Lo rentable de la mediocridad

El cierre del canal de noticias CNN+ ha servido para certificar dos realidades: que las empresas mediáticas no respetan los formatos de calidad ni para reproducir su propia ideología, y que la información y la cultura no son un derecho ciudadano. Al contrario; son, en la práctica, dos de tantos contenidos susceptibles de difundirse o ser echados a la basura, según disponga el mercado. CNN+ finalizó su emisión el pasado 28 de diciembre a las 00:00 como consecuencia de los acuerdos entre su empresa editora –PRISA- y Mediaset, accionista de Gestevisión Telecinco. Como resultado de las negociaciones, fue adquirido por Telecinco el canal de PRISA Cuatro, con quien CNN+ compartía estructura y redacción. Pese a ello, la cadena de noticias parece no caber en la nueva aventura de PRISA. La prueba más evidente de que la televisión de Berlusconi se ha cobrado ya el precio de los acuerdos es la aparición de Gran Hermano 24 horas en el canal digital que ocupaba CNN+. Así las cosas, PRISA acepta formar parte de un proyecto que subordina la información al entretenimiento más rancio.
Afortunadamente, el hecho ha generado algo de controversia, aunque los análisis de lo sucedido se quedan en la superficie. De hecho, la única crítica pasa por lamentar que “se sustituya realidad por telerealidad” y que desaparezca “una voz progresista”, comentario manifiestamente ingenuo. El problema real es que los derechos de información y cultura carecen de control popular y se dejan en manos de quienes responden sólo a sus necesidades de empresa, no a su función de servicio público. Pese a todo, Gran Hermano servirá para reflejar las secuelas sociales de la actual estructura mediática. Félix Povedano Mínguez.

Palomares, sin investigación, sin justa reparación y sin culpables

Se cumplen hoy 45 años del choque de dos aviones de EE UU en la localidad almeriense de Palomares, accidente que se saldó con la muerte de siete ocupantes y la caída de cuatro bombas atómicas, tres de ellas en tierra y una perdida en el mar. Pese a lo trágico de la situación, nunca se han llegado a investigar convenientemente los hechos, y mucho menos sus consecuencias, por peligrosas que pudieran seguir siendo.
Lo más que hizo EE UU en aquel momento fue emprender la búsqueda de la bomba hundida en el mar, siempre con el objeto de evitar que cayera en manos enemigas, algo que preocupaba mucho más que las posibles consecuencias para la salud del pueblo. A pesar del interés de los americanos en hallar la bomba, tuvo que ser un pescador de la zona que había presenciado el siniestro el que les indicara dónde se encontraba.
Ni EE UU ni el Gobierno quisieron realizar un estudio del suceso, pero ello no impidió al Régimen asegurar que el peligro era inexistente, sin más garantía que el baño público que el exministro franquista de Información y Turismo Manuel Fraga se dio en la supuesta zona afectada. Hoy, 45 años después, se puede afirmar que sí hubo consecuencias dañinas. Expertos catalanes en Medicina informaron de que Palomares, tras el accidente, llegó a ser la zona con mayor contaminación de plutonio en el planeta. En esa línea se ha expresado recientemente el toxicólogo Eduard Rodríguez, quien sostiene que llegó a haber gente contaminada con plutonio, según análisis de orina realizados. Sin embargo, las autoridades políticas del PP de la zona heredan aún el ocultismo franquista y evitan tomar medidas de investigación y reparación. Félix Povedano Mínguez.

Liberalismo: el pretexo teórico de la burguesía

Según Locke y los liberales, la propiedad privada surge cuando los hombres comienzan a trabajar la tierra, como derecho a poseer el fruto de su trabajo. Pero ¿cómo justificar esa forma de propiedad cuando la tierra está ya repartida? Ellos arguyen que la posibilidad de vender tu fuerza de trabajo, que es propiedad tuya, también valida su teoría en este supuesto.

El primer razonamiento implica defender la apropiación del producto íntegro de tu trabajo, tal como hace el anarquismo pequeñoburgués, y, por tanto, aceptar un sistema individualista y meritocrático que, aunque puede acabar con ciertas formas de parasitismo, en ningún momento asegura una vertebración social medianamente avanzada. Todo lo contrario, obvia deliberadamente las distintas necesidades de las personas, así como su desigual posibilidad de aportación laboral.

