Que el modo de producción capitalista se vale de un conglomerado jurídico-legal para perpetuarse en el desarrollo de la historia es un hecho evidente. De esta manera, cualquier individuo o colectividad que pretenda acabar con este sistema por vías legales se dará cuenta de que no puede hacerlo, pues como decimos, la estructura jurídico-legal de las "democracias" liberal-burguesas existe sólo como garante de la continuidad del modo de producción que legitiman.
Por ejemplo, votar una candidatura alternativa en un proceso electoral implica sólamente que si finalmente sale vencedora, el ejecutivo propuesto podrá actuar siempre que sus políticas no se salgan de los límites que marca la propia legalidad, ya sea ciñéndose a una carta magna o a cualquier otro instrumento legal dedicado a salvaguardar la propiedad privada y el libre mercado.
De esta reflexión se desprende una consecuencia inmediata: el capitalismo no puede combatirse únicamente por la vía legal, en tanto que la propia legalidad es capitalista. En este sentido, como método de cambio, deberíamos defender la actuación ilegal (es decir, anticapitalista) de un gobierno elegido en las urnas, o bien otras prácticas pacíficas de movimientos de base que actúen también obviando la ley.
Sin embargo, esto entraña un inconveniente: la estructura jurídico-política, que salvaguarda al modo de producción, contiene a su vez un instrumento para salvaguardarse a sí misma: la subestructura represiva del Estado, esto es, el conglomerado de individuos armados y preparados para mantener el orden establecido, interviniendo cuando éste corra el más mínimo peligro de ser alterado.
Ésta es la manera en que el sistema legitima e institucionaliza la violencia organizada y subvencionada por los propios individuos susceptibles de ser controlados y reprimidos si fuese necesario. Por consiguiente, podemos afirmar con poderosas razones que cualquier intento de cambiar el sistema actual legalmente es inviable, así como actuar de manera ilegal pero pacífica es inútil y temerario, pues la violencia institucional intervendrá de manera inmediata.
Ante esta situación rígida y cercada en que se encuentra la alternativa anticapitalista, sólo queda espacio para una vía: la ilegal y violenta. Esto, a pesar de lo que pueda parecer, no es una opción elegida por quienes luchan contra el sistema capitalista, sino la única opción que el propio sistema permite como viable. Sin embargo, este modo de lucha tampoco hay que entenderlo como la violencia legítima contra un sistema injusto, sino más bien como la respuesta necesaria a un sistema no sólo injusto, también violento, pues, al margen de la represión institucionalizada, la violencia es inmanente al capitalismo; la propia explotación , la propia desigualdad son violencia pura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario