La izquierda abertzale ilegalizada ha constituido un nuevo partido político, Sortu. En sus estatutos, la organización rechaza la violencia, incluida la de ETA; niega su instrumentalización por organizaciones violentas o partidos ilegales; propone la desaparición de todo tipo de violencia, especialmente la de la banda armada, y solicita la reparación para todas las víctimas del conflicto vasco. De esta manera, Sortu cumple con la antidemocrática Ley de Partidos, en virtud de la cual se ilegaliza a toda organización que no condene ni rechace explícitamente a ETA. Es decir, que la izquierda abertzale no legal acepta los requisitos por los que anteriormente se la ilegalizó. Para entender mejor lo que supone la propuesta de Sortu, resulta especialmente significativa la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó, en 2007, a la candidatura de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por no rechazar expresamente en sus estatutos la actividad de ETA. En esa ocasión se consideró a ASB continuadora de la ilegal Batasuna y, para su prohibición, se alegó que el partido no presentaba ningún indicio de ruptura. Sortu sí lo hace. Ante esta situación, el Estado no tiene más remedio que legalizar al partido.
No obstante, los nacionalistas españoles ya han comenzado a inventar nuevas condiciones para la legalización. Ahora se exige condenar también los atentados perpetrados hasta hoy, una condena retroactiva que no se pidió en la llamada Transición a los hombres de la dictadura, los cuales sí tenían las manos manchadas de sangre y su delito no se limitaba a una sucia connivencia moral con crímenes ajenos. Félix Povedano Mínguez.
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