El segundo argumento es directamente una falacia que, además, choca frontalmente con el primero. Esto es así porque abogar por la venta de la fuerza de trabajo es hacerlo también por la existencia del trabajo asalariado, lo cual se contradice con el respaldo a que uno tenga derecho sobre el producto de su trabajo.

Es cierto que en ambos casos el trabajador tiene algo que vender gracias a su propio esfuerzo, pero en el segundo, al ser la fuerza de trabajo lo que se vende, se da pie a que un hombre viva del fruto que produce otro, sólo porque en su momento tuvo medios para comprarle la fuerza de trabajo, es decir, su mercancía. Pero ésta es una mercancía que, en todo momento, va íntimamente ligada al trabajador que la vende, por lo que es el propio trabajador quien acababa convertido en mercancía.

De ahí surgirán de manera automática situaciones en las que un hombre con cierto capital realice unas inversiones entre las que se encuentre la compra de trabajadores, que desarrollarán una actividad de cuya parte del producto se apropiará cuan famélico parásito. Así las cosas, ni con la defensa utópica del sistema donde el individuo se lo guisa y se lo come, ni con la del otro, que aboga por venta de la fuerza de trabajo, se podrá evitar la existencia del modo capitalista de producción, que es inherente a la propiedad privada.

A partir de esto se pueden desarrollar una infinidad de desigualdades sociales, de productores en precariedad (o en la miseria, si el capitalismo, más puro; más libre, ha impedido que se generen estructuras de intervención redistributiva y protectora) y de intermediarios cuya vanidad es tan sólo comparable a la riqueza que roban.

Antes se ha comentado que la propiedad privada es idiosincrásica al capitalismo, pero éste necesita un segundo cimiento sobre el que sostenerse: el Estado, que no es sino el instrumento monopolizador de la violencia que utilizan las clases dominantes (en este caso, la burguesía) para controlar y explotar a las dominadas. Para los liberales, el Estado, con sus mecanismos represivos (policía, ejército, jueces…) tiene como objetivo fundamental proteger la propiedad privada.

Podemos decir, pues, que la propiedad privada da origen al modo de producción capitalista, mientras que el Estado asegura su supervivencia.
No obstante, es incorrecto identificar capitalismo con liberalismo, pues muchas otras corrientes de pensamiento amparan esa forma de producción. Si bien, es cierto que los liberales lo defienden en su forma más pura, más natural, sin las estructuras y políticas de integración social que se aprecian en las teorías socialdemócratas y fascistas, por ejemplo.

La clase burguesa, los grandes propietarios, los profesionales pudientes convienen en respaldar las tesis liberales, feroces enemigas de impuestos progresivos que redistribuyan la riqueza y den solvencia a las arcas públicas para crear una red de servicios sociales, enemigas también de una regulación que limite los estragos humanos del sistema.

Sin embargo, dependiendo del contexto político y socioeconómico, esto puede cambiar. Por ejemplo, en una situación histórica en la que una parte de Europa, la revolucionaria, promete el cielo en la tierra, las capas reaccionarias de la otra parte se ven obligadas a sustituir el liberalismo económico salvaje por un “capitalismo social”, pero sólo hasta que termine la correlación de fuerzas. Después, se puede volver a la normalidad.

A las iniciativas populares, a las luchas en los centros de estudio y de trabajo, a las huelgas y manifestaciones, a la conciencia de clase de los sujetos que, tras reivindicar sus necesidades más primarias, prosiguen cuestionando de manera global el vigente orden de cosas, a todos estos factores, que históricamente han estado en contradicción con el liberalismo económico, debemos los derechos de los que disfrutamos actualmente, de los que disfrutaremos en el futuro y de los que disfrutamos en algún momento y ahora están desapareciendo.

Sin embargo, una cosa está clara: mientras haya propiedad habrá clases, y mientras existan las clases existirá el Estado, con la consiguiente dosis de represión que alberga en su seno. Por tanto, la abolición de la propiedad y la paulatina sustitución del Estado por organismos más democráticos y horizontales que satisfagan las necesidades humanas será el único camino para la verdadera realización del hombre, para su emancipación.

El derecho de rebelión

El derecho de rebelión respalda la sublevación del pueblo, ya sea contra un poder ilegítimo, o contra uno que, pese a tener origen democrático, esté violando los derechos ciudadanos que se comprometió a salvaguardar. Tras el derrocamiento, el pueblo debe instaurar un nuevo gobierno legítimo que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La primera pregunta que esto nos plantea es ¿quién se levanta contra ese poder despótico? La respuesta nos la dará el contexto político; en sistemas absolutistas, autoritarios o totalitarios, lo lógico es que lo hicieran los propios ciudadanos en armas por iniciativa propia.

