Es el machismo, estúpido

Varias mujeres han muerto asesinadas a manos de sus maridos en las últimas semanas. Los hechos han tenido cierto eco en los medios de comunicación, aunque el tratamiento recibido, como sucede casi de forma normativa, ha brillado por su falta de profundidad. Existen muchas maneras de evitar atajar un asunto desde la raíz, y una de ellas es no llamar a las cosas por su nombre. Más allá de lo que podría parecer un baldío debate nominal, existen razones de fondo para librar una batalla en este terreno; y es que, con mayor frecuencia de lo que pensamos, los matices en el habla trasforman radicalmente el sentido de las cosas y denotan un sesgo analítico en quien se expresa.
Así, detrás de expresiones aparentemente inocentes como “violencia de género” o la más estrambótica aún “violencia doméstica” –que viene a ser algo así como la violencia de estar por casa-, se esconde la ocultación de una realidad, de una violencia global que da origen a violencias individualizadas, pero no independientes. Esa realidad es el patriarcado, cuyas consecuencias constituyen el machismo estructural.
Dicho de otra manera: la existencia de una sociedad patriarcal con arraigadas conductas machistas que delimitan -aún en el siglo XXI y a menudo bajo la inconsciencia colectiva- los roles sociales en función del sexo y que minusvalora a las mujeres es la causa por la cual se producen agresiones físicas y psicológicas sobre ellas. Por tanto, sólo cabe un término legítimo para referirnos a esta realidad y no puede ser otro que el de violencia machista.
A lo largo de la historia han sido los hombres quienes se han erigido como la autoridad social competente, de forma que el papel de la mujer ha quedado relegado y subordinado a los intereses del varón. Eso es el patriarcado, un modelo social que constituye en sí una forma de violencia, de violencia estructural.
En nuestra era contemporánea las consecuencias de ese modelo y esa institucionalización de valores se manifiestan de diferentes maneras y con distintos niveles. Una de las más extremas es la agresión física o psicológica que ejerce de forma constante el hombre sobre la mujer, ya sea en el seno del hogar, en el trabajo o en cualquier otro ámbito; pero no es la única, hay otras, como las diferencias salariales, la feminización de la pobreza, la concepción de la mujer como un objeto sexual como respuesta a las necesidades de márquetin y consumo, el papel de sospechosa permanente en el mundo laboral por el mero hecho de poder quedarse embarazada o la atribución de actividades domésticas al sexo femenino, cosa que sucede todavía incluso entre las nuevas generaciones.
Todo ello, pero especialmente la agresión física en los hogares, forma parte de un todo, de un modelo social que, mediante un proceso de interiorización de valores, da pie a que se produzcan todas estas experiencias de violencias particulares y subjetivas. Las agresiones y asesinatos de mujeres por parte de sus parejas no pueden interpretarse, pues, como una fatalidad producida por el azar, por el desequilibrio mental de un determinado señor aislado del mundo. Son, por el contrario, fruto de años y años de asimilación de unos valores machistas que todavía no hemos logrado eliminar del todo y que, aunque con menos intensidad que en épocas pasadas, seguimos incluso reproduciendo.

El Gobierno de Madrid concede la gestión de dos escuelas infantiles de Getafe a empresas sin experiencia en educación

La reducción de costes económicos de la Administración guía la política de Aguirre en educación infantil

Reportaje de investigación realizado por Félix Povedano Mínguez y Darío Mostaza Nistal

La Comunidad de Madrid adjudicó la gestión de dos escuelas infantiles públicas de Getafe –Arte y Casiopea- a una empresa ajena al sector de la educación –Clece-, en detrimento de las cooperativas de profesores que las habían estado gestionando hasta junio de 2010, momento en que salieron a concurso.
Desde 2005, la Comunidad de Madrid fomentaba dos tipos de gestión: la directa y la indirecta, esta última encargada a cooperativas educativas sin ánimo de lucro. Sin embargo, el 6 de marzo de 2008 se aprobó que todo tipo de empresas pudieran optar a gestionar una escuela, aunque no tuviesen experiencia alguna en educación. A partir de ese momento, la gestión directa, e indirecta mediante cooperativa, de estos centros ha ido perdiendo terreno en favor de las grandes empresas. Esto ha sido posible gracias a los nuevos criterios que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció para los concursos de adjudicación. En estos concursos se valoran tres apartados: proyecto educativo, descuento económico y aumento del personal. Hasta marzo de 2008, en los criterios del concurso primaban los valores educativos. La Administración otorgaba a la entidad gestora un dinero fijo para realizar su labor. Después, el Gobierno autonómico sacó unos nuevos pliegos en los que permitía que los concursantes pudieran hacer una rebaja sobre el dinero que se les diese; es decir, la Comunidad provee de un dinero a los aspirantes a gestores, éstos pueden proponer que les pague menos; y a mayor descuento, mayor puntuación.
Así las cosas, los concursos pasan a tener en cuenta tres factores con una puntuación distinta cada uno: el proyecto educativo, con un 45% del valor final de la nota; el descuento económico, con otro 45%; y el aumento de personal que prometiera cada empresa o cooperativa, con un 10% del valor total. A esto hay que añadirle que el ganador de la parte económica se lleva automáticamente los 45 puntos, mientras que la puntuación de los que han quedado por detrás no es proporcional (el que queda último en ese apartado sólo opta a llevarse 10 puntos).
De esta manera, pueden darse situaciones como las experimentadas por estas cooperativas de profesores, que sacaron mayor puntuación en proyecto educativo y aumento de personal que sus respectivos competidores, pero se quedaron sin la adjudicación porque las otras empresas concursantes ofrecieron un descuento económico mayor a la Administración. Concretamente, la empresa de servicios Clece, perteneciente a la constructora de Florentino Pérez, ACS, consiguió la adjudicación de la gestión de la escuela Arte con los siguientes resultados: 9,3 sobre 45 en la parte educativa; 45, la máxima calificación, en el apartado económico; y 7,5 sobre 10 en personal, lo que se traducía en la contratación de tres trabajadores más. Por su parte, la cooperativa que había gestionado el centro hasta entonces obtuvo 35 puntos en el proyecto educativo; 8,91 en el descuento económico y 10 en la sección de personal, lo que implicaba contratar a cuatro empleados adicionales, uno más que los propuestos por Clece, quien también consiguió la gestión de la escuela infantil de Getafe Casiopea.
Por su parte, la escuela Marta Mata, también del municipio madrileño, fue adjudicada a Kidsco, una empresa que sí tiene experiencia en educación -privada-. Sin embargo, no fue su proyecto educativo lo que la hizo ganar (sacó sólo 19 puntos de 45), sino “el descuento económico que ofreció a la Administración y que le valió la máxima puntuación en ese apartado”, como denuncia la educadora y cooperativista Mercedes Garzón, anterior directora de ese mismo centro y creadora de la Junta de Portavoces, una asociación de Madrid pionera en la defensa de la educación pública que funciona desde hace diez años. Y es que, el proyecto educativo que ella presentó junto con sus compañeras de cooperativa obtuvo 42,5 puntos, el mejor resultado. Aun así, se quedaron fuera.
Evidentemente, esa rebaja monetaria que los adjudicatarios hacen a la Administración conlleva una reducción de costes. Ante esto, la nueva directora de Arte, Charo Villalón, alega que “empresas grandes como Clece, al gestionar muchas escuelas, tienen muchos niños y optan a precios más ventajosos que una pequeña cooperativa a la hora, por ejemplo, de comprar los alimentos para el comedor”. Sin embargo, una de las excooperativistas de Arte, Mayte Badía, así como Mercedes Garzón, asegura que el 75 o el 80% de los costes que se tienen están relacionados con los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que resulta mínima la incidencia de los costes del comedor en el coste total. Así, las grandes empresas consiguen reducir costes -y, por consiguiente, ofrecer mejores descuentos en el concurso- a base de contratar menos empleados y pagarles peores sueldos que los que ofrecen las cooperativas de profesores. “Propusieron quedarse a las trabajadoras, pero con un sueldo de 850 euros brutos, cuando nosotros estábamos pagando 1400. Además, la disponibilidad y movilidad de horarios y centros que imponen a los empleados es muy flexible; un día puedes estar en un centro, y al siguiente en otro distinto”, explica la exdirectora de la escuela infantil Marta Mata.
En esta misma línea se expresa también la exeducadora de Arte: “Estas empresas hacen contratos de prácticas y los alargan, hasta que la ley les permite, para no tener que hacerlas [a las trabajadoras] indefinidas. Tú puedes pagarles el sueldo base, pero siempre lo hemos mejorado porque queremos que se formen y que se impliquen en la escuela. Además, el dinero que nos proveía la Comunidad
daba para pagarles más”. Asimismo, admite que algunas empleadas aceptaron trabajar para Clece. “A veces la gente tiene que agarrarse a lo que hay para seguir trabajando”, sentencia.
Con todo, las dos educadoras reconocen que al final las cooperativas se ven obligadas a reducir costes para poder competir en los concursos. Por ejemplo, Mercedes Garzón, o Michi, como cariñosamente era conocida por los padres y madres de Marta Mata, explica que tenían pensado “contratar directamente a la gente de limpieza y reducir el apoyo de cinco a cuatro personas”. Badía, por su parte, cuenta que su cooperativa ya tuvo que reducir costes, no sólo por el concurso, sino porque el Gobierno había ajustado el presupuesto. “Suprimimos los proveedores y empezamos a ir nosotras mismas a comprar la comida al Hiper Usera con una furgoneta. Las cooperativistas nos bajamos el sueldo -el de las trabajadoras contratadas se respetó-, y los padres empezaron a llevarse las sábanas y los babis a casa para lavarlos”, relata.
Esta situación de las escuelas infantiles que se está viviendo en la localidad de Getafe es también común para el resto de poblaciones del sur de Madrid, como afirma la Coordinadora de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe, Pilar Domingo García. “Otros ayuntamientos, como los de Alcorcón o Fuenlabrada, se han negado a esa reducción de costes pero no les ha quedado otro remedio que aceptar la medida de Esperanza Aguirre. El único ayuntamiento que se ha mantenido firme es el de Leganés, que ha decido sacar una de sus escuelas fuera de la gestión de la Comunidad de Madrid porque no aceptaba que saliese a concurso con unos criterios que considera ‘economicistas’. La respuesta del Gobierno de Aguirre fue cortarles la financiación, por lo que ahora “el Ayuntamiento es el único ente que sufraga la escuela”, según confirma Michi Garzón.
Al margen de los criterios que aplica el Gobierno de Esperanza Aguirre a los concursos de adjudicaciones, las cooperativistas denuncian otras políticas que también “han degradado y degradan la calidad de la educación infantil pública”. Se refieren a la denominada Orden de Mínimos, que modificaba algunos aspectos de la legislación entonces vigente. Esa nueva norma, aprobada por decreto el 28 de agosto de 2008, estableció una subida del ratio por aula. En un aula con niños de 1 a 2 años, se subía en un niño el máximo permitido. El aulas de 2 a 3 años, el aumento era de cuatro niños. Así, en el primer caso quedaba un tope de trece alumnos, mientras que en el segundo, el nuevo límite ascendía a veinte. Las aulas de los bebés se dejaron en 8. Automáticamente, esto obligó al Gobierno a reducir los metros cuadrados correspondientes a cada niño, para así no tener que hacer ampliaciones de espacio.
Paralelamente a esta nueva normativa, el Gobierno de Aguirre subió el precio de las cuotas que pagan las familias por sus hijos. El cambio más controvertido fue la supresión de la “cuota cero”, para familias con menos recursos, que fue sustituida por un mínimo de 45 euros. “Con esta otra medida de ahorro, muchas familias se dieron de baja por no poder pagarlo”, explica Badía.

