La reducción de costes económicos de la Administración guía la política de Aguirre en educación infantil
Reportaje de investigación realizado por Félix Povedano Mínguez y Darío Mostaza Nistal
La Comunidad de Madrid adjudicó la gestión de dos escuelas infantiles públicas de Getafe –Arte y Casiopea- a una empresa ajena al sector de la educación –Clece-, en detrimento de las cooperativas de profesores que las habían estado gestionando hasta junio de 2010, momento en que salieron a concurso.
Desde 2005, la Comunidad de Madrid fomentaba dos tipos de gestión: la directa y la indirecta, esta última encargada a cooperativas educativas sin ánimo de lucro. Sin embargo, el 6 de marzo de 2008 se aprobó que todo tipo de empresas pudieran optar a gestionar una escuela, aunque no tuviesen experiencia alguna en educación. A partir de ese momento, la gestión directa, e indirecta mediante cooperativa, de estos centros ha ido perdiendo terreno en favor de las grandes empresas. Esto ha sido posible gracias a los nuevos criterios que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció para los concursos de adjudicación. En estos concursos se valoran tres apartados: proyecto educativo, descuento económico y aumento del personal. Hasta marzo de 2008, en los criterios del concurso primaban los valores educativos. La Administración otorgaba a la entidad gestora un dinero fijo para realizar su labor. Después, el Gobierno autonómico sacó unos nuevos pliegos en los que permitía que los concursantes pudieran hacer una rebaja sobre el dinero que se les diese; es decir, la Comunidad provee de un dinero a los aspirantes a gestores, éstos pueden proponer que les pague menos; y a mayor descuento, mayor puntuación.
Así las cosas, los concursos pasan a tener en cuenta tres factores con una puntuación distinta cada uno: el proyecto educativo, con un 45% del valor final de la nota; el descuento económico, con otro 45%; y el aumento de personal que prometiera cada empresa o cooperativa, con un 10% del valor total. A esto hay que añadirle que el ganador de la parte económica se lleva automáticamente los 45 puntos, mientras que la puntuación de los que han quedado por detrás no es proporcional (el que queda último en ese apartado sólo opta a llevarse 10 puntos).
De esta manera, pueden darse situaciones como las experimentadas por estas cooperativas de profesores, que sacaron mayor puntuación en proyecto educativo y aumento de personal que sus respectivos competidores, pero se quedaron sin la adjudicación porque las otras empresas concursantes ofrecieron un descuento económico mayor a la Administración. Concretamente, la empresa de servicios Clece, perteneciente a la constructora de Florentino Pérez, ACS, consiguió la adjudicación de la gestión de la escuela Arte con los siguientes resultados: 9,3 sobre 45 en la parte educativa; 45, la máxima calificación, en el apartado económico; y 7,5 sobre 10 en personal, lo que se traducía en la contratación de tres trabajadores más. Por su parte, la cooperativa que había gestionado el centro hasta entonces obtuvo 35 puntos en el proyecto educativo; 8,91 en el descuento económico y 10 en la sección de personal, lo que implicaba contratar a cuatro empleados adicionales, uno más que los propuestos por Clece, quien también consiguió la gestión de la escuela infantil de Getafe Casiopea.
Por su parte, la escuela Marta Mata, también del municipio madrileño, fue adjudicada a Kidsco, una empresa que sí tiene experiencia en educación -privada-. Sin embargo, no fue su proyecto educativo lo que la hizo ganar (sacó sólo 19 puntos de 45), sino “el descuento económico que ofreció a la Administración y que le valió la máxima puntuación en ese apartado”, como denuncia la educadora y cooperativista Mercedes Garzón, anterior directora de ese mismo centro y creadora de la Junta de Portavoces, una asociación de Madrid pionera en la defensa de la educación pública que funciona desde hace diez años. Y es que, el proyecto educativo que ella presentó junto con sus compañeras de cooperativa obtuvo 42,5 puntos, el mejor resultado. Aun así, se quedaron fuera.
