El carácter democrático de una comunidad depende de manera fundamental del nivel de conocimiento e información que tengan sus miembros. Sin embargo, esto es algo que no entienden –o entienden pero obvian- los políticos españoles, quienes parecen poco dispuestos a acometer una ley que garantice el acceso a la información pública para los ciudadanos y, en especial, para un sector profesional concreto: el de los periodistas.
Es cierto que el PSOE planteó en 2004 promover una ley de este tipo. Cuatro años después volvió a hacerlo, pero la realidad es que aún no ha llegado esa ley que verdaderamente permita el acceso a los archivos y registros de instituciones públicas. Ni siquiera hay un debate abierto sobre el asunto.
En cualquier caso, cuando el Gobierno de turno decida cumplir con esta necesidad social, sería bastante acertado que los llamados a legislar y a asesorar se fijaran en la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que desde 1966 existe en Estados Unidos. Esta norma permite desclasificar documentos, lo cual no sólo supone una fuente de información pública, sino también un elemento de control social, al ejercer de inhibidor de malas prácticas. Un país como España, con tantos asuntos sin aclarar, agradecería sobremanera una ley parecida. Así, podría conocerse más sobre los entresijos de la Transición, el verdadero papel del monarca en el 23-F, el asesinato del cámara José Couso por el ejército estadounidense, algunos temas de Wikileaks o la actual servidumbre que rinden los Gobiernos españoles a los de EE UU, cuya sociedad, aunque más antidemocrática que la de aquí, aventaja al Estado español en esta materia. Félix Povedano Mínguez.
Es cierto que el PSOE planteó en 2004 promover una ley de este tipo. Cuatro años después volvió a hacerlo, pero la realidad es que aún no ha llegado esa ley que verdaderamente permita el acceso a los archivos y registros de instituciones públicas. Ni siquiera hay un debate abierto sobre el asunto.
En cualquier caso, cuando el Gobierno de turno decida cumplir con esta necesidad social, sería bastante acertado que los llamados a legislar y a asesorar se fijaran en la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que desde 1966 existe en Estados Unidos. Esta norma permite desclasificar documentos, lo cual no sólo supone una fuente de información pública, sino también un elemento de control social, al ejercer de inhibidor de malas prácticas. Un país como España, con tantos asuntos sin aclarar, agradecería sobremanera una ley parecida. Así, podría conocerse más sobre los entresijos de la Transición, el verdadero papel del monarca en el 23-F, el asesinato del cámara José Couso por el ejército estadounidense, algunos temas de Wikileaks o la actual servidumbre que rinden los Gobiernos españoles a los de EE UU, cuya sociedad, aunque más antidemocrática que la de aquí, aventaja al Estado español en esta materia. Félix Povedano Mínguez.
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