En sistemas donde el poder se encuentra repartido entre distintos organismos políticos, jurídicos, legislativos, militares, empresariales, bancarios y eclesiásticos (situación más acorde con los tiempos que corren), el levantamiento contra el poder ejecutivo puede ser auspiciado, bien por una suerte de poderes fácticos, bien por apéndices del Estado ajenos al gobierno.

No obstante, cabe la posibilidad de que la rebelión, la desobediencia civil, venga desde abajo, del propio pueblo. Eso sí, ya sea éste el que impulse el movimiento, ya sean otros poderes organizados, es posible que ambas partes actúen bajo cierta influencia de la otra. Aunque lo cierto es que esa “influencia”, cuando viene de arriba abajo, suele ser en forma de manipulación, y cuando es al revés, los poderes fácticos ejecutores de la voluntad popular actúan por intereses distintos de los que dicen defender.

La segunda cuestión es si esas rebeliones, especialmente las que se puedan producir en la actualidad, estarían amparadas por la ley. Obviamente, en la mayoría de los casos, eso es algo muy relativo y que está expuesto a la interesada visión de las partes implicadas. El poder contra el que se atente, normalmente el ejecutivo, adoptará el papel de víctima y asegurará que se está violando la legalidad vigente, mientras que la trinchera rebelde alegará que ese gobierno se había desviado de su papel y que, precisamente para defender la legalidad, la sublevación se hace indispensable.

Y este esquema, en mi opinión, se puede extrapolar a todo tipo de situaciones; desde grandes conflictos nacionales hasta iniciativas ciudadanas que sólo pretenden rebelarse ante una norma o ley concreta, siempre con la presunta certeza de que es el poder quien verdaderamente está faltando a su cometido, bien por no aplicar la ley, bien por aplicar una que atenta contra derechos fundamentales como son la vida o la libertad, con la gran carga de subjetividad que conlleva este último término.

Habrá quien opine que las sociedades “democráticas” ofrecen instrumentos, como la libertad de prensa, de asociación y de huelga, que canalizan los descontentos ciudadanos y permiten invertir situaciones sin necesidad de entrar en conflictos legales. Sin embargo, con estas herramientas tan sólo se puede presionar, persuadir, o a lo sumo crear un clima propicio para que se atente contra el poder establecido, pero ahí ya se entra de nuevo en un cruce de acusaciones legales o morales donde no existe una verdad clara, sino el sesgo ejercido por una o ambas partes.

Por otro lado, la pertinencia del uso de la fuerza para estas empresas está sujeta también a la visión de cada implicado. Unos la verán como una elevación de la brutalidad ejercida contra el orden vigente y otros como necesidad para defender con más eficacia ciertos derechos universales e inalienables.

Por tanto, ante la pregunta de si se podría aplicar el derecho de rebelión en la actualidad, mi respuesta sería que lo pueden ejercer unos cuantos en función de sus criterios o intereses, pero nunca como un concepto puro y verdadero al estilo platónico. Por esta razón, intentar buscar ejemplos concretos en nuestra historia actual es más interesante que perderse en disquisiciones teóricas e idealistas.

Podemos empezar hablando del golpe de Estado contra el gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Unos lo vieron como una respuesta furiosa de la burguesía chilena y estadounidense ante las reformas económicas del Gobierno (nacionalizaciones, en especial la del cobre, programas sociales, control de precios…), en la que estuvieron implicadas ciertas multinacionales estadounidenses; políticos del vecino del norte; la escuela económica de Chicago, con Friedman y Harberger a la cabeza; el terrorista Pinochet y los militares, las oligarquías autóctonas y la iglesia.
Otros, por su parte, aseguraron que era una maniobra necesaria para salvar a Chile de las garras del comunismo.

Otro ejemplo es el golpe militar fallido que realizó Hugo Chávez en 1992 para, según él, acabar con la “corruptocracia”. El actual presidente alegó que el gobierno de entonces se había vuelto ilegítimo por sus actos y era necesario derrocarlo. Lo mismo debieron pensar quienes se lo dieron a él diez años después.