Evidentemente, esa rebaja monetaria que los adjudicatarios hacen a la Administración conlleva una reducción de costes. Ante esto, la nueva directora de Arte, Charo Villalón, alega que “empresas grandes como Clece, al gestionar muchas escuelas, tienen muchos niños y optan a precios más ventajosos que una pequeña cooperativa a la hora, por ejemplo, de comprar los alimentos para el comedor”. Sin embargo, una de las excooperativistas de Arte, Mayte Badía, así como Mercedes Garzón, asegura que el 75 o el 80% de los costes que se tienen están relacionados con los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que resulta mínima la incidencia de los costes del comedor en el coste total. Así, las grandes empresas consiguen reducir costes -y, por consiguiente, ofrecer mejores descuentos en el concurso- a base de contratar menos empleados y pagarles peores sueldos que los que ofrecen las cooperativas de profesores. “Propusieron quedarse a las trabajadoras, pero con un sueldo de 850 euros brutos, cuando nosotros estábamos pagando 1400. Además, la disponibilidad y movilidad de horarios y centros que imponen a los empleados es muy flexible; un día puedes estar en un centro, y al siguiente en otro distinto”, explica la exdirectora de la escuela infantil Marta Mata.
En esta misma línea se expresa también la exeducadora de Arte: “Estas empresas hacen contratos de prácticas y los alargan, hasta que la ley les permite, para no tener que hacerlas [a las trabajadoras] indefinidas. Tú puedes pagarles el sueldo base, pero siempre lo hemos mejorado porque queremos que se formen y que se impliquen en la escuela. Además, el dinero que nos proveía la Comunidad
daba para pagarles más”. Asimismo, admite que algunas empleadas aceptaron trabajar para Clece. “A veces la gente tiene que agarrarse a lo que hay para seguir trabajando”, sentencia.
Con todo, las dos educadoras reconocen que al final las cooperativas se ven obligadas a reducir costes para poder competir en los concursos. Por ejemplo, Mercedes Garzón, o Michi, como cariñosamente era conocida por los padres y madres de Marta Mata, explica que tenían pensado “contratar directamente a la gente de limpieza y reducir el apoyo de cinco a cuatro personas”. Badía, por su parte, cuenta que su cooperativa ya tuvo que reducir costes, no sólo por el concurso, sino porque el Gobierno había ajustado el presupuesto. “Suprimimos los proveedores y empezamos a ir nosotras mismas a comprar la comida al Hiper Usera con una furgoneta. Las cooperativistas nos bajamos el sueldo -el de las trabajadoras contratadas se respetó-, y los padres empezaron a llevarse las sábanas y los babis a casa para lavarlos”, relata.
Esta situación de las escuelas infantiles que se está viviendo en la localidad de Getafe es también común para el resto de poblaciones del sur de Madrid, como afirma la Coordinadora de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe, Pilar Domingo García. “Otros ayuntamientos, como los de Alcorcón o Fuenlabrada, se han negado a esa reducción de costes pero no les ha quedado otro remedio que aceptar la medida de Esperanza Aguirre. El único ayuntamiento que se ha mantenido firme es el de Leganés, que ha decido sacar una de sus escuelas fuera de la gestión de la Comunidad de Madrid porque no aceptaba que saliese a concurso con unos criterios que considera ‘economicistas’. La respuesta del Gobierno de Aguirre fue cortarles la financiación, por lo que ahora “el Ayuntamiento es el único ente que sufraga la escuela”, según confirma Michi Garzón.
Al margen de los criterios que aplica el Gobierno de Esperanza Aguirre a los concursos de adjudicaciones, las cooperativistas denuncian otras políticas que también “han degradado y degradan la calidad de la educación infantil pública”. Se refieren a la denominada Orden de Mínimos, que modificaba algunos aspectos de la legislación entonces vigente. Esa nueva norma, aprobada por decreto el 28 de agosto de 2008, estableció una subida del ratio por aula. En un aula con niños de 1 a 2 años, se subía en un niño el máximo permitido. El aulas de 2 a 3 años, el aumento era de cuatro niños. Así, en el primer caso quedaba un tope de trece alumnos, mientras que en el segundo, el nuevo límite ascendía a veinte. Las aulas de los bebés se dejaron en 8. Automáticamente, esto obligó al Gobierno a reducir los metros cuadrados correspondientes a cada niño, para así no tener que hacer ampliaciones de espacio.