El primer Foro de la Escuela Pública de Móstoles clama contra los recortes y el neoliberalismo

El primer Foro de la Escuela Pública de Móstoles manifestó ayer, en el centro cívico Casa de la Cultura, su oposición a los recortes en Educación y a las “políticas neoliberales”. El acto, que fue organizado por docentes del municipio y al que asistieron unas 60 personas, gozó de especial atractivo por desarrollarse en el centro cultural más importante y antiguo de Móstoles y congregar a distintas sensibilidades y movimientos sociales; como activistas por la sanidad pública, profesores de todos los sectores o miembros de la Asamblea Popular del 15-M, quienes mostraron en sus respectivas intervenciones su preocupación por el actual “desmantelamiento del Estado del bienestar”.

Durante las más de dos horas que duró el foro, representantes de todos los sectores de la educación -infantil, primaria, secundaria, formación profesional, universidad, familias y alumnado- expusieron su visión sobre la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Todas las intervenciones estuvieron marcadas por una crítica a los recortes que está acometiendo el Gobierno de Esperanza Aguirre y a “la mala situación en la que está dejando a la educación pública”.

En esta línea, el portavoz de profesores de las asambleas de Aranjuez, Rafa Paz, acusa a la consejera de Educación, Lucía Figar, de querer “convertir la escuela pública en un gueto” y aporta algunos datos para sostenerlo: “Existen en los institutos aulas con 33 alumnos, e incluso 39 en Bachillerato, cuando la capacidad es de 25. Además, se han suprimido desdobles hasta de matemáticas y Lengua y se dan 90 millones de euros a las escuelas privada y concertada, en concepto de deducciones fiscales, mientras se recorta en la pública”.

La representante en el Foro de Primaria e Infantil, Milagros Álvarez, se expresa en sentido parecido: “Antes me cogían niños de Infantil la profesora de Pedagogía Terapéutica y la de Audición y Lenguaje; ahora le piden a la tutora que se haga cargo del trabajo de estas dos especialistas, por lo que se dan situaciones como que una profesora no experta tenga que enseñarle castellano a niños chinos que sólo conocen su idioma”. Álvarez compara esto con el caso de un niño español que ahora estudia en Finlandia: “El niño estuvo con un profesor particular que le enseñaba finlandés y que le acompañaba durante las clases con el resto de sus compañeros. Eso, aparte de sus clase particulares de finlandés y de la ayuda que pudiera prestarle por su parte el tutor”. Puede parecer éste un ejemplo lejano, pero la comparación con Finlandia en materia educativa es bastante frecuente, pues es uno de los países con mejor sistema educativo (prácticamente público en su totalidad)), según los informes PISA.

Elogios a la LOGSE

No fue ésta la única comparación. Varios ponentes hicieron un reconocimiento a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Según la Directora del instituto Europa de Móstoles y miembro del Foro, Rosa Cano, esta ley, que siempre ha estado “muy denostada”, fue positiva porque “introdujo el concepto de escuela inclusiva y consagró la edad mínima de permanencia en los 16 años”. Ahora, “este modelo de escuela está en peligro en la Comunidad de Madrid”, sentencia.

De igual manera se pronuncia la creadora de la Junta de Portavoces (organización defensora de la educación pública) y trabajadora de escuelas infantiles, Michi Garzón, quien explica que “la LOGSE admitió que la primera etapa de una persona también tenía que estar dentro del sistema educativo”. No obstante, esta ley reconoció la educación privada, la concertada y la enseñanza religiosa en las escuelas, aspectos que chocan con el discurso y las reivindicaciones vertidas tanto en el Foro como en las recientes movilizaciones contra los recortes en la educación pública.

El sector de la Formación Profesional (FP) también tuvo espacio en el debate. Su representante en el acto, Eva Pérez, considera que se necesita impulsar la FP, pues “hay muy poca formación media”. Asimismo, y sin salirse de la línea de sus compañeros, denuncia “recortes en plantilla, sobrecarga de trabajo, ausencia de dotación y de facilidades para que los profesores se reciclen y, sobre todo, falta de plazas”. Pérez asegura que, “en Móstoles, pese a que hay un ciclo con 200 personas en lista de espera, no se abren ciclos nuevos; lo que sí reciben quienes están en lista de espera son llamadas de universidades privadas que ofrecen esos servicios”.

Con toda la polémica del conflicto educativo en Secundaria y, en menor medida, Primaria e Infantil, la universidad parece algo desplazada de la agenda pública. Sin embargo, ello no impidió que se abordaran sus problemas durante el acto. Es más, el representante de este sector en el foro, el estudiante Miguel Diéguez, considera que es de vital importancia contar “mercantilización” que está sufriendo la educación superior y denuncia las consecuencias que están teniendo el Plan Bolonia y la Estrategia Universitaria 2015. Según explica, “el rector será elegido a dedo por el Consejo social y su figura quedará reducida a la de un mero gestor”. Asimismo, critica el nuevo modelo de becas, según el cual, “las becas tal cual las conocemos serán sólo el 5% del total”. El otro 95% serán becas-préstamo (ahora con intereses, a diferencia de lo que se planteaba con Bolonia) o becas salario, cuya cuantía máxima será de 6500 euros al año -esta cantidad sólo disponible para familias con un mínimo de cuatro miembros y con ingresos totales de menos de 1300 euros mensuales-, motivo por el que Diéguez denomina a esta prestación “beca-limosna”.

El acto abordó mayoritariamente asuntos educativos, pero no fueron los únicos. La sanidad, las reformas laborales e incluso el papel del 15-M también gozaron de varios minutos en el debate; unas veces por la propia iniciativa del público, plagado de activistas sociales, y otras, a modo de réplica, como sucedió cuando Miguel Diéguez llamó a ir “a las barricadas” y criticó, al mismo tiempo y “a modo de autocrítica”, “el buenrollismo y pacifismo del 15-M”. Antes de que acabara ya estaban algunos miembros de la Asamblea Popular con la mano levantada para pedir la réplica “por alusiones”. Después de un par de intervenciones de autopromoción del 15-M, el estudiante contestó que había sido sólo una reflexión y que si él “no creyera en el movimiento, no participaría en él”.

