Una explotación legal

Son numerosos los colectivos sociales que sufren diariamente las embestidas del neoliberalismo; pero el de la juventud es, si cabe, el más vilipendiado de todos. Paradójicamente, la generación que acaba de entrar en el mercado de trabajo -o que está a punto de hacerlo-, a pesar de ser la más preparada de las últimas décadas, vivirá en unas condiciones sociolaborales más precarias que las de sus padres.
El periodismo se ve afectado de lleno por esta realidad. Los becarios cobran (cuando lo hacen) entre ciento y pico y 400 euros por cinco horas diarias, aunque no es raro que esa remuneración la reciban por hacer las veces de un trabajador normal, con una jornada laboral más extensa. En cuanto al contrato de prácticas, una figura muy golosa para el empresario, el sueldo, legalmente, puede ser el 60%, el primer año, y el 75%, el segundo, del que recibe otro trabajador con el miso cargo.
Esta circunstancia hace de los jóvenes becarios y trabajadores en prácticas un instrumento para que los empresarios empleen mano de obra barata, y convierte el carácter formativo en un mero pretexto. Por otro lado, es una falsedad que las personas que realizan las “prácticas” tienen altas probabilidades de obtener un puesto en el medio; los datos sostienen que apenas un 9% lo consigue.
Así las cosas, la realidad dibuja un panorama en el que los empresarios no sólo explotan a los jóvenes mientras trabajan para ellos, sino que además los adoctrinan durante la carrera a través de su influencia en la elaboración de los planes de estudios, de forma que la universidad, especialmente tras aplicar Bolonia, queda relegada a una mera correa de transmisión del mercado. Revertir la situación es trabajo de todos. Félix Povedano Mínguez.

Poner puertas al campo

La pasada semana, The New York Times implantó un sistema de pago para su edición digital, por lo que el acceso deja de ser totalmente libre y gratuito. El diario se suma así al cobro por los contenidos en la Red, una práctica cada vez más extendida en el sector y en la que destacaban ya periódicos como Wall Street Journal y Financial Times. Quienes ahora deseen leer todas las publicaciones digitales del diario neoyorkino deberán pagar 25 euros al mes. Este hecho contribuye a consolidar una tendencia que limita el acceso a la información periodística, a la vez que da la razón a aquellos que advertían sobre la posibilidad de encontrar un Internet menos libre en el futuro. Quienes defienden esta privatización lo hacen con la premisa de que la prensa escrita va a desaparecer de manera inminente, lo cual es falso (es cómoda de portar y no depende de variables tecnológicas para ser leída). Por tanto, en tanto que exista el papel, carece de sentido cobrar a los lectores por ambos formatos. Pero si desapareciera y entonces se exigiera pagar por el formato digital –pese a que los medios reciben ingresos de publicidad y subvenciones-, la universalización del sistema de pago no habría consistido en una mera sustitución de formatos, sino que habría supuesto un retroceso en acceso informativo, pues la cuota mensual que se abona sólo permite visitar los medios de un mismo grupo empresarial, no el amplio abanico que puede encontrarse ahora gratis en la Red, o en un kiosko, por poco más de 1 euro cada ejemplar, y sin necesidad de contratos vitalicios que obliguen a amortizar el dinero leyendo un único periódico. El sector público deberá intervenir para garantizar la pluralidad informativa y su acceso efectivo. Félix Povedano Mínguez.

El periodismo como catástrofe

La labor periodística adquiere especial importancia en momentos extraordinarios. El ejemplo paradigmático son las catástrofes humanas o naturales. En momentos así, los periodistas deben tomar conciencia de su profesión y actuar con diligencia, no sólo por una cuestión de ética profesional, sino también, y sobre todo, por las graves consecuencias que pueden derivarse de un ejercicio periodístico tendencioso e irresponsable. En este sentido, se debe hablar de Japón, cuyos canales públicos de televisión, sosegados y rigurosos en su cobertura del desastre nuclear, se están comparando con el histrionismo morboso y comercial de los medios occidentales.
Hay más ejemplos. Con el huracán Katrina, en Nueva Orleans, se dieron “informaciones” sobre saqueos, violencia en las calles e historias rocambolescas que criminalizaban a las víctimas y daban coartada a la gestión represora de un Gobierno poco interesado en la ayuda humanitaria.
Existe, además, una tendencia a aprovechar los desastres para reforzar los postulados ideológicos del medio, como ocurrió con el terremoto de Perú de 2007, cuando los medios acusaron a Chávez de enviar latas de alimento con propaganda política, según “revelaba” una foto sin firma de una noticia sin firma en un periódico regional. La realidad es que nadie llegó a ver aquellos envases.
Otras veces, al interés político se le añade la necesidad de construir una realidad simple que pueda venderse fácilmente. Es lo que sucede hoy en Libia, con denuncias falsas sobre fosas comunes y bombardeos del régimen a la población civil en determinadas ciudades. El periodismo debe explicar y denunciar la realidad; no deformarla para servir a intereses espurios. Félix Povedano Mínguez.