Paralelamente a esta nueva normativa, el Gobierno de Aguirre subió el precio de las cuotas que pagan las familias por sus hijos. El cambio más controvertido fue la supresión de la “cuota cero”, para familias con menos recursos, que fue sustituida por un mínimo de 45 euros. “Con esta otra medida de ahorro, muchas familias se dieron de baja por no poder pagarlo”, explica Badía.
Desde 2005, la Comunidad de Madrid fomentaba dos tipos de gestión: la directa y la indirecta, esta última encargada a cooperativas educativas sin ánimo de lucro. Sin embargo, el 6 de marzo de 2008 se aprobó que todo tipo de empresas pudieran optar a gestionar una escuela, aunque no tuviesen experiencia alguna en educación. A partir de ese momento, la gestión directa, e indirecta mediante cooperativa, de estos centros ha ido perdiendo terreno en favor de las grandes empresas. Esto ha sido posible gracias a los nuevos criterios que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció para los concursos de adjudicación. En estos concursos se valoran tres apartados: proyecto educativo, descuento económico y aumento del personal. Hasta marzo de 2008, en los criterios del concurso primaban los valores educativos. La Administración otorgaba a la entidad gestora un dinero fijo para realizar su labor. Después, el Gobierno autonómico sacó unos nuevos pliegos en los que permitía que los concursantes pudieran hacer una rebaja sobre el dinero que se les diese; es decir, la Comunidad provee de un dinero a los aspirantes a gestores, éstos pueden proponer que les pague menos; y a mayor descuento, mayor puntuación.
Así las cosas, los concursos pasan a tener en cuenta tres factores con una puntuación distinta cada uno: el proyecto educativo, con un 45% del valor final de la nota; el descuento económico, con otro 45%; y el aumento de personal que prometiera cada empresa o cooperativa, con un 10% del valor total. A esto hay que añadirle que el ganador de la parte económica se lleva automáticamente los 45 puntos, mientras que la puntuación de los que han quedado por detrás no es proporcional (el que queda último en ese apartado sólo opta a llevarse 10 puntos).
De esta manera, pueden darse situaciones como las experimentadas por estas cooperativas de profesores, que sacaron mayor puntuación en proyecto educativo y aumento de personal que sus respectivos competidores, pero se quedaron sin la adjudicación porque las otras empresas concursantes ofrecieron un descuento económico mayor a la Administración. Concretamente, la empresa de servicios Clece, perteneciente a la constructora de Florentino Pérez, ACS, consiguió la adjudicación de la gestión de la escuela Arte con los siguientes resultados: 9,3 sobre 45 en la parte educativa; 45, la máxima calificación, en el apartado económico; y 7,5 sobre 10 en personal, lo que se traducía en la contratación de tres trabajadores más. Por su parte, la cooperativa que había gestionado el centro hasta entonces obtuvo 35 puntos en el proyecto educativo; 8,91 en el descuento económico y 10 en la sección de personal, lo que implicaba contratar a cuatro empleados adicionales, uno más que los propuestos por Clece, quien también consiguió la gestión de la escuela infantil de Getafe Casiopea.
Por su parte, la escuela Marta Mata, también del municipio madrileño, fue adjudicada a Kidsco, una empresa que sí tiene experiencia en educación -privada-. Sin embargo, no fue su proyecto educativo lo que la hizo ganar (sacó sólo 19 puntos de 45), sino “el descuento económico que ofreció a la Administración y que le valió la máxima puntuación en ese apartado”, como denuncia la educadora y cooperativista Mercedes Garzón, anterior directora de ese mismo centro y creadora de la Junta de Portavoces, una asociación de Madrid pionera en la defensa de la educación pública que funciona desde hace diez años. Y es que, el proyecto educativo que ella presentó junto con sus compañeras de cooperativa obtuvo 42,5 puntos, el mejor resultado. Aun así, se quedaron fuera.