También se tocaron brevemente otros asuntos, como la “calidad de la educación en la Unión Soviética” o “la falta de ideología y conciencia de clase en el sistema educativo español”, algo necesario para contrarrestar la presencia de la “ideología dominante” en las aulas.

Hacia lo alternativo

Amaral es un grupo musical que siempre ha nadado entre dos mares: el del pop-rock alternativo y el de la comercialidad de las radiofórmulas. Con este disco, Eva y Juan inclinan la balanza claramente hacia el primero. Puede decirse, incluso, que hacen una purga con su público, siempre caracterizado por la heterogeneidad. Quienes busquen en este disco grandes hits comerciales o estribillos pegadizos se llevarán probablemente una decepción.

Ya se advertía en su anterior trabajo -Gato negro, dragón rojo- mayor refinamiento y madurez en algunas de las composiciones, aunque otras tantas mantenían ese carácter que las hace parecer hechas para sonar en radio y galas televisivas. Con Hacia lo salvaje esto no sucede; prácticamente no hay ninguna canción de la que se pueda extraer un estribillo fácil. El sonido es más rockero; las guitarras eléctricas, sin salirse del género estrictamente Amaral, cobran un protagonismo hasta ahora inédito; las letras, serias, sin frivolidades; el tono del álbum, sobrio, ayudado por un compendio letras-música bastante coordinado en lo que ha transmisión de sensaciones se refiere; la voz de Eva, poderosa.

Si se repasan los temas, puede comprobarse que este nuevo sonido, más potente, quizás algo más duro, no ha llevado consigo un aumento de velocidad en los ritmos; es más, abundan los medios tiempos y las canciones lentas. Por tanto, no es a la velocidad a lo que nos referimos cuando decimos que Amaral ha presentado un disco más rockero, sino al sonido en su sentido más estricto.

Así las cosas, vale la pena hacer unos breves apuntes sobre algunas de las canciones.

Del primer corte, Hacia lo salvaje, se puede destacar el poderío de la voz de Eva y el dinamismo sonoro del estribillo. Otras remarcables son Si las calles pudieran hablar (con una letra desgarradora), Riazor, Ruleta rusa, Robin Hood y la que puede considerarse joya de la corona: Antártida, que presenta una potencia y un dinamismo tremendos durante los más de cuatro minutos que dura, lo que probablemente pueda verse con una dimensión aún mayor en el directo.

Existe una edición que acompaña el disco con otro en acústico. La verdad es que resulta siempre interesante escuchar las canciones en este formato, sobre todo porque se muestran más íntimas y se aprecia la composición con toda su crudeza, pero esta vez, el disco es tan sumamente bueno que, en la mayoría de los casos, la versión acústica pierde respecto a la eléctrica. Ocurre así con Antártida. Ya he dicho que es la joya de la corona, pero quiero decirlo otra vez. Escúchenla. Escuchen el disco entero; en una sociedad mediocre no es fácil encontrar espacios de genialidad como el que nos ofrece el dúo zaragozano.

Ajuste de cuentas

Todo está perdonado
Rafael Reig
Tusquets. Barcelona. 2011. 367 páginas. 19 euros

Rafael Reig quería ajustar cuentas con el proceso de la Transición española y decidió hacerlo a través de una novela policiaca. Por esta razón, la narrativa ágil, rigurosa en la forma, abundante en surrealismo, costumbrista e irónica de Todo está perdonado no se presenta como un fin en sí mismo, sino más bien como un vehículo que pretende elevarnos a un estadio superior: el mensaje. Es lo que ocurre con las novelas de contenido político, y ésta lo es.
Desde el inicio, el autor asturiano deslinda un relato plagado de pasajes sobre el proceso de la Transición española y la dictadura franquista, así como de referencias a aquellas élites “que ganaron la guerra y procuraron por todos los medios que sus hijos ganaran también la paz”, como se denuncia insistentemente en el libro. Sin duda, es ésta una de las más lúcidas críticas a un proceso que pudo constituirse como ruptura y se quedó en una transición manifiestamente inacabada. Contra los ganadores de entonces y, especialmente, contra la “inapelable” versión oficial que se ha mantenido de aquello en la sociedad española van dirigidos los ataques de Reig, quien, en contradicción con el título de la novela, no parece dispuesto a perdonar.
De forma paralela al mensaje de la obra, y como soporte del mismo, encontramos una historia policiaca situada en Madrid, durante la Eurocopa de fútbol de 2008, que supuso el triunfo de la Selección española. El argumento sitúa al lector en el asesinato de Laura Gamazo, hija del exitoso empresario Perico Gamazo, quien, para resolver el caso, contrata al detective Carlos Clot, personaje utilizado por Reig con anterioridad, y al agente de inteligencia retirado Antonio Menéndez Vigil, protegido suyo y narrador de la obra. Antonio Menéndez es una especie de narrador omnisciente que habla en primera y tercera persona y que forma parte de la historia, aunque desde un plano algo apartado. En la página 308, él mismo hace una breve referencia a su situación como narrador.
Los capítulos se corresponden con las fases de la competición deportiva, algo que puede entenderse como una excentricidad si se tiene en cuenta que el autor, según reconoce, jamás ha visto un partido entero. Aunque más que una extravagancia de Reig, lo que supone el trasfondo futbolístico de la obra es un refuerzo de la crítica a esa sociedad “de clases medias”, tan encantada de haberse conocido, surgida en los inicios de un sistema democrático contra el que Reig arremete por considerarlo limitado y pobre.
Sin embargo, esta utilización del fútbol como hilo conductor, pese a resultar a veces muy oportuna y original, otras se hace cansina y aparece un poco forzada, tanto por la mera introducción del tema, que a menudo se percibe como innecesaria, como por las expresiones futbolísticas de los personajes, en ocasiones artificiales y exageradas. Aunque realmente no se sabe muy bien cuándo ello es fruto del aprendizaje acelerado de la materia que ha tenido que emprender el autor, y cuándo se debe a su intención de ridiculizar el fútbol, entendido éste como un movimiento social narcótico que anula la conciencia de clase y en el que las personas vuelcan todo su fervor, frecuentemente con histrionismo nacionalista.
La obra mezcla personajes ficticios con figuras reales de nuestra historia reciente (hombres de la dictadura, como López Bravo o Muñoz Grandes). Con ello, el lector identifica partes de la trama (ficción) con personajes históricos, de forma que puede darles a estos últimos un significado, vincularlos con ciertas prácticas, cosa que quizás antes, por desconocimiento de la historia de España, no podía hacer. Para realizar esta mezcla de personajes, el libro se remonta de manera continuada hasta la Restauración, la Transición y el franquismo.
Otro elemento reseñable de la novela es el Madrid navegable en el que trascurren los hechos. Un Madrid con un Canal Castellana y un Puerto Atocha, recurso del que se vale el autor para mostrar un dibujo urbano de la capital y añadir una dosis más de surrealismo. Esta singularidad, junto con la permanente ridiculización de lo religioso, es de las cuestiones que más personalidad y originalidad confieren a la novela.
Marginalidad, costumbrismo, calle, política, alta sociedad, sexo, religión, sátira, ironía, alcoholismo y personajes que están de vuelta de todo son los ingredientes que vertebran esta obra y que, inevitablemente, recuerdan a las aventuras de Pepe Carvalho, el popular detective de Vázquez Montalbán. Merece la pena detenerse en este punto, pues las similitudes son muchas: un detective dado a la bebida, ambientes marginales, escenas de sexo sin tabúes, personajes y situaciones esperpénticas –aunque en esta novela, el humor se encuentra más en la narración que en los diálogos, algo escuetos y con menor grado de agilidad e ironía que los de la serie Carvalho-, radiografías urbanas y sociales, etcétera. La diferencia más visible radica en que Todo está perdonado otorga a la intencionalidad política una centralidad que no tiene la serie de Montalbán, más tendente a contar una historia en la que, en determinados pasajes, aparece cierta crítica política y social.
Asimismo, la novela de Reig pretende ser más reflexiva y metafórica que intrigante. La pluralidad de pequeñas historias internas diversifica la atención del lector y hace que la carga de intriga se diluya. La falta de un asunto central más monopolístico resta a la obra esa dosis extra de emoción propia de la novela policiaca, ya sea por defecto formal o por la intención del autor de centrarse más en lo reflexivo.
Todo está perdonado puede definirse, pues, como una novela con un fondo de crítica política (a la Transición y al régimen político actual) y una forma de novela policiaca, ambientada por igual en la marginalidad y en la alta sociedad, y siempre aliñada con grandes cantidades de ironía, humor y surrealismo. Más que recomendable.