Para justificar o condenar tales acciones se debe hacer un análisis complejo de la situación, como debió de hacer el periódico El País, que siempre ha reprochado al líder venezolano su intentona golpista y, sin embargo, vio con ojos bien distintos el que cometieron contra él en 2002, a juzgar por el editorial que le dedicaron.

Algo parecido está ocurriendo en Honduras. El presidente democrático, Manuel Zelaya, dejó de serlo para algunos porque quiso convocar un referendo para preguntar a los ciudadanos si quería que se colocara una urna más en las próximas elecciones para que votaran si estaban de acuerdo con que se reformara la constitución, y los presidentes (no él exclusivamente) pudieran ser reelegidos indefinidamente, tal como sucede en 17 países de la Unión Europea, entre ellos el nuestro.

El ejército, con el apoyo expreso de la iglesia (o al menos parte de ella) y por petición de otras instituciones del Estado, echó al presidente del país a punta de bayoneta. Los golpistas aseguran haber evitado que un líder como Zelaya, (burgués arrepentido y perteneciente a un partido de derechas) vendido al chavismo y al comunismo, destruya la democracia hondureña. Otros apuntan a que determinadas políticas del mandatario, como la del salario mínimo, han irritado al empresariado, posible impulsor del golpe. Ésta es también otra situación compleja de analizar, a juzgar por la ambigüedad con que la han tratado algunos medios. Otros directamente no han ocultado su simpatía por el nuevo gobierno.

Éstos son algunos ejemplos de grandes conflictos en los que se ha debatido intensamente sobre el derecho del gobernante a permanecer donde está y el de los gobernados a rebelarse. Pero en situaciones mucho más cotidianas podemos encontrarnos con problemas que tienen la misma raíz.

Un ejemplo lo encontramos en determinadas acciones realizadas en el seno de las movilizaciones estudiantiles contra los planes de Bolonia, como pueden ser los encierros, la toma de facultades, o la continuación de manifestaciones una vez terminado su itinerario. Estos actos son desacatos a la autoridad por considerarla reaccionaria y ajena a los intereses de ciertos colectivos.

Pero también ocurre esto cuando unos trabajadores defienden sus derechos con el uso de la fuerza, o cuando en Francia retienen durante horas o días a algún empresario, o cuando un grupo de personas que dice representar los intereses de un sector de la población se constituye en banda armada ¿quiénes tienen la legitimidad; los que se rebelan ante lo que consideran un atentado a sus derechos o los que gobiernan amparándose en una constitución, un plebiscito o una determinada ley?

Intentar evitar estos problemas o construir teóricamente una receta que se pueda aplicar en todos los casos es un absurdo mayúsculo. Mientras haya un sistema en el que se desarrollen tales antagonismos de clase, este tipo de conflictos deberán verse como algo natural, inherente a las propias relaciones de producción, idiosincrásico a las propias estructuras jerárquicas.

El País lanza piedras contra Cuba pero le caen en su propio tejado

El diario neocolonial El País publica hoy, 26 de septiembre, un artículo de opinión (noticia, en su jerga) que habla sobre los recortes en gasto social que va a acometer el gobierno cubano debido al realismo económico que ha despertado la crisis. Para desacreditar el sistema que lleva funcionando durante 50 años, el autor, un tal Mauricio Vicent, emplea la cansina y estereotipada fórmula de identificar a Fidel con una política voluntarista, alejada de la realidad, que antepone "la ideología" a la economía. La intención es descubrir un supuesto paternalismo estatal que todo lo subvenciona provocando así un derroche de recursos.

En esta empresa, el autor desglosa una serie de servicios de los que, hasta ahora, disfrutan los cubanos, siempre con una doble intencón: por un lado, provocar sensación de derroche económico, por otro, alertar del gran recorte que va a producrise. Entre dichos servicios se citan los 24.700 comedores obreros que dan de comer a 3,5 millones de trabajadores (una tercera parte de la población), las subvenciones a la cartilla de abastecimiento, las vacaciones subvencionadas para dirigentes y trabajadroes ejemplares o el entierro y el ataúd gratuitos de que disponen todos los cubanos. Asimismo, se afirma que la educación, la salud y la seguridad social no se tocarán por ser considerados servicios esenciales.

Para cerrar y resumir la exposición de estos despropósitos económicos, el autor explica que el Estado se había encargado tradicionalmente de asegurar a la población el suministro de comida, ropa, educación, escuela, etc, independientemente de si el beneficiario era productivo o no en su trabajo o de si el coste del servicio era demasiado alto. Finalmente, concluye con una cita de Raúl Castro en la que el dirigente afirma que "la gente (debido a que ve sus necesidades cubiertas) siente que no tiene necesidad de trabajar".

