoestratégicos. Para el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, Mubarak no es un dictador. El FMI alabó la misma situación económica de Túnez que ha motivado la protesta. Las agencias de calificación de deuda bajan la nota de estos países debido a la “inestabilidad” que provoca la apertura democrática. Pueden hacerse reformas en el corto plazo, pero la verdadera democracia exige acabar también con esta “Comunidad Internacional”. Félix Povedano Mínguez.

Una sociedad morbosa y analfabeta

La asimilación del morbo y la ignorancia por parte de una sociedad trae siempre consecuencias detestables. El último caso que lo ejemplifica es el de un hombre acusado por la sociedad y los medios de comunicación, y finalmente exculpado por la Justicia, de haber violado y asesinado a la hija de su pareja. Diego Pastrana, así se llama el hombre, llevó a la niña de tres años a un centro médico, después de haber hecho lo mismo cuatro días antes a causa de una caída de un columpio. En esa ocasión, el médico de turno no dio mucha importancia al caso y les mandó para casa. En la segunda visita al centro de salud se detectaron posibles indicios de malos tratos y abusos sexuales, por lo que se detuvo al padrastro, mientras que a la niña se la trasladó al hospital, donde finalmente murió. A partir de entonces, los medios de comunicación, ávidos de desgracias humanas que puedan reportarles beneficio, emprendieron una campaña de desprestigio contra Pastrana, al que, sin pruebas ni veredicto judicial, tacharon de asesino y violador, con la colaboración de la Policía, partera de los “indicios” de abusos; y de las autoridades políticas, que no dudaron en condenar un hecho no demostrado.

Resulta alarmante esa siniestra necesidad social de establecer juicios paralelos e iniciar una competición por ver quién se siente más ofendido con las desgracias ajenas, para, en consecuencia, proponer el castigo más duro y formular la acusación más gratuita. Pero es más grave aún que el maltrato sea también policial, como ha denunciado el propio Pastrana. La Justicia existe para evitar este tipo de linchamiento; y el periodismo, para clarificar los hechos. Una sociedad democrática debe asimilar mejor ambas disciplinas. Félix Povedano Mínguez.

Lo rentable de la mediocridad

El cierre del canal de noticias CNN+ ha servido para certificar dos realidades: que las empresas mediáticas no respetan los formatos de calidad ni para reproducir su propia ideología, y que la información y la cultura no son un derecho ciudadano. Al contrario; son, en la práctica, dos de tantos contenidos susceptibles de difundirse o ser echados a la basura, según disponga el mercado. CNN+ finalizó su emisión el pasado 28 de diciembre a las 00:00 como consecuencia de los acuerdos entre su empresa editora –PRISA- y Mediaset, accionista de Gestevisión Telecinco. Como resultado de las negociaciones, fue adquirido por Telecinco el canal de PRISA Cuatro, con quien CNN+ compartía estructura y redacción. Pese a ello, la cadena de noticias parece no caber en la nueva aventura de PRISA. La prueba más evidente de que la televisión de Berlusconi se ha cobrado ya el precio de los acuerdos es la aparición de Gran Hermano 24 horas en el canal digital que ocupaba CNN+. Así las cosas, PRISA acepta formar parte de un proyecto que subordina la información al entretenimiento más rancio.
Afortunadamente, el hecho ha generado algo de controversia, aunque los análisis de lo sucedido se quedan en la superficie. De hecho, la única crítica pasa por lamentar que “se sustituya realidad por telerealidad” y que desaparezca “una voz progresista”, comentario manifiestamente ingenuo. El problema real es que los derechos de información y cultura carecen de control popular y se dejan en manos de quienes responden sólo a sus necesidades de empresa, no a su función de servicio público. Pese a todo, Gran Hermano servirá para reflejar las secuelas sociales de la actual estructura mediática. Félix Povedano Mínguez.

Palomares, sin investigación, sin justa reparación y sin culpables

Se cumplen hoy 45 años del choque de dos aviones de EE UU en la localidad almeriense de Palomares, accidente que se saldó con la muerte de siete ocupantes y la caída de cuatro bombas atómicas, tres de ellas en tierra y una perdida en el mar. Pese a lo trágico de la situación, nunca se han llegado a investigar convenientemente los hechos, y mucho menos sus consecuencias, por peligrosas que pudieran seguir siendo.
Lo más que hizo EE UU en aquel momento fue emprender la búsqueda de la bomba hundida en el mar, siempre con el objeto de evitar que cayera en manos enemigas, algo que preocupaba mucho más que las posibles consecuencias para la salud del pueblo. A pesar del interés de los americanos en hallar la bomba, tuvo que ser un pescador de la zona que había presenciado el siniestro el que les indicara dónde se encontraba.
Ni EE UU ni el Gobierno quisieron realizar un estudio del suceso, pero ello no impidió al Régimen asegurar que el peligro era inexistente, sin más garantía que el baño público que el exministro franquista de Información y Turismo Manuel Fraga se dio en la supuesta zona afectada. Hoy, 45 años después, se puede afirmar que sí hubo consecuencias dañinas. Expertos catalanes en Medicina informaron de que Palomares, tras el accidente, llegó a ser la zona con mayor contaminación de plutonio en el planeta. En esa línea se ha expresado recientemente el toxicólogo Eduard Rodríguez, quien sostiene que llegó a haber gente contaminada con plutonio, según análisis de orina realizados. Sin embargo, las autoridades políticas del PP de la zona heredan aún el ocultismo franquista y evitan tomar medidas de investigación y reparación. Félix Povedano Mínguez.