Una explotación legal

Son numerosos los colectivos sociales que sufren diariamente las embestidas del neoliberalismo; pero el de la juventud es, si cabe, el más vilipendiado de todos. Paradójicamente, la generación que acaba de entrar en el mercado de trabajo -o que está a punto de hacerlo-, a pesar de ser la más preparada de las últimas décadas, vivirá en unas condiciones sociolaborales más precarias que las de sus padres.
El periodismo se ve afectado de lleno por esta realidad. Los becarios cobran (cuando lo hacen) entre ciento y pico y 400 euros por cinco horas diarias, aunque no es raro que esa remuneración la reciban por hacer las veces de un trabajador normal, con una jornada laboral más extensa. En cuanto al contrato de prácticas, una figura muy golosa para el empresario, el sueldo, legalmente, puede ser el 60%, el primer año, y el 75%, el segundo, del que recibe otro trabajador con el miso cargo.
Esta circunstancia hace de los jóvenes becarios y trabajadores en prácticas un instrumento para que los empresarios empleen mano de obra barata, y convierte el carácter formativo en un mero pretexto. Por otro lado, es una falsedad que las personas que realizan las “prácticas” tienen altas probabilidades de obtener un puesto en el medio; los datos sostienen que apenas un 9% lo consigue.
Así las cosas, la realidad dibuja un panorama en el que los empresarios no sólo explotan a los jóvenes mientras trabajan para ellos, sino que además los adoctrinan durante la carrera a través de su influencia en la elaboración de los planes de estudios, de forma que la universidad, especialmente tras aplicar Bolonia, queda relegada a una mera correa de transmisión del mercado. Revertir la situación es trabajo de todos. Félix Povedano Mínguez.

Poner puertas al campo

La pasada semana, The New York Times implantó un sistema de pago para su edición digital, por lo que el acceso deja de ser totalmente libre y gratuito. El diario se suma así al cobro por los contenidos en la Red, una práctica cada vez más extendida en el sector y en la que destacaban ya periódicos como Wall Street Journal y Financial Times. Quienes ahora deseen leer todas las publicaciones digitales del diario neoyorkino deberán pagar 25 euros al mes. Este hecho contribuye a consolidar una tendencia que limita el acceso a la información periodística, a la vez que da la razón a aquellos que advertían sobre la posibilidad de encontrar un Internet menos libre en el futuro. Quienes defienden esta privatización lo hacen con la premisa de que la prensa escrita va a desaparecer de manera inminente, lo cual es falso (es cómoda de portar y no depende de variables tecnológicas para ser leída). Por tanto, en tanto que exista el papel, carece de sentido cobrar a los lectores por ambos formatos. Pero si desapareciera y entonces se exigiera pagar por el formato digital –pese a que los medios reciben ingresos de publicidad y subvenciones-, la universalización del sistema de pago no habría consistido en una mera sustitución de formatos, sino que habría supuesto un retroceso en acceso informativo, pues la cuota mensual que se abona sólo permite visitar los medios de un mismo grupo empresarial, no el amplio abanico que puede encontrarse ahora gratis en la Red, o en un kiosko, por poco más de 1 euro cada ejemplar, y sin necesidad de contratos vitalicios que obliguen a amortizar el dinero leyendo un único periódico. El sector público deberá intervenir para garantizar la pluralidad informativa y su acceso efectivo. Félix Povedano Mínguez.

El periodismo como catástrofe

La labor periodística adquiere especial importancia en momentos extraordinarios. El ejemplo paradigmático son las catástrofes humanas o naturales. En momentos así, los periodistas deben tomar conciencia de su profesión y actuar con diligencia, no sólo por una cuestión de ética profesional, sino también, y sobre todo, por las graves consecuencias que pueden derivarse de un ejercicio periodístico tendencioso e irresponsable. En este sentido, se debe hablar de Japón, cuyos canales públicos de televisión, sosegados y rigurosos en su cobertura del desastre nuclear, se están comparando con el histrionismo morboso y comercial de los medios occidentales.
Hay más ejemplos. Con el huracán Katrina, en Nueva Orleans, se dieron “informaciones” sobre saqueos, violencia en las calles e historias rocambolescas que criminalizaban a las víctimas y daban coartada a la gestión represora de un Gobierno poco interesado en la ayuda humanitaria.
Existe, además, una tendencia a aprovechar los desastres para reforzar los postulados ideológicos del medio, como ocurrió con el terremoto de Perú de 2007, cuando los medios acusaron a Chávez de enviar latas de alimento con propaganda política, según “revelaba” una foto sin firma de una noticia sin firma en un periódico regional. La realidad es que nadie llegó a ver aquellos envases.
Otras veces, al interés político se le añade la necesidad de construir una realidad simple que pueda venderse fácilmente. Es lo que sucede hoy en Libia, con denuncias falsas sobre fosas comunes y bombardeos del régimen a la población civil en determinadas ciudades. El periodismo debe explicar y denunciar la realidad; no deformarla para servir a intereses espurios. Félix Povedano Mínguez.

¿Nucleares? No, gracias

Las explosiones en la central nuclear de Fukushima ocasionadas por el terremoto y el tsunami acaecidos este mes en Japón han abierto de nuevo el debate sobre la energía nuclear. No es para menos: el desastre ha provocado la expulsión a la atmósfera de partículas radiactivas, por lo que las autoridades han tenido que demarcar una zona de seguridad de 30 kilómetros. Además, en las proximidades de la central se han registrado valores entre 8 y 10 veces más altos que los máximos soportados por los humanos, y en Tokio, medidas de radiación superiores a las normales. Por otro lado, en la escala que mide el grado de peligrosidad, la central se encuentra en el 6 –cuando el 7 es para accidentes muy graves, como el de Chernóbil-.
A pesar de que el Gobierno asegura que las radiaciones no presentan peligro más allá de la zona de exclusión, hay una veintena de afectados severamente, lo que, junto a las demás consecuencias citadas, es ya motivo de alarma. Por ello, más allá de acciones oportunistas de última hora –como la decisión de la canciller Merkel de suspender el plan que alargaba la vida a las centrales- el asunto de lo nuclear requiere un debate urgente. No sólo por la gran peligrosidad de ese tipo de energía, sino también por la necesidad de impulsar las renovables y establecer un modelo eficiente a la vez que respetuoso con el medio. Ese debate no puede ser ajeno a la sociedad española, máxime cuando España exporta ya electricidad nuclear a Francia. Con tal exceso de potencia instalada, hoy se podría prescindir de las nucleares en este país. Una desaparición progresiva para poder desarrollar a la vez las renovables parece una alternativa sensata. Félix Povedano Mínguez.

Defender el periodismo

Si hay algo que caracteriza al periodismo, es la ausencia de una regulación que proteja a los trabajadores de la profesión y controle las malas prácticas. En 2000, el Foro de Organizaciones de Periodistas redactó y aprobó el Estatuto del periodista profesional, documento que, una vez estuviera debatido y aprobado por la sociedad civil y la representación política, se establecería como un instrumento legal para regular el sector.
Este Estatuto, que fue impulsado por los sindicatos (periodísticos y de clase) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) –ahora contraria al borrador-, respondía a una promesa de Rodríguez Zapatero que abogaba por establecer unas leyes de juego para la profesión. Sin embargo, la cobardía política del Gobierno, los intereses de los dueños de los medios y la nueva posición de la FAPE impidieron el desarrollo del proyecto. Pese a las acusaciones que se vierten sobre la iniciativa, con advertencias sobre una supuesta tutela estatal de la información, el verdadero objetivo del Estatuto del periodista era crear un código ético, sancionar a los trabajadores y empresas que lo violaran, fomentar la participación de los redactores en la orientación editorial, crear comités de redacción que mediasen entre empresa y empleados y constituir un Consejo estatal de la información para preservar todos estos derechos, entre otras tantas medidas encaminadas a otorgar mayor independencia al trabajador y, por ende, a profesionalizarlo. Por desgracia, ello no tiene cabida en la lógica de los empresarios, anclados en una “autorregulación” que sólo sirve para que los periodistas continúen sin ser considerados como trabajadores sujetos a normas y derechos. Félix Povedano Mínguez.