¿Nucleares? No, gracias

Las explosiones en la central nuclear de Fukushima ocasionadas por el terremoto y el tsunami acaecidos este mes en Japón han abierto de nuevo el debate sobre la energía nuclear. No es para menos: el desastre ha provocado la expulsión a la atmósfera de partículas radiactivas, por lo que las autoridades han tenido que demarcar una zona de seguridad de 30 kilómetros. Además, en las proximidades de la central se han registrado valores entre 8 y 10 veces más altos que los máximos soportados por los humanos, y en Tokio, medidas de radiación superiores a las normales. Por otro lado, en la escala que mide el grado de peligrosidad, la central se encuentra en el 6 –cuando el 7 es para accidentes muy graves, como el de Chernóbil-.
A pesar de que el Gobierno asegura que las radiaciones no presentan peligro más allá de la zona de exclusión, hay una veintena de afectados severamente, lo que, junto a las demás consecuencias citadas, es ya motivo de alarma. Por ello, más allá de acciones oportunistas de última hora –como la decisión de la canciller Merkel de suspender el plan que alargaba la vida a las centrales- el asunto de lo nuclear requiere un debate urgente. No sólo por la gran peligrosidad de ese tipo de energía, sino también por la necesidad de impulsar las renovables y establecer un modelo eficiente a la vez que respetuoso con el medio. Ese debate no puede ser ajeno a la sociedad española, máxime cuando España exporta ya electricidad nuclear a Francia. Con tal exceso de potencia instalada, hoy se podría prescindir de las nucleares en este país. Una desaparición progresiva para poder desarrollar a la vez las renovables parece una alternativa sensata. Félix Povedano Mínguez.

Defender el periodismo

Si hay algo que caracteriza al periodismo, es la ausencia de una regulación que proteja a los trabajadores de la profesión y controle las malas prácticas. En 2000, el Foro de Organizaciones de Periodistas redactó y aprobó el Estatuto del periodista profesional, documento que, una vez estuviera debatido y aprobado por la sociedad civil y la representación política, se establecería como un instrumento legal para regular el sector.
Este Estatuto, que fue impulsado por los sindicatos (periodísticos y de clase) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) –ahora contraria al borrador-, respondía a una promesa de Rodríguez Zapatero que abogaba por establecer unas leyes de juego para la profesión. Sin embargo, la cobardía política del Gobierno, los intereses de los dueños de los medios y la nueva posición de la FAPE impidieron el desarrollo del proyecto. Pese a las acusaciones que se vierten sobre la iniciativa, con advertencias sobre una supuesta tutela estatal de la información, el verdadero objetivo del Estatuto del periodista era crear un código ético, sancionar a los trabajadores y empresas que lo violaran, fomentar la participación de los redactores en la orientación editorial, crear comités de redacción que mediasen entre empresa y empleados y constituir un Consejo estatal de la información para preservar todos estos derechos, entre otras tantas medidas encaminadas a otorgar mayor independencia al trabajador y, por ende, a profesionalizarlo. Por desgracia, ello no tiene cabida en la lógica de los empresarios, anclados en una “autorregulación” que sólo sirve para que los periodistas continúen sin ser considerados como trabajadores sujetos a normas y derechos. Félix Povedano Mínguez.

No hay democracia sin información

El carácter democrático de una comunidad depende de manera fundamental del nivel de conocimiento e información que tengan sus miembros. Sin embargo, esto es algo que no entienden –o entienden pero obvian- los políticos españoles, quienes parecen poco dispuestos a acometer una ley que garantice el acceso a la información pública para los ciudadanos y, en especial, para un sector profesional concreto: el de los periodistas.
Es cierto que el PSOE planteó en 2004 promover una ley de este tipo. Cuatro años después volvió a hacerlo, pero la realidad es que aún no ha llegado esa ley que verdaderamente permita el acceso a los archivos y registros de instituciones públicas. Ni siquiera hay un debate abierto sobre el asunto.
En cualquier caso, cuando el Gobierno de turno decida cumplir con esta necesidad social, sería bastante acertado que los llamados a legislar y a asesorar se fijaran en la Ley de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que desde 1966 existe en Estados Unidos. Esta norma permite desclasificar documentos, lo cual no sólo supone una fuente de información pública, sino también un elemento de control social, al ejercer de inhibidor de malas prácticas. Un país como España, con tantos asuntos sin aclarar, agradecería sobremanera una ley parecida. Así, podría conocerse más sobre los entresijos de la Transición, el verdadero papel del monarca en el 23-F, el asesinato del cámara José Couso por el ejército estadounidense, algunos temas de Wikileaks o la actual servidumbre que rinden los Gobiernos españoles a los de EE UU, cuya sociedad, aunque más antidemocrática que la de aquí, aventaja al Estado español en esta materia. Félix Povedano Mínguez.

Sí a la democracia

La izquierda abertzale ilegalizada ha constituido un nuevo partido político, Sortu. En sus estatutos, la organización rechaza la violencia, incluida la de ETA; niega su instrumentalización por organizaciones violentas o partidos ilegales; propone la desaparición de todo tipo de violencia, especialmente la de la banda armada, y solicita la reparación para todas las víctimas del conflicto vasco. De esta manera, Sortu cumple con la antidemocrática Ley de Partidos, en virtud de la cual se ilegaliza a toda organización que no condene ni rechace explícitamente a ETA. Es decir, que la izquierda abertzale no legal acepta los requisitos por los que anteriormente se la ilegalizó. Para entender mejor lo que supone la propuesta de Sortu, resulta especialmente significativa la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó, en 2007, a la candidatura de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por no rechazar expresamente en sus estatutos la actividad de ETA. En esa ocasión se consideró a ASB continuadora de la ilegal Batasuna y, para su prohibición, se alegó que el partido no presentaba ningún indicio de ruptura. Sortu sí lo hace. Ante esta situación, el Estado no tiene más remedio que legalizar al partido.
No obstante, los nacionalistas españoles ya han comenzado a inventar nuevas condiciones para la legalización. Ahora se exige condenar también los atentados perpetrados hasta hoy, una condena retroactiva que no se pidió en la llamada Transición a los hombres de la dictadura, los cuales sí tenían las manos manchadas de sangre y su delito no se limitaba a una sucia connivencia moral con crímenes ajenos. Félix Povedano Mínguez.