Y aquí es donde el radicalismo desproporcianado juega una mala pasada al diario de la multinacional PRISA. El autor ignora que, en sus intentos de evidenciar ese presunto paternalismo irracional y hacer sangre y amarillimso de la que se avecina por los inminentes recortes, ha hecho una tenaz apología de los logros de la Revolución. Asegura que el sistema es malo porque hace que la gente se acomode y no sienta necesidad de ser competitivos y eficientes en el trabajo, sí, pero para ello ha tenido que reconocer que ese Estado se preocupa de proveer a los ciudadanos de cuanto necesitan. Ni yo haría una defensa tan cerrada del socialiso cubano.

Marinaleda, un oasis socialista en el Estado español

Si les hablase de un lugar donde se puede adquirir una vivienda por 24.000 euros; donde el pleno empleo es una realidad; donde no existe la Policía y las decisiones políticas se toman de manera asamblearia, seguramente se les vendrían a la mente conceptos aparentemente abstractos y utópicos como, por jemplo, socialismo, anarquismo o comunismo. A mi se me viene democracia, que presenta cierta sinonimia con los tres anteriores. Y también se me viene a la cabeza un pueblo de la provincia de Sevilla llamado Marinaleda, de alrededor de 3000 habitantes, una localidad que presenta una serie de pecualiaridades difícilmente encajables en el contexto capitalista y jerarquizante en que vivimos. Sin duda, una de sus carácterísticas más reseñables es su historia, o quizás deberíamos decir la construcción de su propia historia.

Juan Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda desde las primera elecciones, allá por el año 1979. Fue uno de los fundadores del Sindicato de Obreros del Campo y de Izquierda Unida, donde milita a través de la organización Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI). Desde la fundación del sindicato, este pueblo sevillano comenzó su lucha por dignificar la vida de los jornaleros de Andalucía, una tierra donde las contradicciones de clase han estado siempre más marcadas y la miseria más generalizada.

La necesidad de tierras para impulsar el desarrollo democrático de la economía les llevó a iniciar una larga serie de marchas ocupando las tierras del cortijo del duque del Infantado (amigo del rey de España), lo que conseguirían finalmente, después de doce años de intentos y desalojos, gracias a la reforma agraria que arrancaron a la Junta de Andalucía. La gente de Marinaleda creó la cooperativa El Humoso a partir de la ayuda de la administración, que expropió al duque 1200 hectáreas y se las cedió a los trabajadores, al igual que la maquinaria y las inversiones.

Después de aquello, los vecinos crearon ocho cooperativas y dieron un fuerte impulso a la agroindustria. Hace 9 años crearon la fábrica de transformación agroalimentaria, que ha permitido la incorporación de la mujer al mundo laboral. Como afirma una de las trabajadoras, ahora, aunque no todos sean cooperativistas, sí trabajan para ellos mismos, la plusvalía que se genera no se la queda ningún patrón, sino que se utiliza para generar más empleo. Como se ve, en esta localidad el sector del campo se ha transformado considerablemente. Lo que eran extensas llanuras de trigo y girasol, un latifundio de secano, los jornaleros lo convirtieron en una finca de regadíos donde ellos mismos controlan la tierra y la producción, lo que hace viable que exista trabajo prácticamente todo el año. Otra ocupación, la del pantano, ha hacho más fácil esa renovación de los cultivos.

Quizás para buena parte de los vecinos de Marinaleda la tranformación del campo sea el mayor de sus logros. Sin embargo, lo que les ha dado mayor fama fuera de la localidad ha sido el proyecto de viviendas de autoconstrucción: la Junta de Andalucía pone los materiales en colaboración con el Ayuntamiento, que expropia el suelo y lo municipaliza para cederlo gratuitamente.Los albañiles y el arquitecto también son gratis. El autoconstructor, por tanto, sólo pone su fuerza de trabajo. En las asambleas de autoconstructores se toman decisiones y modificaciones sobre el proceso.

Este sistema permite a los vecinos adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados, un baño, tres habitaciones y un patio de 100 metros cuadrados (por si se quiere hacer ampliaciones) por 15 euros al mes, lo que suele traducirse finalmente en 24.000 euros, 50.000 lo más caro. Las adjudicaciones funcionan por un sorteo con baremación y los únicos requisitos para adquirirla son no especular con ella y llevar viviendo al menos dos años en el pueblo. Por otro lado, el tiempo que el autoconstructor ha empleado en hacer la vivienda se le descuenta de su precio total, de manera que su trabajo en la obra se le revierte en forma de "salario inducido"¿Y en la práctica funciona? Hasta ahora más de 350 casas se han construido siguiendo este patrón y ya se proyectan otras 150.

El proyecto de autoconstrucción tiene un plus de interés por realizarse en un Estado que se ha ganado a pulso la patente de la especulación urbanística e inmobiliaria. Y precisamente es eso lo que se intenta evitar en este oasis democrático; la especulación. Por este motivo las viviendas no se pueden vender, a lo sumo, puede que en el futuro pueda heredarse el uso para evitar "tentaciones especulativas", pero no debemos olvidar que estas viviendas son de la colectividad.

Reconceptualización del urbanismo y el trabajo en el campo, sin duda, dos de los grandes pilares de este proyecto, pero no los únicos. Por ejemplo, dejar a un crío en la guardería con derecho a desayuno y a un almuerzo elaborado bajo los criterios nutritivos del pediatra del municipio cuesta 12 euros al mes. No hay lista de espera. Ésta sí es una medida estructural que ataja los problemas de la infancia, lo cual no impide que además se complemente con la ayuda de 600 euros por cada recién nacido, algo más propio del mercadilleo zapateril, pero que no produce rechazo cuando se realiza sobre la base de un proyecto serio como es el de la guardería. No obstante, la educación en Marinaleda no se reduce a esos niveles, pues el municipio ofrece la posibilidad de realizar allí toda la educación obligatoria.

A lo largo de la Historia, una de las cacterísticas más interesantes del socialismo ha sido precisamente la que menos se ha visto desarrollada en la práctica, esto es, la democracia política, el asamblearismo. Por ello, es especialmente meritorio que el radicalismo democráctico sea el tercer gran pilar de Marinaleda. A diferencia del resto de los municipios del régimen borbónico, en esta localidad sevillana se gobierna mediante asambleas de trabajadores, de vecinos, es decir, al estilo soviético (un soviet no es más que una asamblea de trabajadores). Existen dos tipos de administración: la Asamblea General y las asambleas de barrio.

La primera, según se afirma en la página web del Ayuntamiento, "está abierta a todos los vecinos, que tienen derecho a voz y voto de cuantos asuntos se traten, ya sea si se suben o se bajan los impuestos, el presupuesto del Ayuntamiento, si se ocupa una finca o cómo se reparten las viviendas. En estas Asambleas participan de 400 a 600 personas y se reúnen unas 25 o 30 veces al año y en caso de movilización todos los días". Y continúa, "La asamblea general es nuestro máximo órgano de decisión tanto a efectos sindicales como políticos".

Las segundas se realizan cuando surge un problema en algún barrio, se reúne a los vecinos y ellos mismos, con voz y voto, reflexionan sobre las posibles soluciones. A su vez, y para llevar a cabo lo aprobado en las asambleas, existen los llamados grupos de acción, formados por 25 ó 30 personas, entre ellas: concejales, el comité ejecutivo del sindicato (SOC) y toda la gente o grupos que tengan una actividad en el pueblo. Puede pertenecer cualquier persona que lo desee y se organiza por secciones de trabajo como cultura, fiestas, urbanismos, deportes, ecología o paz. Y finalmente nos encontramos con la práctica del presupuesto participado, por la que todos los años se explica, barrio por barrio y con unas cartulinas colgadas de un atril, el presupuesto de gastos e ingresos. En el lugar de reunión donde se estén explicando las cuentas los vecinos opinan y añaden las reivindicaciones oportunas. Una vez finalizado el recorrido, en la Asamblea General se recogen las propuestas de cada grupo de barrio y se decide democrácticamente la aprobación o rechazo del presupuesto.

La reforma agraria, las viviendas de autocontrucción y la democracia asamblearia son los tres elementos vertebradores del proyecto de Marinaleda, si bien existen otras costumbres no menos reseñables que otorgan al pueblo pequeñas dosis de socialismo.

Por ejemplo, el sueldo del alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es el mismo que el de sus compañeros de la cooperativa, siempre en la media del salario del pueblo; los domingos rojos, que consisten en una serie de trabajos gratuitos y voluntarios que se hacen muchos domingos al año en arreglos de calles, de jardines, ayuda a la autoconstrucción de viviendas o trabajo dentro de las cooperativas agrícolas; las escuelas-taller, donde los jóvenes se forman y reciben un pequeño sueldo; la televisión de información alternativa de que dispone el pueblo, la cual emite todos los días y sin publicidad; la señal colectiva para ver los partidos del plus; y, de manera más simbólica, el sillón vacío en el Consistorio porque, según palabras del propio Gordillo, "el poder es del pueblo, y como el pueblo entero no cabe en este sillón, se quedará vacío", o el nombre de las algunas calles, como Che Guevara o Salvador Allende.

No obstante, Marinaleda también tiene sus lagunas, por ejemplo, la dependencia de la Junta hace que no sea un proyecto cien por cien autogestionario. También, el hecho de que los chavales encuentren buenas condiciones laborales en el campo hace que la mayoría decline la opción de continuar los estudios una vez superada la enseñanza obligatoria. Según afirma un jornalero en un reportaje de televisión, no opta a vacaciones remuneradas en su trabajo en el campo, aunque asegura estar satisfecho con el sistema que allí funciona. Sea como fuere, ya se trabaje dentro o fuera del pueblo, Marinaleda ofrece unas facilidades como la vivienda o la guardería inimaginables fuera de esa peqeña isla andaluza.

La continuación con un modelo similar por parte de otras localidades aledañas y administraciones superiores podría mejorar aún más la calidad de esos pueblos, pues una estructura grande posibilita una mayor cantidad de recursos que un proyecto aislado. En todo caso, Marinaleda tiene la oportunidad de adentrarse definitivamente en una verdadera democracia. Para ello no tienen más que renunciar a las ordinarias elecciones del régimen liberal-burgués, pues, si atendemos a la democracia interna del pueblo, lo único que pueden aportar las elecciones institucionales es el fin de dicho sistema asambleario si saliera elegido el PSOE (con tres concejales menos que IU) o el PP (sin representación).

Esto no debe escandalizarnos, pues la propia democracia liberal-burguesa del reino no se pantea la posibilidad de que se presente un partido que, llegado el momento de gobernar, suprimiera las relativas libertades civiles que forman parte de dicha democracia o que decidiera no volver a convocar elecciones con la excusa de haber ganado ya una elección. Es decir, que ningún sistema permite que el ganador electoral cambie las reglas de juego establecidas una vez llegue al poder. Por esta razón, si los vecinos de Marinaleda han costruído una democracia más avanzada, ¿por qué mantener la puerta abierta a una posible vuelta atrás?, ¿alguien en su sano juicio consentiría unas elecciones en las que concurrieran partidos dispuestos a restaurar el sufragio censitario o a suprimir las escuelas públicas?

En mi opinión, el siguiente paso en Marinaleda, con prudencia pero sin excesiva demora, debería ser la disolución de los partidos políticos. No puede ser de otra manera, el propio rumbo que han tomado así lo exige. El desarrollo de un sistema de tintes socialistas no puede tener otro final más que su continua maduración. Estoy seguro de que la democracia debe de ser algo parecido a eso.

¡ANDALUCÍA ENTERA COMO MARINALEDA!

Golpe de Estado en Honduras, connivencia silenciosa y peligrosidad del lenguaje periodista

Como ustedes sabrán, a finales del mes de junio el ejército hondureño perpetró un golpe de Estado, al presentarse en la residencia presidencial y deportar a Costa Rica al presidente del Gobierno, Manuel Zelaya. Los militares, apoyados por la Iglesia y por las capas sociales más altas, actuaron para evitar que se realizase un referendo en el que la población decidiría si quería que en las elecciones de noviembre se añadiese una cuarta urna que permitiera determinar si se debía iniciar una reforma constitucional para que los presidentes venideros tuvieran la oportunidad de postularse como candidatos indefinidamente, tal como sucede en numerosos países, entre ellos España. Pese a las críticas recibidas, el presidente había dejado claro que él no se presentaría una vez hubiese finalizado el mandato para el que fue elegido.

El jefedel Estado Mayor, general Vásquez, que se opuso a esta consulta popular por considerarla incostitucional e ilegal (el Congreso había aprobao una medida para impedir la realización del referendo), fue destituido por el presidente Zelaya, lo que ocasionó que las fuerzas armadas tomaran las calles, con las consecuencias que ahora conocemos. Junto con el presidente, ocho ministros y varios embajadores de países cercanos al presidente (Cuba, Nicaragua y Venezuela) fueron detenidos. A diferencia de otros golpes acaecidos en Latinoamérica, éste ha sido condenado por la comunidad internacional (sí, Estados Unidos también, aunque sea una pura operación de maquillaje y no considere la restitución de Manuel Zelaya una condición fundamental para la resolución del "conflicto").

El ejército, que aseguró que contaba con la bendición del poder judicial, nombró sustituto de Zelaya al hasta entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti. Las movilizaciones populares en apoyo al presidente Zelaya no se hicieron esperar, al igual que la represión del aparato estatal, que asesinó al menos a dos manifestantes, uno de 19 años, el día del frustrado intento del presidente de regresar al país, y que ya ha iniciado las prácticas de censura propias de estos sucesos.

Las últimas noticias sobre la insurrección militar de Honduras hablan de una reunión del presidente de Costa Rica con Zelaya y el golpista de Micheletti para tratar de resolver la situación por la vía diplomática, aunque, a juzgar por las declaraciones del dictador interino, que asegura que la vuelta de Zelaya es imposible, no parece que de estas conversaciones se vaya a sacar nada en claro. En todo caso, lo que me interesa destacar de aquí es el peligroso uso del lenguaje que están haciendo algunos representantes políticos y medios de comunicación.

En este sentido, resulta preocupante el hecho de que se empiece a hablar de "diálogo entre las dos partes", y no de oficialistas y golpistas; de "conflicto", y no de golpe de Estado; de "presidente interino", y no de dictador interino o presidente golpista. Como también resulta preocupante que Hillary Clinton crea que la restitución de Zelaya sea algo que debe dejarse "a decisión de las partes". Sin embargo, no son los políticos quienes están mostrando mayor ambiguedad en este asunto, sino los medios de comunicación, que, además de haber arremetido contra el presidente hondureño los días previos al golpe, han tratado de quitar hierro al asunto y presentarnos este acto antidemocráctico como un golpe "cívico-militar", en palabras del panfleto diario El Mundo.

Por su parte, el periódico derechista El País ha aprovechado la cobertura mediática del acontecimiento para adjudicar a Hugo chávez algún tipo de responsabilidad en el mismo, y así otorgar cierta legitimidad a quienes entienden el golpe como una manera de frenar la intromisión del chavismo y el comunismo en Honduras. Sin embargo, la condena internacional ha obligado al diario generalista de la multinacional PRISA a rechazar el golpe, no sin una larga lista de matices y soflamas antichavistas. Aunque todos sabemos que la condena de El País es un tanto forzada, no deja de sorprender, sobre todo por su pasado pro-golpista (véase el editorial que dedicaron al golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Golpe/caudillo/elpepiopi/20020413elpepiopi_2/Tes).

Pero dejemos a los PRISA, que, para lo que nos tienen acostumbrados, están manteniendo una posición bastante más moderada. Esta vez tiene mayor interés hablar del primer canal de la monárquica y manipuladora Televisión Española. Sí, de nuevo la televisión que cofinanciamos los contribuyentes ha vuelto a adquirir las prácticas de manipulación mediática de cualquier ente privado. Además de caricaturizar al presidente Zelaya los días en que se preparaba la consulta popular, pretende dar al golpe un carácter cívico mandando a su enviado especial a una manifestación a favor de los militares, mientras asegura a los millones de telespectadores que mucha gente en el país está del lado del "presidente interino".

La verdad es que todo esto resulta bastante surrealista, especialmente que ya no sea necesario que los presidentes de Gobierno representen a una izquierda consecuente para ser objeto de conspiraciones, pues Manuel Zelaya, hombre de clase alta, pertenece al Partido Liberal de Honduras, una fuerza de derechas. Parece que ahora el mero hecho de virar hacia una política socialdemócrata y mantener buenas relaciones con Hugo Chávez es suficiente para recibir los duros golpes de la reacción.

Pese a esto, pienso que los sectores de la izquierda, si bien tienen que condenar de manera clara el golpe, no deben caer en la vieja lógica de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pues ni Zelaya, ni mucho menos su partido representan a la izquierda transformadora que necesita América Latina, o al menos no lo han demostrado. Lo que sí se debe tener en cuenta de todo esto es la decreciente (y por ello preocupoante) lista de requisitos necesaria para considerar a alguien agente del comunismo.