No hay democracia sin información

El carácter democrático de una comunidad depende de manera fundamental del nivel de conocimiento e información que tengan sus miembros. Sin embargo, esto es algo que no entienden –o entienden pero obvian- los políticos españoles, quienes parecen poco dispuestos a acometer una ley que garantice el acceso a la información pública para los ciudadanos y, en especial, para un sector profesional concreto: el de los periodistas.
Es cierto que el PSOE planteó en 2004 promover una ley de este tipo. Cuatro años después volvió a hacerlo, pero la realidad es que aún no ha llegado esa ley que verdaderamente permita el acceso a los archivos y registros de instituciones públicas. Ni siquiera hay un debate abierto sobre el asunto.
En cualquier caso, cuando el Gobierno de turno decida cumplir con esta necesidad social, sería bastante acertado que los llamados a legislar y a asesorar se fijaran en la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que desde 1966 existe en Estados Unidos. Esta norma permite desclasificar documentos, lo cual no sólo supone una fuente de información pública, sino también un elemento de control social, al ejercer de inhibidor de malas prácticas. Un país como España, con tantos asuntos sin aclarar, agradecería sobremanera una ley parecida. Así, podría conocerse más sobre los entresijos de la Transición, el verdadero papel del monarca en el 23-F, el asesinato del cámara José Couso por el ejército estadounidense, algunos temas de Wikileaks o la actual servidumbre que rinden los Gobiernos españoles a los de EE UU, cuya sociedad, aunque más antidemocrática que la de aquí, aventaja al Estado español en esta materia. Félix Povedano Mínguez.

Sí a la democracia

La izquierda abertzale ilegalizada ha constituido un nuevo partido político, Sortu. En sus estatutos, la organización rechaza la violencia, incluida la de ETA; niega su instrumentalización por organizaciones violentas o partidos ilegales; propone la desaparición de todo tipo de violencia, especialmente la de la banda armada, y solicita la reparación para todas las víctimas del conflicto vasco. De esta manera, Sortu cumple con la antidemocrática Ley de Partidos, en virtud de la cual se ilegaliza a toda organización que no condene ni rechace explícitamente a ETA. Es decir, que la izquierda abertzale no legal acepta los requisitos por los que anteriormente se la ilegalizó. Para entender mejor lo que supone la propuesta de Sortu, resulta especialmente significativa la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó, en 2007, a la candidatura de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por no rechazar expresamente en sus estatutos la actividad de ETA. En esa ocasión se consideró a ASB continuadora de la ilegal Batasuna y, para su prohibición, se alegó que el partido no presentaba ningún indicio de ruptura. Sortu sí lo hace. Ante esta situación, el Estado no tiene más remedio que legalizar al partido.
No obstante, los nacionalistas españoles ya han comenzado a inventar nuevas condiciones para la legalización. Ahora se exige condenar también los atentados perpetrados hasta hoy, una condena retroactiva que no se pidió en la llamada Transición a los hombres de la dictadura, los cuales sí tenían las manos manchadas de sangre y su delito no se limitaba a una sucia connivencia moral con crímenes ajenos. Félix Povedano Mínguez.

Un fantasma recorre el Magreb y Oriente Medio

Los pueblos del norte de África y Oriente Medio han iniciado una serie de revueltas para derrocar a los regímenes dictatoriales que los gobiernan y reivindicar derechos sociales y políticos. La inmolación a lo bonzo de un joven tunecino que pretendía protestar así por la situación económica de Túnez supuso el inicio de las movilizaciones. El presidente del Gobierno, Ben Alí, tuvo que abandonar el país, que ahora se debate entre el continuismo o la verdadera ruptura. Mientras, el pueblo de Egipto intenta echar del poder al líder del régimen, Hosni Mubarak. De momento, el tirano ha hecho algunas concesiones, como las promesas de reformar la constitución y no volver a postularse como presidente. El Ejército tampoco le obedece. Pero no se va.
Así las cosas, resulta imprescindible reflexionar sobre por qué estos regímenes, autoritarios e indiferentes ante las malas condiciones socioeconómicas de la población, han sobrevivido con tanta placidez, sin llegar a ser objeto ni de crítica periodística ni política. Organismos supranacionales y determinados países hacen ahora vagos y genéricos llamamientos a la democracia, cuando ellos mismos han apadrinado a regímenes tiránicos para salvaguardar sus intereses económicos y geoestratégicos. Para el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, Mubarak no es un dictador. El FMI alabó la misma situación económica de Túnez que ha motivado la protesta. Las agencias de calificación de deuda bajan la nota de estos países debido a la “inestabilidad” que provoca la apertura democrática. Pueden hacerse reformas en el corto plazo, pero la verdadera democracia exige acabar también con esta “Comunidad Internacional”. Félix Povedano Mínguez.

Una sociedad morbosa y analfabeta

La asimilación del morbo y la ignorancia por parte de una sociedad trae siempre consecuencias detestables. El último caso que lo ejemplifica es el de un hombre acusado por la sociedad y los medios de comunicación, y finalmente exculpado por la Justicia, de haber violado y asesinado a la hija de su pareja. Diego Pastrana, así se llama el hombre, llevó a la niña de tres años a un centro médico, después de haber hecho lo mismo cuatro días antes a causa de una caída de un columpio. En esa ocasión, el médico de turno no dio mucha importancia al caso y les mandó para casa. En la segunda visita al centro de salud se detectaron posibles indicios de malos tratos y abusos sexuales, por lo que se detuvo al padrastro, mientras que a la niña se la trasladó al hospital, donde finalmente murió. A partir de entonces, los medios de comunicación, ávidos de desgracias humanas que puedan reportarles beneficio, emprendieron una campaña de desprestigio contra Pastrana, al que, sin pruebas ni veredicto judicial, tacharon de asesino y violador, con la colaboración de la Policía, partera de los “indicios” de abusos; y de las autoridades políticas, que no dudaron en condenar un hecho no demostrado.

Resulta alarmante esa siniestra necesidad social de establecer juicios paralelos e iniciar una competición por ver quién se siente más ofendido con las desgracias ajenas, para, en consecuencia, proponer el castigo más duro y formular la acusación más gratuita. Pero es más grave aún que el maltrato sea también policial, como ha denunciado el propio Pastrana. La Justicia existe para evitar este tipo de linchamiento; y el periodismo, para clarificar los hechos. Una sociedad democrática debe asimilar mejor ambas disciplinas. Félix Povedano Mínguez.

Lo rentable de la mediocridad

El cierre del canal de noticias CNN+ ha servido para certificar dos realidades: que las empresas mediáticas no respetan los formatos de calidad ni para reproducir su propia ideología, y que la información y la cultura no son un derecho ciudadano. Al contrario; son, en la práctica, dos de tantos contenidos susceptibles de difundirse o ser echados a la basura, según disponga el mercado. CNN+ finalizó su emisión el pasado 28 de diciembre a las 00:00 como consecuencia de los acuerdos entre su empresa editora –PRISA- y Mediaset, accionista de Gestevisión Telecinco. Como resultado de las negociaciones, fue adquirido por Telecinco el canal de PRISA Cuatro, con quien CNN+ compartía estructura y redacción. Pese a ello, la cadena de noticias parece no caber en la nueva aventura de PRISA. La prueba más evidente de que la televisión de Berlusconi se ha cobrado ya el precio de los acuerdos es la aparición de Gran Hermano 24 horas en el canal digital que ocupaba CNN+. Así las cosas, PRISA acepta formar parte de un proyecto que subordina la información al entretenimiento más rancio.
Afortunadamente, el hecho ha generado algo de controversia, aunque los análisis de lo sucedido se quedan en la superficie. De hecho, la única crítica pasa por lamentar que “se sustituya realidad por telerealidad” y que desaparezca “una voz progresista”, comentario manifiestamente ingenuo. El problema real es que los derechos de información y cultura carecen de control popular y se dejan en manos de quienes responden sólo a sus necesidades de empresa, no a su función de servicio público. Pese a todo, Gran Hermano servirá para reflejar las secuelas sociales de la actual estructura mediática. Félix Povedano Mínguez.

Palomares, sin investigación, sin justa reparación y sin culpables

Se cumplen hoy 45 años del choque de dos aviones de EE UU en la localidad almeriense de Palomares, accidente que se saldó con la muerte de siete ocupantes y la caída de cuatro bombas atómicas, tres de ellas en tierra y una perdida en el mar. Pese a lo trágico de la situación, nunca se han llegado a investigar convenientemente los hechos, y mucho menos sus consecuencias, por peligrosas que pudieran seguir siendo.
Lo más que hizo EE UU en aquel momento fue emprender la búsqueda de la bomba hundida en el mar, siempre con el objeto de evitar que cayera en manos enemigas, algo que preocupaba mucho más que las posibles consecuencias para la salud del pueblo. A pesar del interés de los americanos en hallar la bomba, tuvo que ser un pescador de la zona que había presenciado el siniestro el que les indicara dónde se encontraba.
Ni EE UU ni el Gobierno quisieron realizar un estudio del suceso, pero ello no impidió al Régimen asegurar que el peligro era inexistente, sin más garantía que el baño público que el exministro franquista de Información y Turismo Manuel Fraga se dio en la supuesta zona afectada. Hoy, 45 años después, se puede afirmar que sí hubo consecuencias dañinas. Expertos catalanes en Medicina informaron de que Palomares, tras el accidente, llegó a ser la zona con mayor contaminación de plutonio en el planeta. En esa línea se ha expresado recientemente el toxicólogo Eduard Rodríguez, quien sostiene que llegó a haber gente contaminada con plutonio, según análisis de orina realizados. Sin embargo, las autoridades políticas del PP de la zona heredan aún el ocultismo franquista y evitan tomar medidas de investigación y reparación. Félix Povedano Mínguez.