Evidentemente, esa rebaja monetaria que los adjudicatarios hacen a la Administración conlleva una reducción de costes. Ante esto, la nueva directora de Arte, Charo Villalón, alega que “empresas grandes como Clece, al gestionar muchas escuelas, tienen muchos niños y optan a precios más ventajosos que una pequeña cooperativa a la hora, por ejemplo, de comprar los alimentos para el comedor”. Sin embargo, una de las excooperativistas de Arte, Mayte Badía, así como Mercedes Garzón, asegura que el 75 o el 80% de los costes que se tienen están relacionados con los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que resulta mínima la incidencia de los costes del comedor en el coste total. Así, las grandes empresas consiguen reducir costes -y, por consiguiente, ofrecer mejores descuentos en el concurso- a base de contratar menos empleados y pagarles peores sueldos que los que ofrecen las cooperativas de profesores. “Propusieron quedarse a las trabajadoras, pero con un sueldo de 850 euros brutos, cuando nosotros estábamos pagando 1400. Además, la disponibilidad y movilidad de horarios y centros que imponen a los empleados es muy flexible; un día puedes estar en un centro, y al siguiente en otro distinto”, explica la exdirectora de la escuela infantil Marta Mata.
En esta misma línea se expresa también la exeducadora de Arte: “Estas empresas hacen contratos de prácticas y los alargan, hasta que la ley les permite, para no tener que hacerlas [a las trabajadoras] indefinidas. Tú puedes pagarles el sueldo base, pero siempre lo hemos mejorado porque queremos que se formen y que se impliquen en la escuela. Además, el dinero que nos proveía la Comunidad
daba para pagarles más”. Asimismo, admite que algunas empleadas aceptaron trabajar para Clece. “A veces la gente tiene que agarrarse a lo que hay para seguir trabajando”, sentencia.
Con todo, las dos educadoras reconocen que al final las cooperativas se ven obligadas a reducir costes para poder competir en los concursos. Por ejemplo, Mercedes Garzón, o Michi, como cariñosamente era conocida por los padres y madres de Marta Mata, explica que tenían pensado “contratar directamente a la gente de limpieza y reducir el apoyo de cinco a cuatro personas”. Badía, por su parte, cuenta que su cooperativa ya tuvo que reducir costes, no sólo por el concurso, sino porque el Gobierno había ajustado el presupuesto. “Suprimimos los proveedores y empezamos a ir nosotras mismas a comprar la comida al Hiper Usera con una furgoneta. Las cooperativistas nos bajamos el sueldo -el de las trabajadoras contratadas se respetó-, y los padres empezaron a llevarse las sábanas y los babis a casa para lavarlos”, relata.
Esta situación de las escuelas infantiles que se está viviendo en la localidad de Getafe es también común para el resto de poblaciones del sur de Madrid, como afirma la Coordinadora de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe, Pilar Domingo García. “Otros ayuntamientos, como los de Alcorcón o Fuenlabrada, se han negado a esa reducción de costes pero no les ha quedado otro remedio que aceptar la medida de Esperanza Aguirre. El único ayuntamiento que se ha mantenido firme es el de Leganés, que ha decido sacar una de sus escuelas fuera de la gestión de la Comunidad de Madrid porque no aceptaba que saliese a concurso con unos criterios que considera ‘economicistas’. La respuesta del Gobierno de Aguirre fue cortarles la financiación, por lo que ahora “el Ayuntamiento es el único ente que sufraga la escuela”, según confirma Michi Garzón.
Al margen de los criterios que aplica el Gobierno de Esperanza Aguirre a los concursos de adjudicaciones, las cooperativistas denuncian otras políticas que también “han degradado y degradan la calidad de la educación infantil pública”. Se refieren a la denominada Orden de Mínimos, que modificaba algunos aspectos de la legislación entonces vigente. Esa nueva norma, aprobada por decreto el 28 de agosto de 2008, estableció una subida del ratio por aula. En un aula con niños de 1 a 2 años, se subía en un niño el máximo permitido. El aulas de 2 a 3 años, el aumento era de cuatro niños. Así, en el primer caso quedaba un tope de trece alumnos, mientras que en el segundo, el nuevo límite ascendía a veinte. Las aulas de los bebés se dejaron en 8. Automáticamente, esto obligó al Gobierno a reducir los metros cuadrados correspondientes a cada niño, para así no tener que hacer ampliaciones de espacio.
Paralelamente a esta nueva normativa, el Gobierno de Aguirre subió el precio de las cuotas que pagan las familias por sus hijos. El cambio más controvertido fue la supresión de la “cuota cero”, para familias con menos recursos, que fue sustituida por un mínimo de 45 euros. “Con esta otra medida de ahorro, muchas familias se dieron de baja por no poder pagarlo”, explica Badía.
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