Si hay algo que caracteriza al periodismo, es la ausencia de una regulación que proteja a los trabajadores de la profesión y controle las malas prácticas. En 2000, el Foro de Organizaciones de Periodistas redactó y aprobó el Estatuto del periodista profesional, documento que, una vez estuviera debatido y aprobado por la sociedad civil y la representación política, se establecería como un instrumento legal para regular el sector.
Este Estatuto, que fue impulsado por los sindicatos (periodísticos y de clase) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) –ahora contraria al borrador-, respondía a una promesa de Rodríguez Zapatero que abogaba por establecer unas leyes de juego para la profesión. Sin embargo, la cobardía política del Gobierno, los intereses de los dueños de los medios y la nueva posición de la FAPE impidieron el desarrollo del proyecto. Pese a las acusaciones que se vierten sobre la iniciativa, con advertencias sobre una supuesta tutela estatal de la información, el verdadero objetivo del Estatuto del periodista era crear un código ético, sancionar a los trabajadores y empresas que lo violaran, fomentar la participación de los redactores en la orientación editorial, crear comités de redacción que mediasen entre empresa y empleados y constituir un Consejo estatal de la información para preservar todos estos derechos, entre otras tantas medidas encaminadas a otorgar mayor independencia al trabajador y, por ende, a profesionalizarlo. Por desgracia, ello no tiene cabida en la lógica de los empresarios, anclados en una “autorregulación” que sólo sirve para que los periodistas continúen sin ser considerados como trabajadores sujetos a normas y derechos. Félix Povedano Mínguez.
Este Estatuto, que fue impulsado por los sindicatos (periodísticos y de clase) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) –ahora contraria al borrador-, respondía a una promesa de Rodríguez Zapatero que abogaba por establecer unas leyes de juego para la profesión. Sin embargo, la cobardía política del Gobierno, los intereses de los dueños de los medios y la nueva posición de la FAPE impidieron el desarrollo del proyecto. Pese a las acusaciones que se vierten sobre la iniciativa, con advertencias sobre una supuesta tutela estatal de la información, el verdadero objetivo del Estatuto del periodista era crear un código ético, sancionar a los trabajadores y empresas que lo violaran, fomentar la participación de los redactores en la orientación editorial, crear comités de redacción que mediasen entre empresa y empleados y constituir un Consejo estatal de la información para preservar todos estos derechos, entre otras tantas medidas encaminadas a otorgar mayor independencia al trabajador y, por ende, a profesionalizarlo. Por desgracia, ello no tiene cabida en la lógica de los empresarios, anclados en una “autorregulación” que sólo sirve para que los periodistas continúen sin ser considerados como trabajadores sujetos a normas y derechos. Félix Povedano Mínguez.
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