Liberalismo: el pretexo teórico de la burguesía

Según Locke y los liberales, la propiedad privada surge cuando los hombres comienzan a trabajar la tierra, como derecho a poseer el fruto de su trabajo. Pero ¿cómo justificar esa forma de propiedad cuando la tierra está ya repartida? Ellos arguyen que la posibilidad de vender tu fuerza de trabajo, que es propiedad tuya, también valida su teoría en este supuesto.

El primer razonamiento implica defender la apropiación del producto íntegro de tu trabajo, tal como hace el anarquismo pequeñoburgués, y, por tanto, aceptar un sistema individualista y meritocrático que, aunque puede acabar con ciertas formas de parasitismo, en ningún momento asegura una vertebración social medianamente avanzada. Todo lo contrario, obvia deliberadamente las distintas necesidades de las personas, así como su desigual posibilidad de aportación laboral.

El segundo argumento es directamente una falacia que, además, choca frontalmente con el primero. Esto es así porque abogar por la venta de la fuerza de trabajo es hacerlo también por la existencia del trabajo asalariado, lo cual se contradice con el respaldo a que uno tenga derecho sobre el producto de su trabajo.

Es cierto que en ambos casos el trabajador tiene algo que vender gracias a su propio esfuerzo, pero en el segundo, al ser la fuerza de trabajo lo que se vende, se da pie a que un hombre viva del fruto que produce otro, sólo porque en su momento tuvo medios para comprarle la fuerza de trabajo, es decir, su mercancía. Pero ésta es una mercancía que, en todo momento, va íntimamente ligada al trabajador que la vende, por lo que es el propio trabajador quien acababa convertido en mercancía.

De ahí surgirán de manera automática situaciones en las que un hombre con cierto capital realice unas inversiones entre las que se encuentre la compra de trabajadores, que desarrollarán una actividad de cuya parte del producto se apropiará cuan famélico parásito. Así las cosas, ni con la defensa utópica del sistema donde el individuo se lo guisa y se lo come, ni con la del otro, que aboga por venta de la fuerza de trabajo, se podrá evitar la existencia del modo capitalista de producción, que es inherente a la propiedad privada.

A partir de esto se pueden desarrollar una infinidad de desigualdades sociales, de productores en precariedad (o en la miseria, si el capitalismo, más puro; más libre, ha impedido que se generen estructuras de intervención redistributiva y protectora) y de intermediarios cuya vanidad es tan sólo comparable a la riqueza que roban.

Antes se ha comentado que la propiedad privada es idiosincrásica al capitalismo, pero éste necesita un segundo cimiento sobre el que sostenerse: el Estado, que no es sino el instrumento monopolizador de la violencia que utilizan las clases dominantes (en este caso, la burguesía) para controlar y explotar a las dominadas. Para los liberales, el Estado, con sus mecanismos represivos (policía, ejército, jueces…) tiene como objetivo fundamental proteger la propiedad privada.

Podemos decir, pues, que la propiedad privada da origen al modo de producción capitalista, mientras que el Estado asegura su supervivencia.
No obstante, es incorrecto identificar capitalismo con liberalismo, pues muchas otras corrientes de pensamiento amparan esa forma de producción. Si bien, es cierto que los liberales lo defienden en su forma más pura, más natural, sin las estructuras y políticas de integración social que se aprecian en las teorías socialdemócratas y fascistas, por ejemplo.

La clase burguesa, los grandes propietarios, los profesionales pudientes convienen en respaldar las tesis liberales, feroces enemigas de impuestos progresivos que redistribuyan la riqueza y den solvencia a las arcas públicas para crear una red de servicios sociales, enemigas también de una regulación que limite los estragos humanos del sistema.

Sin embargo, dependiendo del contexto político y socioeconómico, esto puede cambiar. Por ejemplo, en una situación histórica en la que una parte de Europa, la revolucionaria, promete el cielo en la tierra, las capas reaccionarias de la otra parte se ven obligadas a sustituir el liberalismo económico salvaje por un “capitalismo social”, pero sólo hasta que termine la correlación de fuerzas. Después, se puede volver a la normalidad.

A las iniciativas populares, a las luchas en los centros de estudio y de trabajo, a las huelgas y manifestaciones, a la conciencia de clase de los sujetos que, tras reivindicar sus necesidades más primarias, prosiguen cuestionando de manera global el vigente orden de cosas, a todos estos factores, que históricamente han estado en contradicción con el liberalismo económico, debemos los derechos de los que disfrutamos actualmente, de los que disfrutaremos en el futuro y de los que disfrutamos en algún momento y ahora están desapareciendo.

Sin embargo, una cosa está clara: mientras haya propiedad habrá clases, y mientras existan las clases existirá el Estado, con la consiguiente dosis de represión que alberga en su seno. Por tanto, la abolición de la propiedad y la paulatina sustitución del Estado por organismos más democráticos y horizontales que satisfagan las necesidades humanas será el único camino para la verdadera realización del hombre, para su emancipación.

El derecho de rebelión

El derecho de rebelión respalda la sublevación del pueblo, ya sea contra un poder ilegítimo, o contra uno que, pese a tener origen democrático, esté violando los derechos ciudadanos que se comprometió a salvaguardar. Tras el derrocamiento, el pueblo debe instaurar un nuevo gobierno legítimo que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La primera pregunta que esto nos plantea es ¿quién se levanta contra ese poder despótico? La respuesta nos la dará el contexto político; en sistemas absolutistas, autoritarios o totalitarios, lo lógico es que lo hicieran los propios ciudadanos en armas por iniciativa propia.

En sistemas donde el poder se encuentra repartido entre distintos organismos políticos, jurídicos, legislativos, militares, empresariales, bancarios y eclesiásticos (situación más acorde con los tiempos que corren), el levantamiento contra el poder ejecutivo puede ser auspiciado, bien por una suerte de poderes fácticos, bien por apéndices del Estado ajenos al gobierno.

No obstante, cabe la posibilidad de que la rebelión, la desobediencia civil, venga desde abajo, del propio pueblo. Eso sí, ya sea éste el que impulse el movimiento, ya sean otros poderes organizados, es posible que ambas partes actúen bajo cierta influencia de la otra. Aunque lo cierto es que esa “influencia”, cuando viene de arriba abajo, suele ser en forma de manipulación, y cuando es al revés, los poderes fácticos ejecutores de la voluntad popular actúan por intereses distintos de los que dicen defender.

La segunda cuestión es si esas rebeliones, especialmente las que se puedan producir en la actualidad, estarían amparadas por la ley. Obviamente, en la mayoría de los casos, eso es algo muy relativo y que está expuesto a la interesada visión de las partes implicadas. El poder contra el que se atente, normalmente el ejecutivo, adoptará el papel de víctima y asegurará que se está violando la legalidad vigente, mientras que la trinchera rebelde alegará que ese gobierno se había desviado de su papel y que, precisamente para defender la legalidad, la sublevación se hace indispensable.

Y este esquema, en mi opinión, se puede extrapolar a todo tipo de situaciones; desde grandes conflictos nacionales hasta iniciativas ciudadanas que sólo pretenden rebelarse ante una norma o ley concreta, siempre con la presunta certeza de que es el poder quien verdaderamente está faltando a su cometido, bien por no aplicar la ley, bien por aplicar una que atenta contra derechos fundamentales como son la vida o la libertad, con la gran carga de subjetividad que conlleva este último término.

Habrá quien opine que las sociedades “democráticas” ofrecen instrumentos, como la libertad de prensa, de asociación y de huelga, que canalizan los descontentos ciudadanos y permiten invertir situaciones sin necesidad de entrar en conflictos legales. Sin embargo, con estas herramientas tan sólo se puede presionar, persuadir, o a lo sumo crear un clima propicio para que se atente contra el poder establecido, pero ahí ya se entra de nuevo en un cruce de acusaciones legales o morales donde no existe una verdad clara, sino el sesgo ejercido por una o ambas partes.

Por otro lado, la pertinencia del uso de la fuerza para estas empresas está sujeta también a la visión de cada implicado. Unos la verán como una elevación de la brutalidad ejercida contra el orden vigente y otros como necesidad para defender con más eficacia ciertos derechos universales e inalienables.

Por tanto, ante la pregunta de si se podría aplicar el derecho de rebelión en la actualidad, mi respuesta sería que lo pueden ejercer unos cuantos en función de sus criterios o intereses, pero nunca como un concepto puro y verdadero al estilo platónico. Por esta razón, intentar buscar ejemplos concretos en nuestra historia actual es más interesante que perderse en disquisiciones teóricas e idealistas.

Podemos empezar hablando del golpe de Estado contra el gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Unos lo vieron como una respuesta furiosa de la burguesía chilena y estadounidense ante las reformas económicas del Gobierno (nacionalizaciones, en especial la del cobre, programas sociales, control de precios…), en la que estuvieron implicadas ciertas multinacionales estadounidenses; políticos del vecino del norte; la escuela económica de Chicago, con Friedman y Harberger a la cabeza; el terrorista Pinochet y los militares, las oligarquías autóctonas y la iglesia.
Otros, por su parte, aseguraron que era una maniobra necesaria para salvar a Chile de las garras del comunismo.

Otro ejemplo es el golpe militar fallido que realizó Hugo Chávez en 1992 para, según él, acabar con la “corruptocracia”. El actual presidente alegó que el gobierno de entonces se había vuelto ilegítimo por sus actos y era necesario derrocarlo. Lo mismo debieron pensar quienes se lo dieron a él diez años después.

Para justificar o condenar tales acciones se debe hacer un análisis complejo de la situación, como debió de hacer el periódico El País, que siempre ha reprochado al líder venezolano su intentona golpista y, sin embargo, vio con ojos bien distintos el que cometieron contra él en 2002, a juzgar por el editorial que le dedicaron.

Algo parecido está ocurriendo en Honduras. El presidente democrático, Manuel Zelaya, dejó de serlo para algunos porque quiso convocar un referendo para preguntar a los ciudadanos si quería que se colocara una urna más en las próximas elecciones para que votaran si estaban de acuerdo con que se reformara la constitución, y los presidentes (no él exclusivamente) pudieran ser reelegidos indefinidamente, tal como sucede en 17 países de la Unión Europea, entre ellos el nuestro.

El ejército, con el apoyo expreso de la iglesia (o al menos parte de ella) y por petición de otras instituciones del Estado, echó al presidente del país a punta de bayoneta. Los golpistas aseguran haber evitado que un líder como Zelaya, (burgués arrepentido y perteneciente a un partido de derechas) vendido al chavismo y al comunismo, destruya la democracia hondureña. Otros apuntan a que determinadas políticas del mandatario, como la del salario mínimo, han irritado al empresariado, posible impulsor del golpe. Ésta es también otra situación compleja de analizar, a juzgar por la ambigüedad con que la han tratado algunos medios. Otros directamente no han ocultado su simpatía por el nuevo gobierno.

Éstos son algunos ejemplos de grandes conflictos en los que se ha debatido intensamente sobre el derecho del gobernante a permanecer donde está y el de los gobernados a rebelarse. Pero en situaciones mucho más cotidianas podemos encontrarnos con problemas que tienen la misma raíz.

Un ejemplo lo encontramos en determinadas acciones realizadas en el seno de las movilizaciones estudiantiles contra los planes de Bolonia, como pueden ser los encierros, la toma de facultades, o la continuación de manifestaciones una vez terminado su itinerario. Estos actos son desacatos a la autoridad por considerarla reaccionaria y ajena a los intereses de ciertos colectivos.

Pero también ocurre esto cuando unos trabajadores defienden sus derechos con el uso de la fuerza, o cuando en Francia retienen durante horas o días a algún empresario, o cuando un grupo de personas que dice representar los intereses de un sector de la población se constituye en banda armada ¿quiénes tienen la legitimidad; los que se rebelan ante lo que consideran un atentado a sus derechos o los que gobiernan amparándose en una constitución, un plebiscito o una determinada ley?

Intentar evitar estos problemas o construir teóricamente una receta que se pueda aplicar en todos los casos es un absurdo mayúsculo. Mientras haya un sistema en el que se desarrollen tales antagonismos de clase, este tipo de conflictos deberán verse como algo natural, inherente a las propias relaciones de producción, idiosincrásico a las propias estructuras jerárquicas.

El País lanza piedras contra Cuba pero le caen en su propio tejado

El diario neocolonial El País publica hoy, 26 de septiembre, un artículo de opinión (noticia, en su jerga) que habla sobre los recortes en gasto social que va a acometer el gobierno cubano debido al realismo económico que ha despertado la crisis. Para desacreditar el sistema que lleva funcionando durante 50 años, el autor, un tal Mauricio Vicent, emplea la cansina y estereotipada fórmula de identificar a Fidel con una política voluntarista, alejada de la realidad, que antepone "la ideología" a la economía. La intención es descubrir un supuesto paternalismo estatal que todo lo subvenciona provocando así un derroche de recursos.

En esta empresa, el autor desglosa una serie de servicios de los que, hasta ahora, disfrutan los cubanos, siempre con una doble intencón: por un lado, provocar sensación de derroche económico, por otro, alertar del gran recorte que va a producrise. Entre dichos servicios se citan los 24.700 comedores obreros que dan de comer a 3,5 millones de trabajadores (una tercera parte de la población), las subvenciones a la cartilla de abastecimiento, las vacaciones subvencionadas para dirigentes y trabajadroes ejemplares o el entierro y el ataúd gratuitos de que disponen todos los cubanos. Asimismo, se afirma que la educación, la salud y la seguridad social no se tocarán por ser considerados servicios esenciales.

Para cerrar y resumir la exposición de estos despropósitos económicos, el autor explica que el Estado se había encargado tradicionalmente de asegurar a la población el suministro de comida, ropa, educación, escuela, etc, independientemente de si el beneficiario era productivo o no en su trabajo o de si el coste del servicio era demasiado alto. Finalmente, concluye con una cita de Raúl Castro en la que el dirigente afirma que "la gente (debido a que ve sus necesidades cubiertas) siente que no tiene necesidad de trabajar".

Y aquí es donde el radicalismo desproporcianado juega una mala pasada al diario de la multinacional PRISA. El autor ignora que, en sus intentos de evidenciar ese presunto paternalismo irracional y hacer sangre y amarillimso de la que se avecina por los inminentes recortes, ha hecho una tenaz apología de los logros de la Revolución. Asegura que el sistema es malo porque hace que la gente se acomode y no sienta necesidad de ser competitivos y eficientes en el trabajo, sí, pero para ello ha tenido que reconocer que ese Estado se preocupa de proveer a los ciudadanos de cuanto necesitan. Ni yo haría una defensa tan cerrada del socialiso cubano.

Marinaleda, un oasis socialista en el Estado español

Si les hablase de un lugar donde se puede adquirir una vivienda por 24.000 euros; donde el pleno empleo es una realidad; donde no existe la Policía y las decisiones políticas se toman de manera asamblearia, seguramente se les vendrían a la mente conceptos aparentemente abstractos y utópicos como, por jemplo, socialismo, anarquismo o comunismo. A mi se me viene democracia, que presenta cierta sinonimia con los tres anteriores. Y también se me viene a la cabeza un pueblo de la provincia de Sevilla llamado Marinaleda, de alrededor de 3000 habitantes, una localidad que presenta una serie de pecualiaridades difícilmente encajables en el contexto capitalista y jerarquizante en que vivimos. Sin duda, una de sus carácterísticas más reseñables es su historia, o quizás deberíamos decir la construcción de su propia historia.

Juan Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda desde las primera elecciones, allá por el año 1979. Fue uno de los fundadores del Sindicato de Obreros del Campo y de Izquierda Unida, donde milita a través de la organización Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI). Desde la fundación del sindicato, este pueblo sevillano comenzó su lucha por dignificar la vida de los jornaleros de Andalucía, una tierra donde las contradicciones de clase han estado siempre más marcadas y la miseria más generalizada.

La necesidad de tierras para impulsar el desarrollo democrático de la economía les llevó a iniciar una larga serie de marchas ocupando las tierras del cortijo del duque del Infantado (amigo del rey de España), lo que conseguirían finalmente, después de doce años de intentos y desalojos, gracias a la reforma agraria que arrancaron a la Junta de Andalucía. La gente de Marinaleda creó la cooperativa El Humoso a partir de la ayuda de la administración, que expropió al duque 1200 hectáreas y se las cedió a los trabajadores, al igual que la maquinaria y las inversiones.

Después de aquello, los vecinos crearon ocho cooperativas y dieron un fuerte impulso a la agroindustria. Hace 9 años crearon la fábrica de transformación agroalimentaria, que ha permitido la incorporación de la mujer al mundo laboral. Como afirma una de las trabajadoras, ahora, aunque no todos sean cooperativistas, sí trabajan para ellos mismos, la plusvalía que se genera no se la queda ningún patrón, sino que se utiliza para generar más empleo. Como se ve, en esta localidad el sector del campo se ha transformado considerablemente. Lo que eran extensas llanuras de trigo y girasol, un latifundio de secano, los jornaleros lo convirtieron en una finca de regadíos donde ellos mismos controlan la tierra y la producción, lo que hace viable que exista trabajo prácticamente todo el año. Otra ocupación, la del pantano, ha hacho más fácil esa renovación de los cultivos.

Quizás para buena parte de los vecinos de Marinaleda la tranformación del campo sea el mayor de sus logros. Sin embargo, lo que les ha dado mayor fama fuera de la localidad ha sido el proyecto de viviendas de autoconstrucción: la Junta de Andalucía pone los materiales en colaboración con el Ayuntamiento, que expropia el suelo y lo municipaliza para cederlo gratuitamente.Los albañiles y el arquitecto también son gratis. El autoconstructor, por tanto, sólo pone su fuerza de trabajo. En las asambleas de autoconstructores se toman decisiones y modificaciones sobre el proceso.

Este sistema permite a los vecinos adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados, un baño, tres habitaciones y un patio de 100 metros cuadrados (por si se quiere hacer ampliaciones) por 15 euros al mes, lo que suele traducirse finalmente en 24.000 euros, 50.000 lo más caro. Las adjudicaciones funcionan por un sorteo con baremación y los únicos requisitos para adquirirla son no especular con ella y llevar viviendo al menos dos años en el pueblo. Por otro lado, el tiempo que el autoconstructor ha empleado en hacer la vivienda se le descuenta de su precio total, de manera que su trabajo en la obra se le revierte en forma de "salario inducido"¿Y en la práctica funciona? Hasta ahora más de 350 casas se han construido siguiendo este patrón y ya se proyectan otras 150.

El proyecto de autoconstrucción tiene un plus de interés por realizarse en un Estado que se ha ganado a pulso la patente de la especulación urbanística e inmobiliaria. Y precisamente es eso lo que se intenta evitar en este oasis democrático; la especulación. Por este motivo las viviendas no se pueden vender, a lo sumo, puede que en el futuro pueda heredarse el uso para evitar "tentaciones especulativas", pero no debemos olvidar que estas viviendas son de la colectividad.

Reconceptualización del urbanismo y el trabajo en el campo, sin duda, dos de los grandes pilares de este proyecto, pero no los únicos. Por ejemplo, dejar a un crío en la guardería con derecho a desayuno y a un almuerzo elaborado bajo los criterios nutritivos del pediatra del municipio cuesta 12 euros al mes. No hay lista de espera. Ésta sí es una medida estructural que ataja los problemas de la infancia, lo cual no impide que además se complemente con la ayuda de 600 euros por cada recién nacido, algo más propio del mercadilleo zapateril, pero que no produce rechazo cuando se realiza sobre la base de un proyecto serio como es el de la guardería. No obstante, la educación en Marinaleda no se reduce a esos niveles, pues el municipio ofrece la posibilidad de realizar allí toda la educación obligatoria.

A lo largo de la Historia, una de las cacterísticas más interesantes del socialismo ha sido precisamente la que menos se ha visto desarrollada en la práctica, esto es, la democracia política, el asamblearismo. Por ello, es especialmente meritorio que el radicalismo democráctico sea el tercer gran pilar de Marinaleda. A diferencia del resto de los municipios del régimen borbónico, en esta localidad sevillana se gobierna mediante asambleas de trabajadores, de vecinos, es decir, al estilo soviético (un soviet no es más que una asamblea de trabajadores). Existen dos tipos de administración: la Asamblea General y las asambleas de barrio.

La primera, según se afirma en la página web del Ayuntamiento, "está abierta a todos los vecinos, que tienen derecho a voz y voto de cuantos asuntos se traten, ya sea si se suben o se bajan los impuestos, el presupuesto del Ayuntamiento, si se ocupa una finca o cómo se reparten las viviendas. En estas Asambleas participan de 400 a 600 personas y se reúnen unas 25 o 30 veces al año y en caso de movilización todos los días". Y continúa, "La asamblea general es nuestro máximo órgano de decisión tanto a efectos sindicales como políticos".

Las segundas se realizan cuando surge un problema en algún barrio, se reúne a los vecinos y ellos mismos, con voz y voto, reflexionan sobre las posibles soluciones. A su vez, y para llevar a cabo lo aprobado en las asambleas, existen los llamados grupos de acción, formados por 25 ó 30 personas, entre ellas: concejales, el comité ejecutivo del sindicato (SOC) y toda la gente o grupos que tengan una actividad en el pueblo. Puede pertenecer cualquier persona que lo desee y se organiza por secciones de trabajo como cultura, fiestas, urbanismos, deportes, ecología o paz. Y finalmente nos encontramos con la práctica del presupuesto participado, por la que todos los años se explica, barrio por barrio y con unas cartulinas colgadas de un atril, el presupuesto de gastos e ingresos. En el lugar de reunión donde se estén explicando las cuentas los vecinos opinan y añaden las reivindicaciones oportunas. Una vez finalizado el recorrido, en la Asamblea General se recogen las propuestas de cada grupo de barrio y se decide democrácticamente la aprobación o rechazo del presupuesto.

La reforma agraria, las viviendas de autocontrucción y la democracia asamblearia son los tres elementos vertebradores del proyecto de Marinaleda, si bien existen otras costumbres no menos reseñables que otorgan al pueblo pequeñas dosis de socialismo.

Por ejemplo, el sueldo del alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es el mismo que el de sus compañeros de la cooperativa, siempre en la media del salario del pueblo; los domingos rojos, que consisten en una serie de trabajos gratuitos y voluntarios que se hacen muchos domingos al año en arreglos de calles, de jardines, ayuda a la autoconstrucción de viviendas o trabajo dentro de las cooperativas agrícolas; las escuelas-taller, donde los jóvenes se forman y reciben un pequeño sueldo; la televisión de información alternativa de que dispone el pueblo, la cual emite todos los días y sin publicidad; la señal colectiva para ver los partidos del plus; y, de manera más simbólica, el sillón vacío en el Consistorio porque, según palabras del propio Gordillo, "el poder es del pueblo, y como el pueblo entero no cabe en este sillón, se quedará vacío", o el nombre de las algunas calles, como Che Guevara o Salvador Allende.

No obstante, Marinaleda también tiene sus lagunas, por ejemplo, la dependencia de la Junta hace que no sea un proyecto cien por cien autogestionario. También, el hecho de que los chavales encuentren buenas condiciones laborales en el campo hace que la mayoría decline la opción de continuar los estudios una vez superada la enseñanza obligatoria. Según afirma un jornalero en un reportaje de televisión, no opta a vacaciones remuneradas en su trabajo en el campo, aunque asegura estar satisfecho con el sistema que allí funciona. Sea como fuere, ya se trabaje dentro o fuera del pueblo, Marinaleda ofrece unas facilidades como la vivienda o la guardería inimaginables fuera de esa peqeña isla andaluza.

La continuación con un modelo similar por parte de otras localidades aledañas y administraciones superiores podría mejorar aún más la calidad de esos pueblos, pues una estructura grande posibilita una mayor cantidad de recursos que un proyecto aislado. En todo caso, Marinaleda tiene la oportunidad de adentrarse definitivamente en una verdadera democracia. Para ello no tienen más que renunciar a las ordinarias elecciones del régimen liberal-burgués, pues, si atendemos a la democracia interna del pueblo, lo único que pueden aportar las elecciones institucionales es el fin de dicho sistema asambleario si saliera elegido el PSOE (con tres concejales menos que IU) o el PP (sin representación).

Esto no debe escandalizarnos, pues la propia democracia liberal-burguesa del reino no se pantea la posibilidad de que se presente un partido que, llegado el momento de gobernar, suprimiera las relativas libertades civiles que forman parte de dicha democracia o que decidiera no volver a convocar elecciones con la excusa de haber ganado ya una elección. Es decir, que ningún sistema permite que el ganador electoral cambie las reglas de juego establecidas una vez llegue al poder. Por esta razón, si los vecinos de Marinaleda han costruído una democracia más avanzada, ¿por qué mantener la puerta abierta a una posible vuelta atrás?, ¿alguien en su sano juicio consentiría unas elecciones en las que concurrieran partidos dispuestos a restaurar el sufragio censitario o a suprimir las escuelas públicas?

En mi opinión, el siguiente paso en Marinaleda, con prudencia pero sin excesiva demora, debería ser la disolución de los partidos políticos. No puede ser de otra manera, el propio rumbo que han tomado así lo exige. El desarrollo de un sistema de tintes socialistas no puede tener otro final más que su continua maduración. Estoy seguro de que la democracia debe de ser algo parecido a eso.

¡ANDALUCÍA ENTERA COMO MARINALEDA!